Los medios y mecanismos que los grupos de víctimas utilizan para demandar verdad y justicia se han diversificado en los últimos años. Uno de los más relevantes es la construcción de la ruta por la memoria: acción colectiva que inició en abril de 2015 con la instalación del Antimonumento +43, dedicado a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y a las miles de personas desaparecidas en México.

En los alrededores de la instalación, se repartió una postal donde se indicaba que, a diferencia de los monumentos tradicionales, producidos para recordar hechos del pasado, este antimonumento «no aspira a perpetuar el recuerdo, sino a alterarla percepción de que un hecho es inamovible». El proyecto se definía, según el documento, como «una protesta permanente de reclamo y de justicia al Estado en el espacio público».

Los antimonumentos, entonces, se erigen como acontecimientos visuales que fijan un suceso histórico particular, toda vez que simbolizan un hecho que rompe la continuidad histórica. Marcan un antes y un después, no sólo para los directamente afectados, sino para el país entero. Las causas a las que hacen referencia no pretenden formar parte del pasado para su recuerdo o conmemoración, sino que se trata de acontecimientos que no dejan de suceder; por lo menos no, hasta que exista verdad y justicia para cada uno de los agravios.

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