foto: Alianza Sierra Madre
Chihuahua I Desinformémonos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución en la que ordena al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la vida de las personas en la comunidad indígena rarámuri de Choréachi.
El 25 de marzo, la Corte Interamericana emitió la resolución que ordena al Estado mexicano tomar medidas provisionales para proteger a la comunidad de Choréachi, conocida como Pino Gordo en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua. Este órgano está facultado por el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para dictar medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choreachi “en caso de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros”.
A solicitud expresa de organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la denuncia y solicitud de medidas de prevención a la Corte.
Choréachi es una comunidad que cuenta con una población aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 300 son niños y niñas. Y, de acuerdo a los puntos contenidos en la solicitud de medidas provisionales, “viene siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal y la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico con intereses en el uso de la tierra”.
Desde octubre de 2014, la CIDH ha adoptado medidas cautelares para proteger a integrantes de la comunidad al ser amenazados y asesinados algunos de sus miembros. Estos han sido,
Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre de 2013, respectivamente. En 2017, se han sumado los asesinatos de Isidro Baldenegro y de Juan Ontiveros Ramos. Juan fue asesinado el 31 de enero del año y su cuerpo fue encontrado la mañana del 1º de febrero. Juan era comisario de policía de Choréachi y había viajado a la Ciudad de Chihuahua para participar en una reunión el 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial y ambiental de la comunidad.
Adicionalmente a las medidas que se implementen para garantizar la vida, integridad y seguridad colectiva de los integrantes de Choréachi, la Corte ordenó que el Estado realice un diagnóstico actualizado sobre la situación de la Comunidad y que de forma inmediata proceda a sostener una reunión con los representantes indígenas para coordinar la adopción de medidas adicionales.
El hecho de que la Corte Interamericana otorgue medidas provisionales significa la evidencia irrefutable del incumplimiento del Estado mexicano en la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH desde 2014 y es un reconocimiento de la situación de riesgo y abandono que impera en Choréachi, en donde toda una comunidad vive resistiendo la violencia y el despojo ante la presencia del crimen organizado.
La resolución de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, en donde es urgente, necesaria e impostergable la coordinación de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya más pérdidas humanas y la comunidad esté protegida.
De acuerdo al resolutivo emitido por la Corte, el Estado mexicano deberá presentar “a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, el cual deberá ir acompañado por el diagnóstico sobre la situación actual de riesgo de dichas comunidades.”
Abogadas y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) instan a las diferentes autoridades responsables del Estado mexicano a implementar a la brevedad, en consenso con la comunidad y sus representantes, las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los habitantes de la comunidad de Choréachi puedan continuar residiendo en ella, de manera segura. Manifiestan también que es apremiante abatir la impunidad en la zona y resolver rápidamente los procesos judiciales para restituir su derecho al territorio y acceso preferente a los bienes naturales de las comunidades.
Con información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
