El pasado 8 de enero de 2024, el gobierno federal decretó 20 nuevas áreas naturales protegidas (ANP), con lo que la administración actual se convierte en la que más declaratorias de este tipo ha emitido (Segob, 2024). Ahora, México cuenta con un total de 225 ANP, lo que representa el 11.7% de la superficie terrestre y el 22.4% de la superficie marina (Conanp, 2024).

El propósito de las ANP es conservar los ambientes originales que no han sido alterados de manera significativa por la actividad humana, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservados y restaurados (Conanp, 2023). Esto con el fin de garantizar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como para mantener la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.

Si bien México es un país comprometido con la conservación de sus bienes naturales (Conanp, 2018), la declaración de estas 20 nuevas ANP ocurre mientras otras áreas de conservación se ven sujetas a intereses de los grandes capitales. Según datos de la Secretaría de Economía y el Sistema Integral de Administración Minera, en nuestro país existen 208 proyectos mineros activos ubicados en ANP (Reyna-Rojas et al., 2021). Sin embargo, resulta contradictorio que, si las ANP fueron creadas como herramientas para la conservación y son clave para la protección de la biodiversidad y para enfrentar el cambio climático, se permita establecer en ellas proyectos mineros, siendo que la minería es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, ya que requiere grandes cantidades de agua y en sus procesos utiliza sustancias altamente tóxicas, como el cianuro, el mercurio, el cobre y el arsénico, que contaminan gravemente el suelo y el agua (Chacón, 2020).

Aunque el gobierno federal reconoce los daños causados por la minería en el país (López-Obrador, 2022), no ha implementado medidas para detenerla en las ANP. Si bien algunas ANP permiten la extracción de bienes naturales, esta actividad sólo está autorizada en las zonas de amortiguamiento y para las comunidades locales que residían allí al momento de la creación de la ANP (LGEEPA, 2024). Es inaceptable que, mientras que las comunidades se ajustan a los cambios en el manejo de sus territorios, derivados de este tipo de decretos, las grandes empresas los aprovechen para actuar de manera contraria al propósito de las ANP. La inacción por parte de las autoridades federales podría generar en el futuro el rechazo de las poblaciones a nuevos decretos.

El extractivismo minero es sólo un ejemplo de los problemas que enfrentan las ANP en México. La problemática se agrava con la instalación de otros proyectos extractivos, como las grandes obras de infraestructura y vías de comunicación. El caso más claro de este sexenio es el “Tren Maya”, previamente analizado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (OCSA).^[1]

Este proyecto supone atravesar la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América y una de los mejores conservadas de la región (Presidencia de la República, 2014), lo que afecta a 13 ANP federales, ocho estatales y una municipal (Cemda, 2018). La evidencia demuestra que esta infraestructura está provocando una serie de afectaciones ecológicas, la fragmentación de hábitats, la pérdida de la biodiversidad y la alteración de ecosistemas acuáticos, entre otras. A esto se suma un deficiente proceso de consulta a los pueblos indígenas para su construcción, la falta de transparencia y de acceso a la información y los desplazamientos forzados (Virrueta y Sandoval, 2023).

Es indiscutible la necesidad de conservar los ecosistemas más vulnerables y representativos de nuestro territorio. Sin embargo, es fundamental reconocer que la simple declaración de un ANP no es suficiente, ya que requiere la asignación de recursos económicos y humanos para su gestión, monitoreo, vigilancia y manejo. Además, es primordial garantizar que estos recursos sean adecuados y se distribuyan de forma justa. En México, a diferencia de otros países, las ANP están habitadas por un número significativo de comunidades campesinas y pueblos indígenas, quienes históricamente han jugado un papel muy destacado en la conservación de estas áreas, aunque la mayoría enfrentan altos niveles de marginación social (Conanp, 2020). Esta situación muestra el desequilibrio de poder entre quienes “invierten capital” y aquellos que cuidan el territorio.

Surgen así las siguientes interrogantes: ¿qué es lo que está detrás de la declaración de estas nuevas ANP? ¿Persiguen realmente la conservación, o son una cortina de humo para desviar la mirada de la profunda degradación ambiental que están provocando los megaproyectos?

Invitamos a reflexionar sobre cómo garantizar la verdadera protección del patrimonio biocultural que poseemos, asegurando, al mismo tiempo, la justicia social y el respeto de los derechos de todas las personas involucradas en su cuidado. Por último, es crucial destacar que, a pesar de la importancia de incrementar tanto el número como la extensión de las ANP, éstas demandan acciones decisivas para lograr su auténtico fin.

Referencias

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) (2018). Todo lo que tienes que saber sobre el Tren Maya. https://www.cemda.org.mx/tren-maya/

Chacón, G. (30 de enero de 2020). Las Áreas Naturales Protegidas y… Explotadas en México. Wildlands Network. https://wildlandsnetwork.org/news/las-reas-naturales

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) (8 de mayo de 2023). Áreas Naturales Protegidas. https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-278226

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) (2018). 100 años de conservación en México: Áreas Naturales Protegidas de México. Semarnat/Conanp https://www.conanp.gob.mx/pdf/100AñosConservación.pdf

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) (2020). Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2020-2024. https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-nacional-de-areas-naturales-protegidas-2020-2024

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) (enero de 2024). Áreas Naturales Protegidas decretadas http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm#:~:text=De%20la%20superficie%20total%20de,de%20la%20superficie%20terrestre%20nacional

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Última Reforma, Diario Oficial de la Federación (DOF), 24 de enero de 2024.

López-Obrador, A. M. (16 de junio de 2022). Gobierno llama a Calica a frenar extracción mineral en Quintana Roo. Conferencia presidente AMLO. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-2elTCHN7QU .

Mendoza, J. F., y Marcos, O. A. (2016). Observatorio de movilidad y mortalidad de fauna en carreteras en México (publicación técnica no. 454). Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Instituto Mexicano del Transporte. https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt454.pdf  

Presidencia de la República (4 de agosto de 2014). Calakmul: cultura y naturaleza reconocida por la UNESCO. https://www.gob.mx/epn/es/articulos/calakmul-cultura-y-naturaleza-reconocida-por-la-unesco  

Reyna-Rojas, M. A., Saldaña-Fernández, C., García-Flores, A., Monroy-Ortiz, C., Valenzuela-Aguilera, A., y Valenzuela-Galván, D. (2021). El panorama actual de las Áreas Naturales Protegidas (anp) de México. Ecosistemas. Revista Científica de Ecología y Medio Ambiente, 30(1), 2068. https://doi.org/10.7818/ECOS.2068

Secretaría de Gobernación (Segob) (8 de enero de 2024). Diario Oficial de la Federación (dof). https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2024&month=01&day=08#gsc.tab=0  

Virrueta, A. L., y Sandoval, D. (29 de agosto de 2023). Próxima estación: la resistencia no ha sido obstáculo para la “transformación”. Prensa y multimedios Universidad Iberoamericana Ciudad de México. https://ibero.mx/prensa/proxima-estacion-la-resistencia-no-ha-sido-obstaculo-para-la-transformacion

[1] El OCSA es una herramienta que documenta y analiza la conflictividad socioambiental que detonan los megaproyectos extractivos en el territorio mexicano. Para más información, consulte https://ocsa.ibero.mx/

*Por José L. García, estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO Ciudad de México, y Nahum E. Orocio Alcántara, Asistente del Programa Universitario para la Sustentabilidad y colaborador del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la IBERO

Publicado originalmente en la IBERO