Foto: Isidro Baldenegro, defensor de la tierra tarahumara contra la tala ilegal

En su informe titulado «¿A QUÉ PRECIO? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017», la organización Global Witness calcula que por lo menos 207 personas fueron asesinadas el año pasado por defender la vida y el territorio, el peor registro que se tiene hasta la fecha (en 2016, eran por lo menos 200 víctimas). Concuerda con las cifras de Front Line Defenders, que en su informe 2017 contabilizó que de 312 desfensores de derechos humanos asesinado en el transcurso del año, el 67% (209) defendían la tierra.

Los cinco países más letales son Brasil (pasó de 49 a 57 asesinatos entre el 2016 y el 2017), Filipinas (de 28 a 48), Colombia (de 37 a 24), México (de 3 a 15) y la República Democrática del Congo (13 asesinatos).

La agroindustria fue el sector más peligroso, superando a la minería por primera vez. «Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria.», escribe Global Witness.

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Lista de defensores de la tierra asesinados en México en 2017,  según Global Witness:

Marciano Martínez Cruz, México
Rafael Hernández Cisneros, México
Isidro Baldenegro López, México
Juan Ontiveros Ramos, México
Benjamín Juárez José, México
José Carlos Jiménez Crisóstomo, México
Luis Gustavo Hernández Cohenete, México
Francisco Jiménez Alejandre, México
Santiago Luna Crisanto, México
Miguel Ángel Vázquez Torres, México
Agustín Vázquez Torres, México
Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, México
Pablo Andrés Jiménez, México
Gabriel Ramos Olivera, México
Felipe Ramírez, México

Extractos:

10 HALLAZGOS CLAVE

1. Al menos 207 personas defensoras fueron asesinadas en 2017, el año con más muertes registradas.

2. La agroindustria fue el sector más peligroso, superando a la minería por primera vez, con 46 personas defensoras asesinadas por manifestarse contra la forma en que se producen los bienes que consumimos.

3. En 2017 ocurrieron más masacres que nunca antes: Global Witness documentó siete casos en los que más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo.

4. Casi el 60% de las personas asesinadas en 2017 eran de América Latina.

5. Brasil presentó la mayor cantidad de muertes registradas en un año, en comparación con cualquier otro país del mundo (57). Mientras que en 2017 Filipinas fue el escenario de la mayor cantidad de asesinatos registrados en la historia en un país asiático (48).

6. México empeoró mucho en 2017, con un aumento de 3 a 15 asesinatos, en comparación con 2016.

7. Hubo una gran disminución en los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Honduras (de 14 a 5), aunque la represión de la sociedad civil en general es peor que nunca.

8. Algunos gobiernos y empresas reconocieron y tomaron más acción ante la problemática; pero se debe hacer mucho más.

9. La impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores; pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos y a actores no estatales con 90 de las muertes.

10. Documentar y verificar casos en África continúa siendo difícil.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

Detrás de los productos que usamos todos los días, suele esconderse una violenta realidad, ya sea en la comida en nuestros platos, en los anillos en nuestros dedos o en los muebles de madera en nuestros hogares. Paralelamente a la expansión de la agroindustria, la tala de bosques tropicales y la generación de grandes ganancias para las principales corporaciones mundiales producto de la minería, se dan ataques cada vez más brutales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

En Colombia, Hernán Bedoya fue baleado 14 veces por un grupo paramilitar. Fue asesinado después de manifestarse contra la palma aceitera y las plantaciones de banano en tierras robadas a su comunidad.

En Filipinas, cerca de la ciudad de Lake Sebu, los militares atacaron una pequeña comunidad, dejando ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran.

En uno de los ataques más grandes de 2017, los indígenas Gamela fueron violentamente agredidos en Brasil. Agricultores usaron machetes y rifles en un intento por tomar el control de su tierra por la fuerza, dejando 22 heridos de gravedad, algunos con las manos cortadas. Meses más tarde, ninguno de los implicados en este espantoso incidente se ha enfrentado a la justicia, lo que refleja una gran cultura de impunidad e inacción por parte del gobierno brasileño para apoyar a las personas defensoras. En lugar de tomar medidas para reprimir estos ataques, el Presidente Michel Temer y el Poder Legislativo brasileño están debilitando activamente las leyes y las instituciones diseñadas para proteger los derechos a la tierra y a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se han propuesto facilitar que las grandes empresas aceleren la explotación de frágiles ecosistemas, al parecer indiferentes ante el devastador costo humano y ambiental de sus actividades.

