Contra la amenaza del gobierno de la Ciudad de México de reubicar los antimonumentos y la antimonumenta, firma aquí

Por la avenida Reforma, en el corazón de esta ciudad, donde confluyen hoteles de lujo, restaurantes, centros de negocios, oficinas de periódicos y una serie de monumentos y fuentes, se cuenta también la otra historia, la reciente, la de un México adolorido por los asesinatos, las desapariciones, los feminicidios, las muertes que no debieron ser y la impunidad que las rodea. Cinco esculturas colectivas conocidas como antimonumentos, tres en Reforma, uno frente al Palacio de Bellas Artes y uno más en pleno zócalo capitalino, irrumpieron en el espacio público en los últimos cinco años sin el permiso de nadie, desafiando poderes y autoridades, mostrando al mundo “que estamos en pie de lucha”, como dice Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los más de 43. Porque vivos se los llevaron

“Nuestro antimonumento a los +43, no es sólo un símbolo o algo muerto, es para decir que estamos presentes, que los seguimos buscando y que exigimos la verdad”, explica Cristina Bautista Salvador, nahua de Alpuyecancingo de las Montañas, Guerrero, madre de dos hijas y un hijo, Benjamín Ascencio Bautista, a quien lleva buscando casi cinco años. Para ella el antimonumento “sirve para que el mundo entero sepa que aquí hubo un crimen de Estado y que no son sólo 43 desaparecidos, sino que hay miles, por eso el signo de más”. Aquí, dice, “pasamos lista a nuestros hijos y a los tres caídos en Iguala. En todas las marchas aquí hacemos un alto para que se sepa que no los hemos encontrado”.

El +43 se colocó el 26 de abril de 2015 en una esquina estratégica de avenida Reforma, conocida como la esquina de la información, pues ahí se encuentran edificios de periódicos nacionales, y es el inicio de avenida Bucareli, donde se ubica la secretaría de Gobernación. Fue la primera escultura y aquí hay una interpelación permanente a autoridades, medios y sociedad. Se topan con él las tropas del ejército mexicano en el desfile del 16 de septiembre y es paso ineludible de todas las marchas que se dirigen al zócalo de la ciudad.

El antimonumento es un 43 rojo de tres metros de altura elaborado en placa metálica y pesa 800 kilos con todo y el signo de más. Tuvo, como los siguientes antimonumentos, una etapa de planeación y aprobación con los padres, madres y compañeros de los 43, pues aunque el diseño no es directamente de ellos, fueron ellos quienes lo maquinaron y lo colocaron en un operativo sorpresa apenas siete meses después de la desaparición de sus hijos.

La estrategia semiclandestina para colocar los antimonumentos es extremadamente cuidada. Se estudian rutas desde el lugar oculto en el que se corta y suelda, hasta el espacio designado para su instalación. No se pide permiso a autoridades ni gobiernos. Se asume como una acción civil a la que se tiene derecho.

El +43 se planeó durante cinco meses con absoluta discreción entre un colectivo anónimo de artistas plásticos y activistas y el grupo de padres y madres de Ayotzinapa. Llegó camuflado con otras mercancías dentro de un camión Thorton y rápidamente fue bajado en la esquina elegida, donde ya lo esperaban los padres, madres y albañiles-activistas con palas, picos y cemento. El “discreto” operativo en la avenida más concurrida de México se llevó a cabo en tres horas. Siguió la inauguración a cargo de los padres y lo siguiente fue montar una guardia para que las autoridades, una vez pasada la sorpresa, no lo quitaran, por lo que de inmediato empezó a circular una petición en la plataforma Change exigiendo su permanencia.

En estos cuatro años el antimonumento +43 ha cobrado vida propia. Los padres y madres de Ayotizinapa han sembrado flores “no me olvides”, nochebuenas y hasta maíz; en Navidad le ponen foquitos de colores y en Reyes Magos aparecen aquí cartas y los regalos para sus hijos.

Cristina Bautista, junto con Emiliano Navarrete, Mario César González, Hilda Legideño y María Martínez, representan a los padres de los 43 en la Comisión para la Investigación, la Verdad y la Justicia instalada por el actual gobierno federal. El antimonumento, explica, “se hizo para reclamarle al gobierno de Peña Nieto. Y ahora, aunque el gobierno de López Obrador nos abrió las puertas, nosotros no vamos a descansar hasta que los tengamos con nosotros”.

