Foto: Son Del Maíz Maíz
Ciudad de México | Desinformémonos. El asesinato del defensor de la tierra y los derechos indígenas, Manuel Gaspar Rodríguez, el pasado 14 de mayo en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, confirma “la soberbia, intransigencia e impunidad con la cual actúa el Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, al implementar, en todo el territorio nacional, una estrategia de despojo y muerte en contra de las comunidades y pueblos campesinos que se niegan a entregar las tierras y la vida para el falso progreso y desarrollo que el modelo extractivo impone en toda Latinoamérica”, acusó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Los integrantes de la Red aseguraron que el asesinato de Manuel Gaspar sucedió en un clima “de hostigamiento y criminalización previa” en contra de los integrantes y representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA-MN) y de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC).
“Se trata también de una agresión permanente en contra de todas las y los mexicanos que hemos tomado la determinación de defender la vida en contra de un modelo económico y ambiental depredador y ecocida que solo favorece a quienes desde las cúpulas de poder lo promueven aún por encima de la vida”, agregó la REMA.
Varias organizaciones y colectivos integradas en el Consejo Tiyat Tlali exigieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar y sancionar a los responsables, así como cesar el hostigamiento en contra de los defensores de la tierra y los pueblos indígenas.
Manuel Gaspar Rodríguez dedicó su trabajo como activista a denunciar las amenazas al acceso al agua para las comunidades en Puebla, así como los problemas para la salud y el medio ambiente que conllevan los proyectos extractivos en la sierra norte.