NEGOCIOS IRRESPONSABLES, GOBIERNOS NEGLIGENTES

Pero no sólo en Brasil los gobiernos y las empresas están dando la espalda a quienes luchan por proteger sus tierras y su forma de vida. Como lo muestra nuestro sexto informe anual, en todo el mundo, muchos de los responsables de los ataques contra personas defensoras, tanto como sus cómplices, literalmente logran librarse de los asesinatos. Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado.

Son una de las causas por las que 207 personas defensoras fueron asesinadas en 2017, convirtiéndolo en el peor año del que se tiene registro; y también una causa de que muchísimas más fueran atacadas, amenazadas o criminalizadas por tener la valentía de hablar abiertamente a favor de sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

Su inacción ayudó a que aumentaran los homicidios de personas que se manifestaban contra la agricultura a gran escala, a medida que crecía la fiebre mundial por acaparar la tierra. Su disposición a hacer la vista gorda ha permitido la impunidad sistémica, que posibilita que los perpetradores estén casi seguros de que nunca serán llevados ante la justicia. De hecho, los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria.

Muy probablemente, los datos recopilados y presentados minuciosamente en este informe y los estudios de casos incluidos, resultan una subestimación considerable, debido a los muchos desafíos para identificar y denunciar asesinatos. Sin embargo, así como está presentado, muestra que los gobiernos y las empresas enfrentan acusaciones muy serias que deben responder.

Todas las personas podemos hacer más.

En última instancia, los ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente se derivan de nuestro apetito voraz: por los bienes agrícolas como el aceite de palma, el café y la carne de vaca, y por los combustibles fósiles, los minerales y la madera. La extracción de estos recursos requiere de una mayor cantidad de tierra, convirtiéndola en un producto muy preciado. Las comunidades que han vivido y trabajado la tierra durante generaciones a menudo son las perdedoras en esta cruzada por los recursos naturales.

Las empresas tienen responsabilidad ante sus clientes, quienes deben poder confiar en que los productos que compran no están violando los derechos humanos, ni provocando destrucción cultural o devastación ambiental. Y nosotros, las y los consumidores, tenemos el deber de exigir que estas empresas cumplan con sus responsabilidades. Cuando bosques tropicales de gran riqueza son arrasados para sembrar monocultivos, los delicados ecosistemas que podrían capturar las emisiones de carbono se pierden para siempre. Cuando se explota la tierra para la minería, el suelo y el agua fresca se envenenan, poniendo en peligro la salud y el futuro de las comunidades cercanas. Estos abusos son tolerados, facilitados y en ocasiones incluso perpetrados por empresas e inversionistas irresponsables, junto con gobiernos corruptos o negligentes, que están empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios.

PONIÉNDONOS DEL LADO DE LAS PERSONAS DEFENSORAS

Son las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, las que se oponen a gobiernos, empresas e inversores inescrupulosos, en una lucha extremadamente desigual. Cada persona defensora tiene su propia historia, algunas de las cuales relatamos en nuestros estudios de casos de comunidades amenazadas en Brasil, México, Filipinas, Honduras y Colombia. No obstante, todas son parte de un movimiento global para proteger el planeta.

Ellas y ellos están en la primera línea en la lucha contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos. Defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia.

Y nos posicionamos a su lado. Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Aunque son el origen de muchos de los problemas documentados en este informe, los gobiernos y las empresas también tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Por lo tanto, hacemos un llamado a los gobiernos y a las empresas para que asuman la responsabilidad, den prioridad a las personas defensoras y:

> Aborden las causas fundamentales de la violencia contra las personas defensoras, especialmente la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades para el uso de sus tierras y recursos naturales.

> Apoyen y protejan a las personas defensoras en riesgo, para que puedan llevar a cabo su labor de forma segura.

> Garanticen la rendición de cuentas para que los responsables de los ataques contra las personas defensoras sean llevados ante la justicia; y para que haya consecuencias para quienes no protegen a las y los activistas, y para las empresas que no vigilan de forma adecuada sus cadenas de suministro.

Los consumidores también pueden participar, exigiendo garantías de que los productos que compran no están relacionados con el acaparamiento de tierras, los desalojos forzosos ni los ataques contra personas defensoras.

A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo. Haremos campaña junto a ellas, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. No nos cansaremos en nuestra pelea por asegurar que su voz sea escuchada.

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