“Quisiéramos que la Comisión de la Verdad avanzara más rápido, que este año 2019 se sepa que pasó con nuestros hijos. No nos conformamos con un pronunciamiento, no vamos a dejar el movimiento ni nos vamos a quedarnos cruzados de brazos sólo con que nos digan que van a cumplir, porque la sociedad va a pensar que ya nos cansamos. Y no. Aunque tengamos esperanza de que se va a resolver, no podemos dejar de movilizarnos. Que sepa el nuevo gobierno que ahí estamos los padres de familia”, afirma Cristina, imparable y tan curtida ya como el resto de los padres.

Frente a la enorme mole amarilla denominada El Caballito, de Sebastián, el escultor del salinismo, el antimonumento +43 es una protesta viva, no conclusión final de un proceso de lucha. Aquí Juanito, un señor en condición de calle, lo cuida, le pone agua a las flores y lo limpia. Otro señor, tan anónimo como la comisión que lo diseñó, llega de lejos con garrafones de agua y riega las “no me olvides”, porque, dice, “si dejamos que se sequen las plantas, los muchachos están muertos”.

Informan, comunican, interpelan

Cristina Híjar, estudiosa de la vinculación entre la praxis artística y la movilización social, afirma que “en las cuestiones políticas cada vez es más difícil reducirse al discurso, al mitin o al rollo, sino que todo el tiempo hay que buscar formas de interpelar de otro modo a los espectadores comunes. Los antimonumentos hacen eso, interpelan de otra manera. De lo que se trata es de alterar la dimensión afectiva de nuestro entorno social, y eso produce una empatía, porque nadie puede dejar de conmoverse ante un monumento dedicado a 43 jóvenes desaparecidos o los 49 niños de una guardería que no debieron morir”.

Cada antimonumento tiene su propia historia de planeación. El colectivo sin nombre ni rostro planea tras bambalinas. Se conforman comisiones, una de arquitectos urbanistas que estudian el entorno, otra de albañiles, soldadores diseñadores, una de comunicación y otra de recaudación de recursos. Aparece la demanda y la organización y personas con las que se articulará la acción. Todos coinciden en la necesidad de hacer memoria ante hechos que se quieren sepultar y de historias de carpetazos en las que reina la impunidad.

Después de la demanda colectiva, el grupo de Nadies realiza una primera maqueta y se las presenta a los afectados directos, a los familiares de las víctimas, y ellos aprueban, modifican, suman o restan al primer boceto. Sigue entonces la búsqueda del sitio. Respetar el entorno es la consigna, no agredirlo. Se conciben las dimensiones que tendrá la escultura buscando que haya interacción de la pieza con el espacio, que interpele y no estorbe.

Se hace un estudio de comportamiento del sitio. Se observa quiénes pasan por el lugar elegido y cuál es su dinámica, y posteriormente se trabaja en las diversas posibilidades para su colocación, todo en complicidad directa con organizaciones y familiares de las víctimas.

Se desconocen los costos de cada antimonumento, pues la gran mayoría del trabajo es voluntario. No así los materiales. Se busca el financiamiento en colectas directas con activistas y personas solidarias, quienes acceden a participar sin conocer nada de información. Y conforme se va reuniendo el dinero, el equipo constructivo trabaja la pieza de manera discreta. Se consigue un taller en el que se realizarán los trazos y cortes de la placa, uno solidario que prácticamente solo recupera costos. Desde ese taller se montará el operativo de traslado, en varias fases, hasta el día de la colocación.

Los antimonumentos llegan al sitio elegido camuflados como caballos de Troya. Quienes los colocarán son parte de la marcha. No dicen nada hasta que el transporte llegue y se monte el operativo. En la comisión de instalación hay también albañiles, soldadores e ingenieros que hacen los cálculos estructurales. Nada es obra de la casualidad.

La extrema discreción antes, durante y después de la instalación, señala Alberto Híjar, investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), crítico de arte y militante de izquierda, “no es sólo por razones clandestinas, por no poner la cara y que no sean acusados de invadir la vía pública o de cualquier cosa, sino también porque se trata de obras colectivas, son de todos. Hay quien que le sabe al diseño, y otro que le sabe a la pala y otro que sabe soldar. A los periodistas les interesa quién es el autor, pero es cualquiera, todos lo somos de alguna manera”.

Y así, ya entrenados con la primera instalación, nace la voluntad colectiva de levantar el segundo monumento a la memoria viva. Por y para los 49 niños y niñas de la Guardería ABC.

ABC. Nunca más

Un 49 y las letras ABC de casi una tonelada de peso, conforman un enorme lego infantil que se colocó frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución a la que pertenecía la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en la que el 5 de junio de 2009 fallecieron 49 niños y niñas en un incendio que pudo haberse evitado. Se trata de una escultura tridimensional en placa de metal con esmalte acrílico en colores pastel. Aquí cada año vienen las familias y colocan 49 pares de zapatitos junto a la consigna escrita “Nunca más”.

