Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades mexicanas ignoran las resoluciones judiciales que disponen proteger a los pueblos y hacen “un uso abusivo del poder” al avanzar en la construcción de megaproyectos sin considerar los impactos en las comunidades, aseguró Isabel Madariaga, exfuncionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Madariaga señaló que a los pueblos indígenas afectados no se les reconoce el derecho a la libre determinación y no son consultados de manera libre, previa e informada, como lo estipulan las normas internacionales y la Constitución.

Sus comentarios fueron difundidos luego de que se dio a conocer el informe “Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia”, en el que se estudiaron los impactos por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla y la del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en San Salvador Atenco, en el Estado de México, así como la siembra de soya transgénica en las comunidades mayas de Campeche.

“El gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples pero cruciales para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos”, señaló la consultora independiente en derechos humanos para organismos nacionales e internacionales.

Indicó que entre esas medidas se encuentran el fortalecimiento de la legislación agraria, obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales a favor de los pueblos y comunidades, así como respetar su derecho al consentimiento y a definir sus prioridades de desarrollo.

El informe fue entregado tanto a la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, como a otras autoridades de México y otros países.