Morelos | Desinformémonos. Hay opacidad en la ejecución de los recursos para la reconstrucción de viviendas, escuelas y otras construcciones dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 porque las dependencias del gobierno de Graco Ramírez se han negado a dar la información solicitada, pero lo real es que no se ve el avance –al menos en Jojutla, la ciudad más afectada- del 80 por ciento que presume el gobierno del Estado de Morelos y aún son miles las personas damnificadas que no han recibido recursos para la reconstrucción de sus viviendas y viven en campamentos, tiendas de campaña o con familiares.

Así lo informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) al presentar un Diagnóstico en materia de derechos humanos sobre la situación de las personas afectadas por los sismos del año pasado en la entidad. En rueda de prensa Juliana García Quintanilla y Carlos Ezequiel Hernández afirmaron que incluso muchas de las construcciones de inmuebles en los poblados afectados “no fueron realizados por Unidos por Morelos (el organismo creado por el gobierno del estado para atender los problemas de la reconstrucción) sino por convenios con instituciones privadas” y así se manifiesta en las placas colocadas en los mismos.

Indicaron que los recursos para la reconstrucción que se informó llegaron a Morelos tanto de la federación como de organizaciones privadas e instituciones internacionales no se entregaron directamente a los afectados y las autoridades no han cumplido con los beneficios del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

Mencionaron que la CIDHM realizó una investigación en la Colonia Emiliano Zapata del Municipio de Jojutla, Morelos, con el objetivo de contar con el citado diagnóstico sobre la situación de las personas afectadas en la entidad después del sismo. El resultado es que se puede hacer “la afirmación política, sustentada en este informe, de que en Morelos hay una violación a los Derechos Humanos de las personas damnificadas”, sobre todo a los derechos de una vivienda digna, educación, salud, alimentación, entre otros.

Quintanilla subrayó que de acuerdo con la información pública, “los recursos recibidos rebasaron en demasía” las necesidades de la reconstrucción de vivienda en la entidad pero cuando se solicitaron informes puntuales sobre su deficiente aplicación, “el gobierno federal le echa la bolita al gobierno estatal y el estatal le echa la bolita al gobierno federal”.

Citó como ejemplo que si en un predio hubo afectaciones en las casas de cuatro familias que vivían en el mismo, en el FONDEN, en forma ilegal, sólo se otorgaron recursos para una, cuando las normas de la institución establecen que cuando en un predio se encuentren dos o más familias, se determinará más de un apoyo siempre y cuando se demuestre independencia con servicios de baño, cocina y medidor de luz individual.

El informe señala que “sin embargo, en una gran cantidad de casos se aplicó un criterio equivocado e ilegal de otorgar un sólo apoyo, lo que ha implicado que se desintegren familias y se provoque ruptura del tejido social al confrontar a integrantes de las familias, algunas de las cuales han tenido que emigrar hacia municipios vecinos. Asimismo, se señala que no se informó a las personas damnificadas de la estrategia a seguir para la captación de información de los daños a las viviendas” señala el informe.

Quintanilla mencionó que también se detectó la ausencia de dependencias como la Procuraduría de Defensa del Consumidor (PROFECO) en las regiones afectadas, lo que motivó que los comercios de ventas de materiales de construcción dispararan sus precios en forma incontrolada, sin intervención de las autoridades para frenarlos.

Igualmente no se ha atendido a miles de personas, en su mayoría mujeres, que se dedicaban al comercio informal  y tenían puestecitos en sus hogares –los que perdieron- por lo que se han quedado sin su forma de subsistencia. De ahí que una de las recomendaciones del informa de la CIDHM  sea la creación de un programa de empleo temporal con recursos del FONDEN para evitar que se incrementen la pobreza.

Entre las recomendaciones del informe a las autoridades, a la vista de los resultados de este estudio, que incluyó visitas a diferentes poblaciones y 86 encuestas, entre otras actividades, están las de atender de inmediato las 116 quejas realizadas por las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017, la mayoría contra el FONDEN y Unidos por Morelos, por la falta de atención a sus casos.

También recomiendan que la Fiscalía General de Justicia del Estado atienda el caso de particulares que defraudaron a personas  damnificadas, ya que les recogieron las tarjetas que les entregó el FONDEN ofreciéndoles construirles sus casas, pero desaparecieron los recursos y no se ejecutaron las obras.

Asimismo, que debe haber una rendición de cuentas del Gobierno Federal y del Estado de Morelos sobre los recursos públicos destinados para la reconstrucción a través del FONDEN y de “Unidos por Morelos” y las instituciones privadas, como la Cruz Roja, deben igualmente transparentar el uso de recursos destinados a apoyar a damnificados, aun cuando estos fondos sean provenientes de donaciones particulares.

Señalan que las Instituciones del Gobierno del Estado garanticen la asesoría Jurídico- Administrativa para las personas damnificadas que expresaron no contar con ella hasta el momento, para culminar con éxito el proceso jurídico de reclamo de sus Derechos Humanos ante las instancias correspondientes.

Además el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, debe implementar un programa de Atención Psicosocial (Médica y Psico-Emocional) para que se garantice el derecho a la salud de todas las personas damnificadas. Desarrollar a través de las autoridades de protección Civil del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, un Plan de Seguridad y Prevención, que implique capacitar y difundir los Protocolos ante Riesgos para crear una Cultura de la Prevención.

Añade que se deben incorporar diferentes instituciones encargadas de velar por los Derechos de las Personas Afectadas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otras recomendaciones.