Este antimonumento con cualidades estéticas urbanas, como el resto, es una obra viva y abierta a la que se le han ido colocando otros elementos. En 2018, en el noveno aniversario, se le colocó un florero de metal con 49 flores grabadas en láser. Y falta que se plasmen los nombres de cada uno de los niños y niñas que murieron por negligencia y corrupción gubernamental.

La memoria hoy es en tiempo actual. No tienen que pasar décadas para levantar el símbolo de la ignominia. Los involucrados asumen que estas esculturas deberían estar destinadas a desaparecer. Sí. Cuando se haga justicia, coinciden.

Julio César Márquez es padre del niño Julio César Márquez Báez, entonces de casi tres años, uno de los 49 infantes que falleció en la tragedia de la guardería ABC, próxima a cumplir una década. Para él y el resto de los padres y madres su antimonumento “es un recordatorio permanente al Estado mexicano, a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, de que no se ha hecho justicia para nuestros niños”.

En este lugar, afirma Julio, “no se celebra nada, ni un evento o fecha histórica. Aquí se recuerda algo pendiente. Memoria viva es el término exacto que le damos. Es exigencia, es reclamo, pero también es dolor, tristeza, recuerdos… muchas cosas”.

Lo colocaron en avenida Reforma 476, frente al IMSS, el 5 de junio del 2017, en el séptimo aniversario, y desde ese momento se convirtió en punto de encuentro para los familiares, quienes cuando vienen de paso por la ciudad acuden a limpiarlo y a poner flores. Los padres, madres y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros activistas acompañaron la rápida y también sorpresiva instalación. Y mientras en el micrófono se exigía justicia, los albañiles y soldadores hicieron su trabajo.

Cuando Julio lo visita se encuentra con gente común y corriente viéndolo. Y ahí empiezan a hablar de las tragedias que se viven en el país y de la impunidad que prevalece cuando hay responsabilidad directa de servidores públicos del Estado.

A casi diez años del incendio, en el aspecto penal están por dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juicios de amparo que iniciaron tanto víctimas como sentenciados. “Es la última fase de todos los procesos que se han llevado en materia penal en México, pero para nosotros no será lo último porque consideramos que esto tendrá que llegar a instancias internacionales”.

Un antes y un después fue para las 49 familias de los niños que fallecieron y para los que resultaron con quemaduras de cuarto grado. Julio César y su esposa Estela conformaron una asociación civil desde la que analizan el estado que guarda la situación de las estancias infantiles, “y nos dimos cuenta de que después de 5 de junio de 2009 han fallecido al menos 88 niños más en guarderías de todo el país, en cualquier modalidad, lo que quiere decir que, en aparentes hechos aislados han fallecido muchos más niños que en la ABC”.

Sobre las medidas anunciadas por el nuevo gobierno federal de desaparecer las guarderías e implementar un nuevo esquema del manejo de los recursos, entregándolos directamente a los padres y madres, Julio y Estela no comparten la decisión. “Es importante atacar la corrupción, porque la corrupción mata y lo vimos en ABC, pero también es importante que paralelamente se atienda lo que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales por los derechos de los niños”. Julio reconoce tener esperanza “de que las cosas cambien positivamente, que haya atención a nuestras demandas y exigencias, pero hasta el día de hoy considero que no ha sido así. Aún esperamos que el presidente voltee a ver este tema. Por eso, insiste, “esté quien esté, seguiremos exigiendo justicia pues nuestros hijos merecen que sigamos luchando por ellos”.

En el 49 ABC se preparan ya las acciones del décimo aniversario de la tragedia. Se dará mantenimiento a sus cuatro metros de altura y se colocarán los nombres de quienes no debieron morir.

Los antimonumentos, toma concreta y real de la Ciudad de México: Alberto Híjar Serrano

Para Alberto Híjar Serrano, investigador de Artes Plásticas del INBA “los antimonumentos representan la lucha de clases por el espacio público. Son una respuesta necesaria a la ocupación capitalista, y son ‘anti’ porque justo en el paseo de la Reforma, que iba a ser el paseo de la emperatriz Carlota para que descendiera de su Castillo y paseara por estos rumbos, el movimiento liberal, la única reforma educativa importante que ha habido en la República Mexicana, ocupó el paseo y lo transformó en Paseo de la Reforma, primer acto antimonumental, llenándolo con estatuas de liberales distinguidos, como Galeana, guerrillero de la independencia. Por eso, lo que han estado haciendo a partir del antimonumento por los más de 43 es seguir esta tradición de lucha de clases por el espacio público”.

El también profesor universitario explica que los antimonumentos son una necesidad de la memoria histórica. “Nada tienen que ver con la tradición ‘artistosa’ de exaltación de la obra única del genio que la produjo, de la recepción de quienes entienden lo sublime y todos esos paradigmas y mitos que no son eternos ni originales, sino que son parte de la acumulación originaria del capital, y a partir de ahí han significado una exaltación de los privilegios individualistas de una clase con una cierta cultura y una educación. Contra esto, las vanguardias artísticas desde finales del siglo XIX hasta ahora, han reivindicado lo que llaman la dimensión estética. Es decir, se vale del arte, entre otras cosas, pero a lo que alude es a las relaciones de producción”. Es la dimensión estética, nombrada por Híjar “praxis estética”, porque es una práctica transformadora. “De eso se trata, y de acabar con la exaltación individualista y con los privilegios del arte y los artistas”, remarca el entrevistado sentado junto al tercer antimonumento: el de los 65 mineros de Pasta de Conchos.

Los 65+ de Pasta de Conchos. ¡Rescate Ya!

“Llegaron y se instalaron jefe, no pidieron permiso”, informó por radio un policía a su superior el 19 de febrero del 2018, doce años después del día en que una explosión dejó enterrados en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, a 65 mineros del carbón. Sólo dos cuerpos fueron rescatados, pues empresa y gobierno se negaron a recuperar los 63 que quedaron en el socavón. Hasta la fecha.

El sorprendido policía se refería así al intempestivo operativo con el que llegaron los familiares de los mineros enterrados en la mina carbonífera, acompañados de los ejidatarios de San Salvador Atenco, de los padres y normalistas de Ayotzinapa, de la infaltable Fili, de los Pedregales de Santo Domingo, el Frente Popular Francisco Villa y demás activistas que asistieron a la conmemoración del doceavo aniversario de la explosión de la impunidad.

Nuevamente fue la avenida Reforma el escenario, exactamente frente a la Bolsa Mexicana de Valores, el símbolo del dinero en el que se mueven las acciones de Germán Larrea, del Grupo México, dueño de Pasta de Conchos, acusado de no atender los señalamientos hechos por los trabajadores de la mina ante autoridades laborales en torno a la inseguridad en la mina, lo que generó la tragedia.

“La explosión no fue causada por una caprichosa acumulación de gas, sino que se trató de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y por precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en que Grupo México –propiedad de Germán Larrea— mantenía sus instalaciones”, concluye el informe El carbón rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos. Por eso demandan justicia y verdad por los hechos, sanción a los responsables y reparación del daño.

De los 65 mineros, sólo dos cuerpos fueron rescatados, quedando 63 en el socavón a pesar de las innumerables peticiones de las familias para que fueran recuperados, como se hace en todos los países. No en México. No tener el cuerpo del ser querido es similar a lo que ocurre con los desaparecidos, con la diferencia profunda de que los familiares de los mineros saben que quedaron sepultados ahí y que empresa y gobierno se negaron a rescatarlos. Los desaparecidos, en cambio, son reclamados con vida, porque vivos se los llevaron.

Durante los primeros años las familias de los mineros protestaban cada mes frente a las oficinas de Grupo México, en Polanco, exigiendo el rescate de los cuerpos, demostrando la factibilidad técnica del procedimiento. Pero hasta hoy nadie les ha respondido. Y ellos y ellas siguen protestando. Sólo que ahora tienen un antimonumento desde el que alzan la voz. Como ocurre con los +43 y los niños de ABC, la constante en todos los casos es que hay un manto de impunidad sobre los responsables.

La escultura roja frente a la enorme esfera desde la que se proyectan las variantes bursátiles, está formado por tres módulos: un 6, un 5 y un signo de más con los nombres de los 65 mineros que quedaron enterrados, además de una placa que advierte que más de 3 mil trabajadores han muerto en las minas de carbón en México. Mide cuatro metros y medio y pesa más de una tonelada, aunque su base puede cargar hasta cuatro toneladas, pues se cuidan todos los detalles para que las autoridades no argumenten que puede caerse, de tal modo que para quitarlo debería haber un cálculo político, no técnico.

Previamente se hicieron los estudios en el espacio en el que había tierra y un tronco seco. También se contempló que no estorbara el paso de la gente y al mismo tiempo fuera visualmente eficaz. Y, como en el resto de las instalaciones, el operativo fue intempestivo y colectivo. El sacerdote Raúl Vera, obispo de Saltillo, celebraba una misa mientras familiares y activistas escarbaban con picos y palas el cuadro de tierra para la instalación, mientras otros preparaban la mezcla de cemento, y unos más el equipo de soldadura.

Mientras el obispo Vera oficiaba una misa advirtiendo que “el gobierno tiene mucho odio contra el pueblo y practica una política de muerte, no de defensa de la vida”, los familiares apresuraban el paso, rascaban la tierra y levantaban la enorme escultura. “Los incontables muertos de aquí y allá son la estrategia de esta administración y de las pasadas para justificar la acción del Ejército y de las fuerzas armadas”, dijo el sacerdote.

Llegó entonces la policía. “Ya lo pusieron”, continuó su informe el informante con placa. No hubo confrontación, pero era claro que detener la instalación significaría un enfrentamiento con las familias y acompañantes, registrado por las cámaras de la innumerable prensa convocada.

Guillermo Elías Iglesias López, hijo de Guillermo Iglesias Ramos, minero atrapado y fallecido en la mina de Pasta de Conchos, refiere que el signo de más en la escultura es también una cruz, “la que hemos cargado durante mucho tiempo”. Nuestro antimonumento, indica, “significa que aquí estamos y queremos con nosotros a nuestros familiares, además de justicia y castigo a los responsables”.

De acuerdo con el informe El carbón rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio en la región carbonífera de Coahuila, desde el año 1900 han perdido la vida tres mil 103 mineros en explosiones y otros siniestros causados por negligencia de las empresas. Un dato a destacar es que de ese total, los únicos cuerpos que no se han recuperado son los de trabajadores de las minas operadas por Grupo México.

Iglesias López pertenece a una familia del carbón. Su padre siempre trabajó en una mina y él es ingeniero minero metalúrgico, perito en minería, topografía y geología. Su madre falleció un año después de la muerte de su padre en Pasta de Conchos, pues, dice, “no aguantó el dolor”. Nada para ellos, ni para las otras 65 familias, volvió a ser lo mismo. Del gobierno es el subsuelo, dice, “pero de nosotros son los restos de nuestros seres queridos”.

Explica Guillermo que el antimonumento es para los familiares de los mineros “materia de lucha, queremos que Pasta no sea un precedente sino que sea luz hacia el gobierno y hacia aquellos trabajadores y empresarios de que la seguridad en las minas es prioritaria”.

El 65+, señala el ingeniero, “es para decir que hubo una negligencia y que se las vamos a recordar siempre, es para decirle al nuevo gobierno de López Obrador que todavía están ahí nuestros mineros”.

El pasado primero de mayo, en ocasión del Día del Trabajo, el presidente anunció que se iniciarían trabajos de rescate de los 63 cuerpos.

Si nos lo quitan, pierden; y si no, también

En la colocación de todos los antimonumentos se reparte una postal con un fotomontaje de cómo se verá terminado, y en el mismo momento de su instalación, circula una petición en Change demandando que las autoridades no lo quiten, pues aunque la comisión de monumentos de la Ciudad de México decide qué se puede poner y qué no en las calles, aquí se encuentra frente a hechos consumados. Pero el riesgo persiste, así es que como se considera definitoria la noche de la instalación para su permanencia, se monta una guardia que lo vela hasta el día siguiente, encabezada por la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Entre los pocos rostros visibles en las instalaciones, aparte del de los familiares de las víctimas, están el de los integrantes de Marabunta. Miguel Barrera, cabeza de la brigada invitada a participar en la seguridad y mediación durante la colocación de los cinco antimonumentos, cuenta que desde el inicio, aunque preocupados, todos los integrantes del colectivo se entusiasmaron con la iniciativa. Su tarea consiste en organizar un cordón perimetral de seguridad en el espacio elegido para la instalación.

“No sabemos nunca cuál será la respuesta de la policía”, por lo que la tarea principal es cuidar la instalación y evitar la confrontación. “Hacemos un ejercicio de mediación con la policía para que se respete el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión permanente”, y aunque cada caso ha sido distinto, no se ha registrado violencia institucional grave.

Los principios de Marabunta, explica Miguel, se apegan a los derechos humanos y, al mismo tiempo, a la urgencia y el reclamo legítimo. Para la instalación Marabunta diseña su propio protocolo de seguridad y delinean la mediación y la negociación con la fuerza pública. Pero todo lo demás, indica, “también para nosotros es sorpresa”, así es que cuando la Secretaría de Seguridad Pública les pregunta qué esta pasando, ellos responden la verdad: no saben. “Pero les pedimos que aguanten, que todo es pacífico, que envíen a alguien para hacer el diálogo de concertación”.

Para Miguel estas instalaciones no son clandestinas, sino “reservadas” y por cuestiones de seguridad se realizan de manera sorpresiva, pues se trata de ejercer un derecho y de evitar que se los prohíban. “Nosotros dialogamos con la policía y les hacemos ver la situación, pues regularmente cuando llegan ya están trabajando en la instalación, y lo que se tiene que evitar es una confrontación. Las cosas se llevan al punto de que si lo quitan, pierden; y si no, también, pues es una interpelación permanente”.

A las guardias, que pueden ser de uno o más días, se queda el colectivo Marabunta, los familiares y activistas. Se prepara comida y generalmente se toca música. Se llevan cafeteras, sillitas, velas, lámparas, tiendas de campaña, radios de comunicación y buenas cobijas, porque de pronto llegan el silencio y el frío de la madrugada. “Todos nos quedamos porque se trata de un reclamo social y el antimonumento se vuelve un patrimonio de abajo”, dice Miguel.

No ha faltado la visita de un político madrugador que visita la vigilia y pregunta en qué puede ayudar; o la llegada de personas en situación de calle que se acercan para tomar café y aprovechar el calor de la fogata. “Es su espacio nocturno y cuando nos ven ahí por primera vez no saben qué está pasando”, cuenta. Les explican, entienden de qué se trata, se quedan en la guardia y en ese momento se apropian también del antimonumento, lo hacen suyo y lo cuidan.

La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta es una colectividad conformada por jóvenes en su mayoría que han estado metidos en situaciones de violencia, en consumo de drogas, o de delincuencia. “Acá decimos que la mejor forma de sanar es servir, pues si sirves y defiendes los derechos tuyos y de otros tienes una sensación mágica de cumplir con el deber”. Hacen ejercicios de contención, pues les toca dialogar con quienes han sido sus enemigos: los policías, “y ahora no podemos decirles ni una grosería, sino al revés, demostrarles que vamos a resistir demostrado que la paz es posible. Somos la banda resguardando a la banda”, concluye Miguel.

1968. 2 de octubre. Fue el Estado

El antimonumento 68 fue instalado nada menos que en el zócalo de la Ciudad de México. La figura rojinegra de tres metros de altura y 240 kilos de peso con la insignia del Comité 68 llegó camuflada dentro de una gigantesca piñata con el rostro de Gustavo Díaz Ordaz, en una camioneta que se perdía entre la marcha conmemorativa del 50 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Un auténtico caballo de Troya.

Un rápido movimiento descubrió la nueva escultura que fue colocada por decenas de manos en la jardinera que está entre la Plaza de la Constitución y la calle Madero. “1968. 2 de octubre no se olvida. Fue el Ejército. Fue el Estado, se lee en un costado de esta figura de soporte tridimensional, con las esquinas sesgadas para darle movimiento, mientras la paloma blanca mira hacia la puerta Mariana del Palacio Nacional.

Mientras en la enorme plancha de la Plaza de la Constitución se leyeron los mensajes alusivos al 50 aniversario de la masacre estudiantil que partió al país en un antes y un después, una parte de la marcha se desvió y, ya entrenados en el arte de la instalación colectiva, de inmediato taparon el lugar con plásticos negros, mientras con delicadeza sacaban de la tierra las plantas que había, para que con picos y palas empezara la escarbadera a profundidad para montar la base de soporte, nivelar, compactar la tierra para después, atornillar y echar soldadura a la placa del antimonumento. Participaron cientos de normalistas del país, los campesinos de Atenco, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, activistas y decenas de medios de comunicación que consignaron el acto.

“A 50 años de la matanza de Tlatelolco, nosotros optamos por la memoria viva”, dijo al micrófono el historiador y luchador social Alberto Híjar. “Ni memoria embalsamada ni héroes de bronce, la memoria histórica convoca a superar la añoranza estéril para dar lugar a señales y símbolos que hagan evidente la relación entre el pasado, el presente de lucha y el futuro deseado”, insiste.

Con el antimonumento 68 se interpela de frente al Ejército justo en la plaza en la que todos los días una escolta castrense iza la bandera nacional, en esta fecha a media hasta. El señalamiento es contundente, al igual que la demanda de que el nuevo gobierno federal “abra de una vez por todas los archivos militares y que se sepa la verdad de lo que pasó hace 50 años en Tlatelolco y en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014”.

David Roura, poeta, actor y activista miembro del Comité 68, señala que el antimonumento 68 fue levantado “por el pueblo y para el pueblo”, en contraste con “las letras de oro que quieren y pretenden poner en las Cámaras de Diputados y Senadores. Nosotros no queremos el oropel ni el reconocimiento, queremos memoria y justicia, y este antimonumento nos representa. Estamos aquí reunidos con nuestro pueblo, no funcionarios, no políticos, no cabrones que andan pretendiendo buscar chamba en los nuevos gobiernos”, dice enfático el poeta.

Roura exige que el nuevo gobierno federal abra los archivos militares de Iguala y del 68. “Estamos comprometidos con la gente de Atenco, con los 43 de Ayotzinapa y con los compañeros que juntaron los recursos para hacer este antimonumento”, dice.

Un elemento importante del antimonumento 68, y del resto, es la estética. No sólo se cuida el diseño, sino que además de ser agradables a la vista, no agredan, no sean estridentes, no rompan con el entorno, sino que se incorporan a él y provoquen gusto al mirarlos, además de la interpelación política.

Los antimonumentos, opina la maestra en Comunicación y Política Cristina Híjar, “informan al tener el numeral y el símbolo de más, además de placas con la historia de lo que ocurrió”. Además, “comunican que hay una comunidad en lucha, que son los familiares cobijados por quienes nos sentimos interpelados por ellos y por quienes asumimos los agravios como propios”. Es justo en 1968, explica Cristina Híjar, cuando se conjunta la dimensión estética con la dimensión política para formarse una sola y lograr de este modo formas de comunicación y de interpelación novedosas y más efectivas que el volante, que el rollo o el mitin.

La académica y activista establece la diferencia entre la calle y el espacio público: “El espacio público como categoría política no es sinónimo de la calle, sino que ocurre y se construye cuando se dan ahí relaciones sociales”. En el caso de los antimonumentos “generan vínculos sociales de otro tipo, que no son el tránsito común de la calle. Eso es lo que hace toda intervención estética con recursos artísticos, para eso son las mantas, las gráficas, los esténciles, que no sólo son destrezas técnicas puestas al servicio, sino que proponen una lectura y reivindican y construyen el espacio público que es responsabilidad de todos. Mientras no lo ocupemos, no es más que la calle”.

Ni una más

Semanas antes del 8 de marzo del 2019, un grupo de mujeres se puso a entrenar en un lugar no identificado en el que hicieron un simulacro de la colocación del quinto antimonumento, o antimonumenta, como fue nombrada por ellas. Desde el principio pusieron sus reglas. Ellas serían las cargadoras, albañilas y soldadoras. También serían mujeres las que tomarían la palabra y mujeres las que se harían cargo de la seguridad. La protesta: el feminicidio en México, donde nueve mujeres son asesinadas todos los días por violencia de género.

El lugar para la antimonumenta fue elegido con cuidado. Se trató de encontrar un espacio con la mayor visibilidad posible, un sitio concurrido y emblemático de la vida cultural y popular de este país. Frente al Palacio de Bellas Artes, sobre avenida Juárez, fue la elección. Y hasta ahí llegó la camioneta con el enorme símbolo del espejo de Afrodita con el puño en alto y la consigna “Ni una más”. 

“Nos tienen que ver. No pueden ignorarnos”, decía una de las madres con una gigantesca manta con el rostro de su hija asesinada en Chimalhuacán, Estado de México, mientras veía, emocionada, la instalación.

Una serie de cruces rosas también fueron colocadas al pie de la escultura violeta y rosa. La primera vez que se usó este símbolo fue para denunciar el asesinato y desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, lugar donde se prendió la alerta sobre los asesinatos de mujeres en serie, por el hecho de serlo. Era 1993 cuando el nombre del feminicidio se instaló en México. Fueron mujeres las que lo nombraron y son ellas quienes hoy siguen exigiendo que Ni una más. O ni una menos, como lo gritan en Argentina.

La antimonumenta nació viva y al ritmo de la batucada. Acompañaron su instalación cientos de jóvenes que insisten en su deseo de caminar seguras, libres y sin miedo. Al Estado le exigen que haga su trabajo, mientras ellas tejen redes de denuncia y autocuidado, porque no confían.

La exigencia fue contundente: no más violencia feminicida, no más complicidades que la oculten, no más indiferencia, no más impunidad. No más de lo mismo, “pues son más de 25 años de vernos caer y gobiernos van y gobiernos vienen y la situación solo empeora”, dicen durante la festiva y combativa colocación.

Francesca Gargallo, feminista, activista, escritora y docente con gran parte de su obra desarrollada desde México, presencia la instalación. Hace valla de seguridad, como cientos de mujeres que resguardan a sus compañeras. “Esta antimonumenta será levantada cuando los feminicidios sean castigados y se les ponga fin, porque donde se mata a una mujer, se mata a un pueblo”, dice categórica.

La antimonumenta, explica Gargallo, “interpela a todo el mundo, porque las mujeres somos la mitad de cualquier sociedad o pueblo, y cuando la mitad de un pueblo es afectado, la mitad de un pueblo puede decir basta y exigirlo”.

