A seis años del crimen de Rafael Nahuel, el Poder Judicial condenó a cinco y cuatro años a los prefectos del Grupo Albatros acusados. Sin embargo, la jueces no escucharon el pedido de perpetua hecho por las querellas y justificaron el asesinato como un “exceso”. Las voces de la familia de Rafael tras el fallo, la continuidad del reclamo por justicia y la vuelta al territorio del Pueblo Mapuche.

Desde Fiske Menuko (General Roca), Río Negro

El Poder Judicial condenó a cinco años y medio y a cuatro años y medio de cárcel a los cinco prefectos responsables del crimen de Rafael Nahuel. A seis años del asesinato, los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava consideraron que los miembros del Grupo Albatros de Prefectura Naval son responsables de la muerte del joven mapuce, pero sostuvieron que actuaron defendiéndose de un supuesto ataque, acoplándose a las versiones de los abogados defensores y los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Juan Manuel Berrese. Los jueces, además, concedieron la libertad de los prefectos hasta tanto la sentencia esté firme.

«Lo que más quiero como mamá es seguir pidiendo justicia, porque no estamos conformes con la sentencia que dieron. Es una burla de la Justicia, no sienten el dolor de los padres, de nadie», aseguró Graciela Salvo, madre de Rafael. María Nahuel, tía de Rafael e integrante de la lof Lafken Winkul Mapu completa: “Siempre los muertos los ponemos nosotros, como Rafita Nahuel y Elías Garay en este siglo. Antes les tocó a nuestros antepasados los asesinatos, los desalojos, los arreos al museo, las exhibiciones. Hace mucho más de 100 años que el Pueblo Mapuce viene reclamando justicia”.

La condena a cinco años y medio fue para el prefecto Guillermo Cavia por “homicidio en exceso de legítima defensa”. Los otros cuatros integrantes del Grupo Albatros —Carlos Sosa, Francisco Pintos, Juan Obregón y Sergio García— recibieron la pena de cuatro años y medio de prisión por haber sido “partícipes necesarios” del hecho. En el operativo represivo del 25 de noviembre de 2017 contra la lof, que recuperó tierras en la zona de Villa Mascardi, realizaron, al menos, 130 disparos con municiones de plomo.

El 29 de diciembre se leerán los fundamentos de la sentencia que familiares, organizaciones e individualidades repudiaron frente al edificio del Tribunal Oral Federal de Fiske Menuko (General Roca). Durante la lectura, el edificio del Poder Judicial lució escudado por un impactante cordón de vallas, policías federales, provinciales, miembros del Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y gendarmes. 

María Nahuel cuestionó el fallo y resaltó que ella y su comunidad tienen que volver al rewe (en referencia a las tierras recuperadas en Villa Mascardi) porque ahí se reencontrarán espiritualmente con el weichafe (luchador) Rafael. “Tenemos que volver a esa mapu (tierra), con papel o sin papel. Quizás haya más heridos, más muertos, pero tenemos que volver, porque como mapuce no tenemos miedo. Sabemos qué nos espera, sabemos que otra vez entró (Mauricio) Macri y la misma ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) que mandó a matar a Rafita”, aseveró.

En el juicio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había solicitado condenas por “homicidio agravado» por haber sido cometido con arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y por abuso del función de la fuerza de seguridad. En su alegato, la Secretaría había pedido condenas también por el «homicidio agravado en grado de tentativa» contra Johana Colhuan, Gonzalo Coña, Lautaro Gonzalez y Fausto Jones Huala. 

Por su parte, las querellas representadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la APDH-Bariloche agregaron a esas calificaciones el agravante por odio racial y calificaron el crimen como de «lesa humanidad». Tras la sentencia, anunciaron que apelarán el fallo. Ninguna de estas figuras fueron tenidas en cuenta por los jueces del tribunal.

