Especial para Desinformémonos
Fotos: Juan Trujillo
Santiago, Chile. Las jornadas de protesta contra la política del gobierno continuaron con vigor durante el lunes, martes, miércoles y jueves pasados. La represión oficial se aplica ya en una nueva fase directa y encubierta para intentar detener la protesta en los puntos de reunión de miles de manifestantes de ciudades como, Antofagasta, Chillán, Curicó, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Temuco, Punta Arenas, Iquique y Concepción.
Hasta el pasado miércoles, es ya de 23 muertos según la Fiscalía de Chile y el Instituto de Derechos Humanos (INDH) confirmó además que hay 5012 personas detenidas y 1778 heridas en hospitales. Las cifras aumentan como pasan las horas pues la estrategia de represión oficial se articula en un amplio abanico de flancos.
Y mientras se difundía que Piñera conversaba con la BBC en El Palacio de La Moneda donde se negó a renunciar, el martes la policía ingresó a la escuela de niñas Teresa Prats 7 a solicitud de la directora, para impedir el paro de actividades acordado en asamblea por las jóvenes. A dos les dispararon balines en sus piernas, detuvieron a cinco y tres fueron desnudadas en la comisaría.
El jueves en cadena nacional Piñera anunció su estrategia de seguridad, donde destacó: proyectos de ley contra saqueos, encapuchados y barricadas; iniciativa para mejorar la inteligencia de la policía y la vigilancia; coordinación de testigos con abogados para denunciar a “vándalos”, así como la ley de protección a la policía carabinera.
En una intervención cibernética al servidor del departamento de inteligencia de la policía, el portal Interferencia denunció que hay seguimiento a dirigentes, activistas y luchadores sociales. Una de estas organizaciones es la mapuche Red de Apoyo de Resistencia del Pilmaiken la cual se han negado a la instalación de una hidroeléctrica en un río, por parte de la firma noruega Statkraft. Lo mismo la Agrupación Nacional de Empleados Públicos y los casos de los ambientalistas Rodrigo Mundaca, Claudia Arcos y Joel González, de éstos últimos, encontraron sus nombres en dichos documentos indicios de persecución. Asimismo, aparecieron testimonios videograbados sobre un posible centro de torturas de la policía en Antofagasta.
La gente que se levanta a nivel nacional dibuja ya un proceso insurrecional de rebelión no sólo a las reformas sociales consideradas como insuficientes, al mando autoritario del poder Ejecutivo y también a la constante represión de las fuerzas castrenses del Estado. Y es que incluso la encuestadora privada Cadem publicó (no.303;4/11/19) que el 57% de jóvenes menores de 35 años reconoció haber participado en protestas. De esa misma muestra, el 66% calificó como malos los anuncios sociales mientras que el 64% consideró el cambio de gabinete como negativo. Sobre una nueva Constitución, el 87% está de acuerdo y el 46% acepta que sea modificada por una Asamblea Constituyente. En cuanto a continuar con las protestas un 72% lo consideró positivo y el 69% señaló abusiva la actuación de la policía carabinera. Y cómo valoración durante el “estado de emergencia” el 67% consideró que se violaron sistemáticamente los derechos humanos. El enojo con los políticos representa ya el 59%, y previsiblemente crecerá.
Por su parte, en una reunión del director de la policía carabinera Mario Rozas con miembros del Congreso Nacional, afirmó que a nivel nacional hay al menos “3.3 millones de personas movilizadas. Hemos detenido a más de 10 mil”. El miércoles pasado, se registraron marchas y protestas en Santiago: Las Condes, Metro Tobalaba, Metro San Joaquín, así como en el Parque de las Esculturas, en la comuna de La Florida, Ñuñoa y Plaza Italia.
Los próximos días, prometen quizá mayor intensidad en las movilizaciones pues la sociedad se siente agraviada una vez más por la política de represión que se quiere institucionalizar como proyectos de ley. Es previsible que la indignación siga alimentando el espíritu de esta rebelión que le pertenece a todas las clases sociales y sectores de la sociedad.
*Periodista independiente