A un lado se encuentra la madre de Karen Estefanía, de Huixquilucan, desaparecida desde el pasado 27 de octubre; y Lidia, madre de Diana Velázquez, víctima de feminicidio en Chimalhuacán, “un municipio donde asesinan y las autoridades son indiferentes a nuestro dolor y a nuestras hijas. Para ellos no existió Diana, pero ella aquí. Tenía 24 años. No tenemos ninguna respuesta ni investigación, todo sigue igual desde que asesinaron a mi hija el 2 de julio de 2017”, dice sin recuperarse del dolor.

Esta antimonumenta, señala, “es un símbolo que ya hacía falta, desgraciadamente nos están asesinando a nuestras hijas y este gobierno está indiferente, no le interesa, al gobierno le da miedo mencionar la palabra feminicidio, y nosotras estamos aquí para recordárselo, para decirle que son miles de feminicidios en México y que con el nuevo gobierno seguimos igual”. Para Lidia la instalación de la Antimonumenta es un ejemplo “del apoyo que hay entre mujeres y todas las mamás que no nos vamos a callar ni a rendir.

Fátima Quintana Gutiérrez, otra víctima de feminicidio, fue asesinada en Lerma, Estado de México, el 5 de febrero de 2015. No hay justicia, dice su madre, y advierte que “al Estado no le importa que les violen a nuestras hijas su derecho más grande, que es el de la vida, pero a los criminales, a los asesinos, sí les cuidan los derechos”.

Para ella con la colocación de la antimonumenta “se busca hacer conciencia entre la gente de que hay miles de feminicidios y no hay justicia. Es para que todas las personas y medios internacionales sepan que en México hay más de diez mujeres y niñas asesinadas diariamente”.

Una a una las madres y familiares de mujeres víctimas de feminicidio tomaron el micrófono. A su lado, decenas de jóvenes contaban del uno al tres, tomaban aire, y bajaban de la camioneta la escultura mientras otras preparaban el cemento y unas más se encargaban de la base. Todas, perfectamente sincronizadas e identificadas con chalecos fluorescentes y cascos amarillos.

En México no hay política de la memoria, por lo que tiene que hacerla la gente

Para las autoridades de la Ciudad de México, las pasadas y las actuales, ha sido inevitable asumir la existencia de los antimonumentos, pues quitarlos sería una afrenta muy grande para las víctimas, opina Cristina Híjar, quien advierte sobre el carácter colectivo y autónomo de estas esculturas.

“No pueden ser institucionalizados”, dice, pues la autorización “la da la gente”. Los anti, agrega la investigadora, aportan a la Ciudad de México donde, a diferencia de ciudades como Buenos Aires, “aquí no existe una política de la memoria, por lo que tiene que hacerla la gente”.

Luego de la colocación de la antimonumenta, el pasado 8 de marzo, el primero en el actual sexenio, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por “regular” los antimonumentos para que “haya un orden”, e hizo un llamado “a quien quiera poner un monumento, antimonumento o algo en Juárez y Reforma, que son sitios patrimoniales, pues se acerque al gobierno de la ciudad para poderlo trabajar y que no sea de manera desordenada”. Por lo pronto, dijo, la antimonumenta se queda.

Alberto Híjar es enfático: Las licencias para proponer y colocar un monumento, “probablemente no serían concedidas a los antimonumentos porque existe una tradición de un consejo que se encarga del patrimonio urbano y que está integrado por gente muy reaccionaria”. Y además, dice, su carácter que no empata con el Estado, “pues ellos nunca van exigirse justicia a sí mismos”.

La multiplicación de la memoria

Un enorme y temporal 43, idéntico al de avenida Reforma, se levantó un día en la Plaza Trocadero, frente a la torre Eiffel, en París; otro más fue construido por los padres y madres de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero; y los maestros democráticos levantaron otra réplica en Zihuatanejo.

En su lucha contra la impunidad, los familiares de David Ramírez y Miguel Ángel Rivera, jóvenes secuestrados el 5 de enero de 2012, erigieron un memorial conformado por dos mitades que forman una figura humana de tres metros de altura que fueron instaladas también en la avenida Reforma, frente a El Caballito. Y, en Guatemala, la estrategia de interpelación fue retomada por activistas y familiares de las 56 niñas que, encerradas bajo llave, murieron o resultaron con graves quemaduras, en el incendio del 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

“Los antimonumentos son uno de los acontecimientos estéticos y políticos más importantes de los últimos años y un aporte real al repertorio de la protesta a nivel latinoamericano. México está a la vanguardia de estas instalaciones que no sólo son un medio nuevo medio de la protesta y de la resistencia social, sino que además generan otras relaciones”, resume Cristina Híjar.

Contra la amenaza del gobierno de la Ciudad de México de reubicar los antimonumentos y la antimonumenta, firma aquí

Este reportaje fue publicado originalmente en La Jornada Semanal.