La industria armamentística israelí ocupa el décimo puesto en el comercio internacional. España ha comprado miles de misiles fabricados originalmente por Rafael, una de las tres grandes compañías de Israel.
El mismo día que Pedro Sánchez provocaba un incendio diplomático con Israel, trascendía que el Ministerio de Defensa ultima el contrato de 1.680 misiles Spike LR2 por casi 290 millones de euros a la empresa Pap Tecnos. Esta compañía es filial de la israelí Rafael Advanced Defense Systems, la fabricante original de los misiles Spike. Los misiles LR2, adquiridos bajo la rúbrica del programa de modernización armamentística, se suman a otros 3.200 Spike de otros modelos adquiridos desde 2006.
Estos misiles, utilizados por las unidades de élite en la campaña de exterminio iniciada por las Fuerzas de Defensa de Israel desde el pasado 7 de octubre, son puestos en el escaparate para los principales ejércitos del mundo con el reclamo de que han sido “testados en combate”. Y es que las armas israelíes tienen un reclamo que las diferencian de su competencia y es ese sello el que les aporta valor añadido en un mercado internacional multimillonario que se presenta a sí mismo con el negocio de la “seguridad”. En pocas palabras, las ferias internacionales de armas como Feindef, la que se celebra en Madrid, se rifan a las empresas israelíes. Tres compañías se encuentran entre las cien más importantes del mundo: Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) y la propia Rafael Advanced Defense Systems.
Como Pap Tecnos, otras dos empresas “españolas”, Aeronautics Enterprise España y Magal España, forman parte del holding Rafael y proveen a las Fuerzas Armadas españolas. Otra compañía suministradora, Guardian Spain Homeland Security, pertenece también a una matriz israelí. La presencia del complejo militar industrial israelí es significativa también en el campo de la vigilancia. En mayo de 2022, Hordago-El Salto, dio a conocer los vínculos contractuales entre el Gobierno vasco, dirigido por el PNV, con la compañía de cibervigilancia Excem, fundada por la familia Hatchwell, una de las más relevantes del mapa del movimiento prosionista en España.
Alejandro Pozo es investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria del Centre Delàs. Pozo es autor de tres informes sobre el peso de Israel en la industria armamentística y en el control de fronteras. El último de ellos, Negocios probados en combate (julio de 2022) detalla las sinergias “normalizadas e incentivadas” entre el sector de la Defensa israelí y los países de la Unión Europea, entre los que España no es una excepción. Material armamentístico y de doble uso “probado en combate” en Gaza o como parte de la estrategia de control colonial en Cisjordania. Entre esas sinergias está la creación de filiales para aprovechar que los contratos de Defensa buscan priorizar la fabricación made in Spain.
Para Pozo, conviene hablar de comercio de armas y no de exportaciones cuando se analiza el papel que las compañías españolas tienen en el suministro de material militar y de doble uso a Israel. Es especialmente importante en este caso ya que los registros del SIPRI, la principal base de datos sobre transferencias de armas del mundo no registran exportaciones de armas a Israel en los últimos años. Sin embargo, refiere Pozo, la industria armamentística se ha sofisticado y funciona globalmente, de manera que empresas como Indra fabrican componentes que se ensamblan en otros países —Estados Unidos, Holanda, etc— para un producto final que sí termina en manos de las FDI. Al contrario de lo que ha sucedido en Yemen, no es previsible que aparezcan bombas made in Spain en las ruinas de Gaza pero, como explica este investigador, eso no significa que España no haya participado en la fabricación de ese material.
“Para que Israel alcanzara este estatus, tuvo que situar la producción de armas en el centro mismo de su sociedad, industria e identidad“, señaló Bresheeth-Zabner
Preguntado por la posibilidad de que se lleve a cabo una prohibición del material de Defensa, Pozo refiere la complejidad que el propio sistema se ha ocupado de tejer. No es sencillo discernir qué parte de la tecnología exportada a terceros países puede terminar en los hangares del ejército israelí. Aun así, el mensaje de corte unilateral tiene un efecto político real que no cabe desdeñar.
Noruega, que en su legislación impide la exportación de armas a Israel —y que vetó en abril la importación de productos manufacturados en los territorios ocupados— es un modelo para cualquier Estado que quiera imponer medidas unilaterales contra las vulneraciones al derecho internacional por parte de Israel. No obstante, el pasado 9 de noviembre, el ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, reconoció la dificultad para controlar la exportación de componentes noruegos que, ensambladas en otros países, pueden acabar en armas utilizadas en el conflicto. Aun con eso, el Gobierno ha tomado otras medidas como la exclusión de determinadas compañías de defensa israelíes de su Fondo de Pensiones, el mayor fondo soberano del mundo.
“Todo tiene consecuencias”, explica Pozo. Pese a que un eventual corte de relaciones, por lo menos en el sector militar, no sería quizá tan visible como el amago de boicot a las exportaciones de armas en Arabia Saudí, que supuso el ridículo del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, la reacción de Israel y sus compañías no puede tomarse en vano. Para justificar la fabricación de arsenales siempre se utiliza la creación de empleos. La compra de los Spike anunciada el 24 de noviembre, estaba adornada con la promesa de 1.100 puestos de trabajo. La doble localización de las empresas y la triangulación en el comercio de armas y componentes dificulta trazar el peso real —que sería, en cualquier caso, elevado— de una política de boicot. “La cuestión es dónde se ponen las líneas rojas”, concluye Pozo: “Lo que no puede ser es que pase lo que está pasando en Gaza y que no tenga absolutamente ningún impacto a nivel empresarial”.
Cazas comprados, drones vendidos
En la actualidad, Estados Unidos provee cazas F15, F16 y F35 al ejército israelí, además de helicópteros Apache. La mayor parte de las bombas que han destruido la Franja de Gaza y con miles de vidas, han sido lanzadas desde esos ingenios de la industria armamentística de EE UU. Junto a esos aviones, la “dependencia” de Israel se complementa con buques de guerra construidos en Alemania. Entre 2020 y 2021, las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron seis corbetas Sa’ar 6, destinadas a crear un “muro naval” frente a la planicie costera mediterránea.
Salvo cazas y corbetas, el nivel de su industria ha convertido a Israel en una nación pujante, concretamente la décima en el comercio mundial —inmediatamente después de España— según el principal observatorio internacional, el SIPRI. Es, al mismo tiempo, el segundo país del mundo en gasto militar per cápita en el año 2022 —solo por detrás de Qatar—, con un gasto de 2.623 euros (el de España fue de 434 euros ese año).
“Es casi inimaginable que uno de los Estados más pequeños del mundo, sin ninguna riqueza mineral evidente, pueda convertirse en un importante exportador de armamento en unas pocas décadas”, escribía en Haim Bresheeth-Zabner, en su ensayo An Army Like No Other: How the Israel Defense Forces Made a Nation (Un ejército como ningún otro: cómo las Fuerzas de Defensa de Israel formaron una nación, 2020).
El propio Bresheeth-Zabner señala la motivación ideológica de la apuesta por ese sector: “Para que Israel alcanzara este estatus, tuvo que situar la producción de armas en el centro mismo de su sociedad, industria e identidad. Los inicios del complejo militar-industrial israelí son el resultado de la violencia innata en la naturaleza colonial del proyecto sionista. Para que una pequeña minoría se apodere del país y expulse a la mayoría, el uso de la violencia y la fuerza de las armas no es negociable”.
Con el fin de sostener esa demanda interna, fruto del sentimiento de ser una nación rodeada de otros países enemigos, se ha producido la expansión de una industria militar pionera en sistemas de vigilancia y en la fabricación de vehículos no tripulados. “Según el punto de vista, es posible interpretarlo de dos formas”, señala Pozo. En primer lugar, ese desarrollo insólito para un país de ese tamaño de ese sector puede surgir de la necesidad de abaratar la ocupación de los territorios palestinos: “La ocupación es muy cara y, si Israel produce más de lo que necesita y exporta el excedente, lo que hace la producción masiva es abaratar el coste por unidad”, apunta este experto de Delàs. Pozo detalla que el armamento, además de como producto, tiene otra vertiente en el plano del comercio internacional gracias a su uso en el orden geoestratégico: suministrar armas puede “engrasar” relaciones con determinados países o líderes.
“Las exportaciones de armas israelíes se han duplicado en menos de una década y han aumentado en un 50% en tres años”, se felicitaba Yoav Galant, ministro de Defensa israelí
En segundo lugar, argumenta este experto, “para el Gobierno israelí, estar siempre en guerra es algo que cabe aprovechar. Es decir, hay mucha gente que tiene mucho poder en el país –estoy hablando tanto de los políticos, de los militares y de los empresarios, que muchas veces pueden ser incluso las mismas personas— que pueden tener un poder que a lo mejor en otras circunstancias no tendrían”.
A mediados de 2017, se estimaba que Israel representaba más del 60% de las exportaciones internacionales de vehículos aéreos no tripulados, según la estimación de la base de datos Armed Drones in the Middle East. Aunque sus tres modelos más vendidos, Heron TP, Hermes 450 y Hermes 900 pueden cargar misiles, el hecho es que en la campaña de exterminio lanzada sobre la Franja de Gaza para ese fin se han utilizado principalmente los cazas y helicópteros comprados a Estados Unidos.
En los ataques lanzados desde el pasado 7 de octubre, las FDI han empleado un nuevo tipo de bomba, llamada Iron Sting, munición de mortero de precisión fabricada por Elbit, que el Ministerio de Defensa israelí valora por su precisión “quirúrgica”. El genocidio de los últimos dos meses sobre Gaza ha servido como escaparate para esta bomba, de igual manera que la Operación Plomo Fundido de 2008 y 2009 —en la que fueron asesinados más de 1.300 palestinos— sirvió para “promocionar” el dron Heron, que ha sido suministrado a 20 países, entre los que se encuentra India, cuyas fuerzas aéreas tienen 180 de estos aviones no tripulados, Turquía, y un país no especificado de Asia.
Heron es promocionada por su fabricante, IAI, como un arma “probada en combate” y la “plataforma primaria de las FDI en operaciones antiterroristas”. Los modelos Hermes 450 y 900 fueron desplegados en la campaña contra Gaza de 2014, en la que hubo 2.400 víctimas palestinas. Desde entonces, Elbit ha recibido 120 órdenes de importación de estos drones, desde países como Azerbaiyán, que los ha usado en sus asesinatos en Nagorno Karabaj, y de miembros de la Unión Europea. IAI también ha suministrado drones a Marruecos, que los emplea para el control de la población saharaui. Elbit es una de las diez empresas del mundo más pujantes en la tecnología de las fronteras y es la responsable de la construcción de muros en distintos puntos del planeta.
Un espía global
El poder de Israel en el comercio de armas ha crecido geométricamente en los últimos años. En 2022, las exportaciones de armas alcanzaron un récord de 12.500 millones de dólares, espoleadas por los Acuerdos de Abraham, el entendimiento auspiciado por la administración estadounidense entre el país que hoy preside Isaac Herzog y los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos. Desde la firma de esos acuerdos, los países del entorno compraron más de 3.000 millones de dólares en armamento y sistemas producidos por su vecino. “Las exportaciones de defensa israelíes se han duplicado en menos de una década y han aumentado en un 50% en tres años”, se felicitaba el pasado verano Yoav Galant, ministro de Defensa israelí. Las tres grandes compañías israelíes han crecido en consonancia con ese aumento de su volumen de negocio. En el último año, Elbit ha crecido un 21,5% en su capitalización bursátil, el 13 de noviembre, IAI anunciaba un contrato de 1.200 millones de euros con el Ministerio de Defensa israelí.
“El problema está en la política de exportación del Ministerio de Defensa de Israel, que no tiene los derechos humanos en consideración”, ha denunciado el abogado Eitay Mack
La más conocida, sin embargo, no es una de esas tres. El Grupo NSO, fundado en 2010, saltó a la opinión pública gracias a una investigación del consorcio Forbidden Stories. NSO es la creadora de los software Pegasus y Candiru, las más conocidas armas de cibervigilancia descubiertas hasta hoy. Sin la autorización del Gobierno israelí, NSO no habría podido vender Pegasus a otros Gobiernos como los de Arabia Saudí, Azerbaiyán, India, Ruanda o Marruecos. Tampoco al Centro Nacional de Inteligencia, que lo empleó, según reconoció su exdirectora Paz Esteban, para espiar a 18 políticos catalanes independentistas.
Según los investigadores Laurent Richard y Sandrine Rigaud, autores de Pegasus: How a Spy in Your Pocket Threatens the End of Privacy, Dignity, and Democracy (Pegasus: cómo un espía en tu bolsillo amenaza con acabar con la privacidad, la dignidad y la democracia, 2023), el Estado cliente más activo ha sido México. Los Gobiernos de Enrique Peña Nieto seleccionaron a más de 15.000 números distintos para posibles objetivos, entre ellos académicos, defensores de derechos humanos, disidentes políticos, funcionarios gubernamentales, diplomáticos, empresarios y altos cargos. oficiales militares, además de 120 periodistas.
Junto a Pegasus, otro sistema basado en la tecnología, en este caso para la “guerra psicológica”, puesto en marcha por el llamado Team Jorge, muestra la capacidad y los medios de las empresas israelíes, autorizadas por el Gobierno, para la desestabilización política. Team Jorge saboteó páginas oficiales de la Generalitat de Catalunya durante la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya —aun no se sabe quién la contrató— y ha ayudado a esconderse a un presunto responsable de la matanza de Ayotzinapa en la que murieron 43 estudiantes mexicanos.
“Israel recibe aproximadamente una quinta parte de la inversión privada mundial en ciberseguridad”, dijo Netanyahu en 2017, en una cita recogida por Richard y Rigaud. “Y dado que somos una décima parte del uno por ciento de la población mundial, significa que estamos golpeando unas doscientas veces por encima de nuestro peso”.
El Estado ha puesto de su parte en ese empeño, aprobando exenciones fiscales para los empresarios de la ciberseguridad y generando un campus para ese sector en la región de Beersheba, donde se encuentran el equipo israelí de respuesta a emergencias cibernéticas (CERT) o las tecnologías de la información de las FDI. Forman parte de lo que Eli Weizman —como Bresheeth-Zabner, Antony Loewenstein o Eitay Mack, de origen judío y en su caso y el de Mack, residentes en Israel— ha definido como “un mundo en la sombra de institutos militares de investigación urbana y centros estratégicos” especializados en la “guerra sucia o de baja intensidad”.
“El problema está en la política de exportación del ministerio de Defensa de Israel, que no tiene los derechos humanos en consideración”, criticaba el abogado israelí y experto en exportación de armas en Israel Eitay Mack en una entrevista con El Salto en 2022, “muchos países compran estos sistemas a Israel y no a otros estados porque saben que no criticará las violaciones de derechos humanos”.
Los pocos límites marcados corresponden a los vetos impuestos por Estados Unidos. El eje del mal, tal y como lo delimitó en su día el presidente George W. Bush —Corea del Norte, Irán— y el principal competidor por la hegemonía internacional, China. “La política del Gobierno israelí es la de no interferir en los asuntos internos de otros países, con la idea de que esa misma política se aplique a la inversa, es decir, que nadie interfiera en los territorios palestinos ocupados y en la causa palestina”, resumía Mack. A lo largo de la historia, no obstante, las interferencias han sido recurrentes.
Expertos en genocidios
El prestigioso periodista Andrés Oppenheimer calificó de “obsesión” los mensajes del presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto a la campaña militar que Israel comenzó el 7 de octubre contra Gaza. “En una entrevista, pregunté (…) por qué (…) Petro está tan obsesionado con Israel”, escribe Oppenheimer, que después desarrolla varias teorías, unas psicologicistas, otras políticas. En ninguna de ellas, el periodista valora la posibilidad de que Petro escriba sobre Israel no solo como una muestra de solidaridad con las 15.000 víctimas que hasta ahora ha dejado la operación de exterminio sobre Gaza, sino también porque Israel ha estado presente en las últimas décadas en la política interna colombiana, facilitando con sus acciones el estado de guerra permanente en el que ha vivido Colombia, con el que Petro se ha propuesto terminar.
Hasta bien entrada la década de los 2000, oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) formaron a escuadrones de la muerte en Colombia. En uno de los países con más conflictos abiertos del mundo, el paramilitarismo, vinculado al narcotráfico, recibió la formación de unas tropas de élite prestigiosas en la esfera militar, así como armas. “Los infames rifles Galil de fabricación israelí, alguna vez utilizados en el genocidio guatemalteco, terminaron en manos de los narcotraficantes colombianos a finales de los años 1980. Fabricadas por Israel Military Industries, adquirida por Elbit Systems en 2018, las armas formaban parte de una presencia israelí mucho mayor en Colombia”, explica Antony Loewenstein.
Este investigador es autor de The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, publicado en 2023 y que el año que viene será editado en español. Loewenstein ha escrito una historia sobre el impacto de las armas, los sistemas de vigilancia y la industria de la Defensa israelí, que abunda en la poco conocida historia de la injerencia del complejo militar industrial de este país en asuntos internacionales y en otros genocidios.
Esa huella está presente en la historia del golpe de Chile en 1973, de la represión policial en Centroamérica durante los estallidos revolucionarios de los años 80, en la operación Irán-Contra, el genocidio de Ruanda en el año 1994; en la represión sangrienta orquestada por la “dinastía” Duvalier en Haití, y en la limpieza étnica que ha tenido lugar en Myanmar en esta década. Las armas israelíes están por todas partes. Como explicó en 1987 el profesor universitario Benjamin Beit-Hallahmi: “En Israel, las armas viejas nunca mueren. Ni siquiera se desvanecen; simplemente son recicladas en algún rincón remoto del Tercer Mundo”.
El país que dirige Benjamin Netanyahu no ha ratificado el Tratado de comercio de armas (TCA), que prohíbe el comercio cuando hay riesgo de genocidio o crímenes de lesa humanidad, tampoco se encuentra entre los firmantes del Régimen de control de tecnología de misiles y es uno de los tres países —los otros dos son India y Pakistán— que nunca han firmado, y por tanto tampoco ratificado, el Tratado de No Proliferación Nuclear. La relación privilegiada del Gobierno de Tel Aviv con Washington DC implica carta blanca para el desarrollo armamentístico de Israel y, en el pasado, ha servido para que las FDI o agentes de inteligencia intervinieran allí donde el Congreso estadounidense había limitado la intervención oficial de las agencias y el ejército. “La respuesta es sí: Israel está al margen de cualquier escrutinio de control de armamento; porque, haga lo que haga, no le pasa factura”, describe Pozo.
Delante de esa falta de control se coloca una ideología etno-nacionalista, que desprecia como naif el arquitrabe institucional internacional en torno a los derechos humanos y se fundamenta en el papel que el ejército tiene a la hora de vertebrar al conjunto de la sociedad israelí. Una ideología que está en una profunda crisis de legitimidad internacional incluso aunque sus cómplices hayan aceptado el “derecho a defenderse” de Israel como la justificación para los crímenes cometidos desde el 7 de octubre.
Publicado originalmente en El Salto