Ciudad de México | Desinformémonos. El asesinato de seis migrantes a manos de militares en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas, es “consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”, denunció el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, luego de que seis personas fueron acribilladas por soldados y otras 12 resultaran heridas el pasado 1 de octubre.

El colectivo, que agrupa a distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, aseguró que la muerte de las seis personas que viajaban en un grupo de 33 migrantes ocultos y hacinados en camiones de ganado “no es un hecho accidental ni aislado, sino consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”.

Destacó que la matanza, reconocida incluso por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado, es muestra de la “omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”.

“[El Estado] ha sido omiso ante la situación de violencia en la región, así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”, recordó el colectivo, que denunció la situación de violencia que atraviesa Chiapas por el avance del crimen organizado.

Tras la masacre, 17 migrantes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración por parte de la SEDENA, por lo que las organizaciones del colectivo exigieron que se garanticen sus derechos “en su calidad de víctimas de delito grave y violaciones a derechos humanos, la cual debe prevalecer por encima de su situación migratoria”.

Además, demandó al Estado mexicano que realice una investigación sobre las causas y responsabilidades del asesinato de los seis migrantes, así como atención médica integral para los heridos, apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y sus familias, la implementación de políticas migratorias protectoras de derechos humanos y el cese a las acciones de “omisión, discrecionalidad, uso excesivo de la fuerza y corrupción”.

A continuación el comunicado completo: