La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció mediante un comunicado, el pasado lunes 25, que el Estado aplica una política de “amedrentamiento y persecución” contra comunidades indígenas qom de la provincia de Formosa que tres años atrás fueron violentamente reprimidos cuando protestaban por tierras en la carretera “Ruta 86”.
Como se recuerda, el 23 de noviembre de 2010, una prolongada y pacífica protesta de indígenas qom en la Ruta 86, en las cercanías del Parque Nacional Pilcomayo, terminó en un violento desalojo en el que fallecieron un originario y un policía.
Los indígenas de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) protestaban varios meses para que se les restituyera más de 2,000 hectáreas de lo que consideran sus “territorios ancestrales” y que fueron dados a un terrateniente ganadero, tras un cambio en la legislación de tierras (Ley 26160).
Luego del enfrentamiento, Felix Díaz, dirigente de la comunidad, fue acusado junto a otros 24 indígenas de La Primavera por “instigación a cometer delitos, atentado a la autoridad y lesiones”, pero luego fue sobreseído en forma total y definitiva por los cargos imputados.
Transcurridos tres años, la APDH expresó su preocupación por la situación que viven miembros de la mencionada comunidad y su líder “quienes se encuentran imputados en tres causas penales y procesados en dos”, indicó el comunicado.
Entre los cargos, se les acusa por los presuntos delitos de usurpación, atentado a la autoridad a mano armada, robo de armas, lesiones graves y leves, además por lo ocurrido en el desalojo de la Ruta 86.
Estrategia de “amedrentamiento y persecución”
La APDH considera que el procesamiento de los indígenas de La Primavera es parte de una “estrategia política de amedrentamiento y persecución” contra dirigentes y referentes indígenas y sostuvo que se trata de una “criminalización de la protesta” y de la reivindicación del legítimo derecho de defensa territorial.
“La justicia penal despliega su peor arma: activa los procedimientos criminales para perseguir y criminalizar a los referentes de la comunidad de la Primavera (…) los usurpados son acusados de usurpadores, las víctimas pasan a ser acusadas y los victimarios y represores son los testigos de cargo” asegura.
La APDH también denuncia una “marcada parcialidad en el accionar de la justicia”, porque se habrían aceptado como “verdad absoluta” los testimonios de los policías que actuaron en el violento desalojo de la carretera, en tanto se habrían invalidado los testimonios y “pruebas objetivas” presentados por los indígenas.
Finalmente, la organización afirmó que la falta de implementación del derecho a la delimitación y titularización integral de los territorios indígenas han generado condiciones para las repetidas agresiones contra la comunidad Qom.
Además, exigió que se lleven a cabo exhaustivas investigaciones imparciales para asegurar que los pueblos originarios accedan de manera legítima, efectiva e igualitaria a la justicia.