Existe una tendencia a suponer que las obligaciones internacionales del Estado mexicano derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) son un asunto que compete exclusivamente al Gobierno Federal; ignorando que las autoridades estatales y municipales son también parte integral del Estado y son responsables del cumplimiento de las normas.
Así lo reporta el libro Obligaciones de las autoridades de Jalisco ante la desaparición de personas, del Dr. Alejandro Anaya Muñoz, Vicerrector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que bajo esta premisa se dio a la tarea de recopilar y sistematizar las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano entre 1994 y mayo de 2022 relativas al derecho a no ser sometido a desaparición.
El libro, que se puede consultar aquí de manera gratuita, fue presentado y analizado por un panel de especialistas en derechos humanos. La Mtra. María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), explicó que esta obra recopila las recomendaciones internacionales que atañen a autoridades estatales y municipales de Jalisco, considerando variables como órgano emisor, tipo de acción y el poder al que están dirigidas.
Del total de 3 mil 591 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano entre 1994 y mayo de 2022, 436 (12.1%) han sido relativas al derecho a no ser sometido a desaparición, y de ellas, 317 competen a los gobiernos estatales, incluyendo el de Jalisco, según explica el documento.
En comparación con los gobiernos municipales, el Gobierno del Estado lleva una mayor carga en lo que respecta a la puesta en marcha de las acciones sugeridas, pues de las 317 recomendaciones, solo 76 competen a los gobiernos municipales.
El Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector de IBERO CDMX e IBERO Tijuana, recordó que cuando inició su rectorado en el ITESO en 2018 se realizó un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, que resultó en la creación de sinergias para fundar el CUDJ.
El Dr. Carlos Fabián Pressacco Chávez, académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y coordinador del grupo de trabajo de Derechos Humanos de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), señaló que la responsabilidad es colectiva y no atañe a un solo orden de gobierno o a un solo sector de la sociedad civil.
La Dra. María Luisa Acosta Castellón, académica de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, señaló que el desaparecido no es la única víctima, sino también la familia. “Hay mucho más consuelo en ver a su muertito, que no saber dónde está tu ser amado”, dijo.
El Dr. Efrén Guerrero, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, indicó que uno de los grandes retos de los que da cuenta esta publicación es la falta de seguimiento a las recomendaciones, mismas que, afirmó, deben traducirse en políticas públicas que permitan ser medibles y evaluadas.
En tanto, Daniela Bocanegra Toledo, directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios del municipio de Zapopan, apuntó que es prioridad crear sinergias y diálogo horizontal entre las instituciones y los sectores que convergen en esta problemática.
Por su parte, la Lic. Sofía Berenice García Mosqueda, regidora y titular de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad de Guadalajara, recordó que, tan sólo en este año, ya se tiene cuenta de 2 mil 113 personas desaparecidas.
El documento identifica los elementos más destacados de la agenda pendiente en esta materia en las entidades del país, incluyendo Jalisco: Investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de la violación del derecho a no ser sometido a desaparición, y reformar e implementar el marco jurídico o normativo.
Así como elaborar y mantener bases de datos, estadísticas o registros administrativos; reparar el daño a las víctimas; e incluir, consultar y colaborar con organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas.
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