Arizona, Estados Unidos. Armas, agentes policiales, helicópteros, invasiones a casas, arrestos, detenciones, separaciones de familias, puntos de revisión. Esto no es una escena de la guerra de Irak o Afganistán, esto es la vida diaria en el estado de Arizona, en Estados Unidos. La SB (Senate Bill, que significa proyecto de ley del Senado) 1070 fue aprobada en ambas cámaras de la legislatura de Arizona y fue convertida en ley por la gobernadora republicana Jan Brewer, el pasado 23 de abril.

La nueva legislación, entre otras cosas, permite que la policía pida una prueba de ciudadanía a cualquiera del que se  tenga una “sospecha razonable” de que es indocumentado. Esto criminaliza el sólo hecho de encontrarse en el estado de Arizona sin autorización y convierte en ilegal a un trabajador por día y también a quien lo contrata.

“Esta ley es de temer; no sabemos qué hacer. Tengo miedo inclusive de ir a la tienda porque no sé si regresaré a casa”. Este es el sentimiento de una madre de tres niños que pide permanecer en el anonimato. El miedo a detenciones, deportaciones y separaciones familiares es real. Actualmente muchas familias se están auto deportando ante una ley que llega bajo un amplio contexto de leyes y políticas anti-migrantes.

A lo largo de la frontera México-Estados Unidos cerca de 5 mil hombres, mujeres y niños han muerto debido a las políticas fronterizas norteamericanas. El comisario Joe Arpaio acosa comunidades y viola derechos humanos diariamente en el Condado de Maricopa. Una ley de sanciones a empleadores ha pasado en el 2008, criminalizando a los trabajadores. La HB2008 entró en efecto en noviembre del 2009, requiriendo que el departamento de seguridad pública exija un estado de la ciudadanía cuando las familias solicitan beneficios públicos.