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Ciudad de México | Desinformémonos. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) “será un ejército con mayor poder, pero con menos supervisión y transparencia, aumentando la amenaza de los derechos humanos y libertad de los ciudadanos”, advirtieron las organizaciones Mexicanos en Exilio, Otros Dreams en Acción, Border Network for Human Rights y Border Dreamers Alliance, radicadas en Texas, Estados Unidos.

Los representantes de las organizaciones apoyaron el pronunciamiento contra la ley que encabezaron Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y exigieron además una investigación sobre los miles de desaparecidos, asesinatos y violaciones de derechos humanos a manos del ejército en la última década.

“Aquí, en la frontera, vimos la tragedia de un programa similar cuando el expresidente Felipe Calderón firmó Operación Conjunto Chihuahua en el 2008. La presencia del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez provocó que esta ciudad fuera conocida mundialmente como la ciudad más peligrosa del mundo, debido a las altas cifras de desapariciones, asesinatos, casos de tortura y violaciones de derechos humanos en contra de activistas, periodistas y cualquier persona quien alzo voz en oposición”, explicaron.

Alertaron que la ley “hará poco para dirigir la violencia e inseguridad” y que, por el contrario, “compromete el el derecho de la libertad de expresión y protesta” y motivará el aumento de las violaciones a los derechos humanos, lo que podría provocar una nueva explosión migratoria hacia Estados Unidos.

“Desafortunadamente, con la administración de Trump la mayoría de estos individuos y familias que buscan seguridad en Estados Unidos enfrentan meses de encarcelamiento en centros de detención con condiciones inhumanas. La deportación de ciudadanos mexicanos inocentes en nuestro país solo los está forzando a regresar a su país, donde la violencia, impunidad y corrupción dominan”, agregaron.

Las organizaciones firmantes, fundadas e integradas por víctimas de violencia en México y como migrantes en Estados Unidos, coincidieron en que la LSI más allá de mejorar la situación de seguridad en el país, comprometerá la protección e integridad de los ciudadanos por la amenaza de las fuerzas armadas como actores en la seguridad pública.