Una segunda opinión médica de un especialista extranjero del más alto nivel. Esa ha sido su reiterada demanda. Cada vez que se reúnen con las autoridades mexicanas (con la Secretaría de Gobernación y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), los familiares de Aldo Gutiérrez Solano, normalista en estado de coma, insisten en este punto.

Los funcionarios les dan largas. Les piden tiempo para concretar su petición. Así los han traído durante 1 año. Se les olvida que una bala oficial provocó la muerte cerebral del muchacho.

Aldo Solano no está desaparecido pero yace tirado, inmóvil, en una cama de hospital público de la Ciudad de México. Atrás quedaron los años en que ayudaba a su papá en las labores de campo; su característica alegría y vitalidad.

El diagnóstico médico del joven es desalentador. Estable pero en estado vegetativo, sin certeza de que algún día pueda recobrar la conciencia. En caso de que lo haga −circunstancia que los médicos han delegado al tiempo−, las secuelas no lo dejarán: las crisis diencefálicas seguirán y, con ellas, las altas fiebres que le invaden el cuerpo.

Inconformes con esta valoración, los familiares del futuro profesor rural han pedido al Estado Mexicano la intervención de un neurólogo extranjero, ya sea de Cuba o de Estados Unidos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha hecho eco de su petición; el gobierno del país les ha respondido que está en proceso de cumplir.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en el contexto de la embestida policial contra estudiantes de Ayotzinapa, Aldo, quien entonces tenía 19 años de edad, fue alcanzado en la cabeza por una bala. De inmediato cayó inconsciente sobre el periférico norte de Iguala, Guerrero. Ahí, sobre el pavimento, estuvo tumbado por varios minutos hasta que la balacera cesó y una ambulancia logró arribar al lugar.

A 1 año de los hechos su familia se encuentra dolorida, desesperada. Sus 13 hermanos, su mamá y su papá se turnan para cuidarlo. Cada semana dos de ellos se trasladan de Ayutla de Los libres, de donde son originarios, a la capital del país. Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación corren por su cuenta. Algunas veces el gobierno los apoya con boletos de viaje y comida.

Además de una segunda opinión médica −demanda prioritaria para esta familia de campesinos−, Ulises, hermano de Aldo, pide a las autoridades mexicanas, justicia, verdad y castigo para los autores intelectuales y materiales del crimen de Iguala.

“La respuesta que nos da el gobierno nos preocupa porque cuando tenemos alguna necesidad prioritaria nos la va resolviendo de aquí a un mes, dos meses o más. No es justo. Pedimos que las necesidades de atención a Aldo se cumplan a la brevedad”, dice Ulises.

El principal sostén para la familia del joven en estado de coma ha sido la solidaridad de amistades, conocidos y vecinos. Es posible contribuir con ellos a través de un donativo a la cuenta bancaria 5204164942408094, de Banamex, a nombre de Azucena Gutiérrez Solano.

Más de 180 víctimas en la embestida de Iguala: 43+6+40+110

Por la gravedad de la desaparición forzada masiva, los reflectores se postraron en los 43 muchachos que fueron retenidos por funcionarios públicos y, de los cuales, hasta la fecha no se sabe, al menos no con certeza.

El número de víctimas directas de los hechos de Iguala es, sin embargo, mucho mayor. Se trata, de acuerdo con la documentación del GIEI, de por lo menos 180 personas: 6 ejecutadas extrajudicialmente, 40 heridas (algunas de suma gravedad), y 110 objeto de diferentes formas de persecución y atentados contra la vida.

El grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también considera en este conteo a los familiares de las víctimas directas, que suman como mínimo 700.

Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes son los tres estudiantes de Ayotzinapa caídos en Iguala. Los primeros dos fueron asesinados a quemarropa, es decir, les dispararon a menos de 15 centímetros de distancia.

Julio César Mondragón, en tanto, presenta lesiones en provocadas en dos distintos tiempos. Las primeras son fruto de policontusiones; las segundas, las que le ocasionaron la muerte, de múltiples fracturas en la cabeza. Además de la tortura que sufrió en vida, a este joven normalista le fue arrancado el rostro.

Una de las 40 personas heridas por policías se encuentra en estado de coma. Es Aldo Solano, el joven que en sus ratos libres practicaba el futbol.

Edgar Andrés Vargas, estudiante de tercer año de Ayotzinapa, también resultó herido. Una proyectil que salió de las filas de los uniformados le perforó la mandíbula. A la fecha, el joven sigue sometiéndose a intervenciones quirúrgicas.

Carlos Martínez, integrante del Comité Estudiantil de la normal de Ayotzinapa, comenta que aunque el movimiento de los 43 ha sido mucho más abordado por la prensa nacional e internacional, las consignas de los alumnos de esta normal rural son tres: “presentación con vida, apoyo para los heridos y justicia para los caídos”.

En ninguno de estos casos hay justicia, asevera el joven. Ni por la desaparición de los 43, ni por el intento de homicidio contra Aldo y Edgar. Tampoco por los más de 25 estudiantes que resultaron heridos en los hechos de Iguala. “A uno le dieron un balazo en la pierna y a otro en el brazo; a uno más le tuvieron que amputar dos dedos de las manos como consecuencia de las lesiones que presentaba”, detalla.

A 1 año del crimen de Iguala, el Estado mexicano ni siquiera ha indemnizado a las familias de los jóvenes asesinados. “Para ellos es más fácil seguir culpando al crimen organizado que aceptar su responsabilidad en los hechos”, acusa el dirigente estudiantil.