Fue represión estatal

Aquel 25 de noviembre de 2017, en continuidad del genocidio fundante del Estado argentino, una brutal represión fue desatada para desalojar la recuperación territorial de la lof Lafken Winful Mapu. En ese contexto asesinaron al weichafe Rafael Nahuel. El joven tenía 22 años y había iniciado su recorrido de reconocimiento como mapuce y su recuperación ancestral. No fue la primera ni la última represión en ese territorio. En 2022, fueron detenidas allí siete lamgen (hermanas), entre ellas la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan Nahuel. Cuatro de ellas permanecieron seis meses presas. Hoy continúa en esa situación la lamgen Yessica Boneffoi Carriqueo Antimil. 

El juicio por el crimen de Rafael comenzó en agosto, con pocas expectativas. Hubo cinco imputados, 20 audiencias y 63 testigos. Las audiencias fueron cubiertas por los medios hegemónicos, pero también se desarrollo un trabajo de contrainformación permanente en Fiske Menuco con la tarea de Radio Zona Libre —de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga— junto a Revista Cítrica e Información Territorial, dando lugar a las voceras de la comunidad y activistas por sobre la versión que criminaliza a Pueblo Mapuce.

Durante las audiencias del juicio oral se expusieron los resultados y declararon los responsables de los peritajes y la inspección ocular, lo que permitió determinar que todos las vainas encontradas y la dirección de los disparos provenían de las armas que utilizó la Prefectura. Con esas pruebas, las querellas dieron por probada la falsedad del enfrentamiento planteado por la defensa para justificar el asesinato. Las armas estaban de un solo lado. Los muertos, del otro. 

En el juicio fueron fundamentales las declaraciones de Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro Curruhinca. Colhuan es prima de Rafael, testigo presencial de su asesinato y herida en el mismo hecho. Jones Huala y Curruhinca son quienes bajaron de la montaña el cuerpo sin vida del joven. Fueron arrestados luego del crimen y detenidos por varios días. Los tres relataron cómo actuaron los represores, que dieron «voz de alto» y, sin aguardar ninguna reacción, comenzaron a disparar balas de plomo. 

Jones Huala y Curruhinca estuvieron en la clandestinidad, perseguidos por el Estado desde unos días después del asesinato. A ambos quisieron extorsionarlos, ofreciéndoles juicios abreviados. El primero de ellos se vio obligado a aceptar por situaciones de su intimidad y se concretó hace apenas unos meses, pero en su declaración en el juicio oral contó detalles del “acuerdo” y pudo dar la versión que le censuraron entonces, haciendo hincapié en que ellos no tenían armas de fuego. Curruhinca, que llegó a declarar sobreseído por prescripción de la causa, lo hizo en la misma línea. Tras la audiencia, brindó una entrevista a Radio Zona Libre en la que dejó sentada su postura sobre el Poder Judicial e incentivó a seguir luchando contra el despojo territorial y el extractivismo. 

“Es una justicia de porquería y no se puede esperar nada bueno”

Tras el veredicto sobre el megaoperativo de 2017, ordenado por el juez Federal de Bariloche Gustavo Villanueva y ejecutado por las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo indignación y bronca. Con la presencia de la familia de Rafael Nahuel, familiares de otros asesinados por el Estado, organizaciones sociales y políticas e individualidades autoconvocadas contra la continuidad del genocidio, se realizó un pequeño acto. Allí, Graciela y Alejandro, madre y padre de Rafael, pudieron manifestar su descontento.

Alejandro expresó: “Estamos disconformes con la sentencia que dieron. Esperábamos cadena perpetua. Es una burla de la Justicia para la familia. Tenían toda la prueba. A mi hijo lo bajaron de arriba de la comunidad. No se hacen cargo de que ellos se llevaron su vida. Vamos a seguir pidiendo justicia por mi hijo Rafa”. 

Por su parte, Graciela pidió que los prefectos condenados «estén en la cárcel». «Ellos ahora andan libres como si nada, ni siquiera vinieron a dar la cara, y le dieron un disparo por la espalda a mi hijo», denunció la mujer, respecto de los prefectos que siguieron las audiencias por videoconferencia y no se presentaron para la sentencia. «Lo que más quiero como mamá es seguir pidiendo justicia, porque no estamos conformes con la sentencia que dieron. Es una burla de la Justicia, no sienten el dolor de los padres, de nadie -sostuvo Graciela-. Me encuentro muy desilusionada, porque esta es una Justicia de porquería y no se puede esperar nada bueno».

En ese tono, Graciela aseguró que continuarán exigiendo justicia porque «Rafita tiene que descansar en paz». «Destruyeron una familia y no les importó nada. Atropellaron a la comunidad, le dieron disparos por la espalda a Rafita, atropellaron a las madres que estaban ahí con sus hijos. Por eso es injusto esto que están haciendo», repasó.  

“Tenemos que volver al rewe porque Rafita nos está esperando ahí”

María Nahuel, tía de Rafael, también definió el veredicto como “una burla más del Estado”. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, a la que pertenecía el weichafe asesinado, aseguró: “Sabíamos que no habría justicia para el Pueblo Mapuce” y que “si hubiera sido al revés, si nosotros hubiéramos matado un milico, un albatros, un gendarme; seguro que estaríamos en cana, sin poder estar en nuestras casas”, sostuvo en referencia a casos de otros mapuce perseguidos por causas mucho menores. 

“Como ellos son parte del Estado, no hay justicia. Ellos cuidan a los suyos, las condenas son una burla. Ellos son los que mandaron a desalojar, a matar por la espalda, a herir a dos lamgen, con mucha violencia”, recordó y dejó en claro: “Cuando asesinaron a Rafita no hubo enfrentamiento, nosotros no teníamos armas. Allá no fue uno igual al otro como decían ellos. Nuestra única arma son las piedras, no tenemos otras cosas”.

“Rafita no era delincuente, terrorista ni usurpador. No puede ser usurpador en su propio territorio. Él era una persona muy generosa, con un buen piwke (corazón), con muchas ganas de vivir y de estar en el campo, de cumplir su sueño. En un segundo, le quitaron su sueño y se lo siguen quitando hoy”, aseguró.

A pesar de las sensaciones tras la sentencia judicial, María recupera la espiritualidad mapuce y asegura que aunque «él personalmente no está, espiritualmente siempre está con nosotros. Por eso, tenemos que volver al rewe, porque él nos está esperando ahí, su newen, su fuerza”. Con el objetivo del retorno al territorio, la tía de Rafael contó que aún esperan las reuniones para la restitución de la tierra “que pertenece espiritualmente a la machi, a su gente, y también a Rafita que dio su vida por la mapu. La mapu, que Parques Nacionales dice que maneja, es de todo el Pueblo Mapuce-Tehuelche. Antes de que llegue el wingka (el blanco invasor) fue habitada por nuestros antepasados: así como nos vamos, volvemos a habitar esta mapu”.

“Hoy seguimos teniendo lamgen (hermanos y hermanas) prófugos en distintos lados de los territorios por defender nuestros territorios y Yessica Bonnefoi que sigue detenida”, lamentó María en relación al resto de las consecuencias del desalojo que terminó con el asesinato de su sobrino.  Sobre la situación de Bonnefoi manifestó: “La lamgen sigue detenida, lejos de sus hijos, también esperando justicia. Ella no es delincuente ni usurpadora. Estuvimos todos juntos defendiendo esa mapu, ahí donde se asentó la machi, ahí donde volvimos al territorio, porque nosotros no es que vamos a recuperar: volvemos al territorio del que nuestros mayores fueron despojados. No es que le sacamos nada a nadie. No somos ni delincuentes ni terroristas. No somos alcohólicos, como dicen. Somos pueblos preexistentes al Estado y queremos vivir un poco de lo que han vivido nuestros antepasados, por eso la persecución a nuestros lamgen, por eso esta lucha”.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva