Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones responsabilizaron al Estado mexicano de los agravios y violaciones a los derechos humanos cometidos en Chiapas, «ya sea por comisión, omisión o aquiescencia», y remarcaron que es necesario poner fin a la impunidad «que protege y alienta el actuar de grupos criminales y empresariales que se disputan el control de territorios, recursos y mercados».
En el marco del Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia, las organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por «el grave panorama de inseguridad y violencia» en Chiapas, donde el crimen organizado y los grupos armados vinculados con el cacicazgo político, agrario y económico «actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno».
Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst), calificaron de fundamental que el gobierno «haga explícitas, más allá del discurso, acciones encaminadas a la construcción de paz» en la entidad y en todo el país, el cual registra un alto índice de asesinatos a defensores y periodistas, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, despojo territorial, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Frente a la crisis de derechos humanos en el estado, instaron al gobierno a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad y a combatir la cooptación de autoridades de los diferentes niveles por redes de intereses criminales-políticos-económicos.
A continuación el comunicado completo:
Con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México, este 1 y 2 de junio se realizó el Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En este espacio de convergencia participamos el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania y sus contrapartes: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, CODIGO DH, así como Serapaz.
Uno de los elementos centrales de preocupación de las organizaciones firmantes es el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
En este sentido, manifestamos nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; destacamos su labor para la construcción de la paz en un escenario de constante asedio para las personas defensoras de derechos humanos.
México no ha podido superar la grave crisis de violaciones a los derechos humanos e impunidad que enfrenta desde hace al menos dos sexenios. El caso de las personas desaparecidas, cuya dimensión se incrementa, es un triste ejemplo de ello; de acuerdo con datos oficiales, este mes de mayo el país superó la barrera de las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Dicha crisis también se refleja en otros graves indicadores con impacto en todo el territorio nacional, como la extrema inseguridad, la violencia, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, la tortura, los abusos contra personas migrantes, así como contra niños, niñas y adolescentes; la violencia de género, la falta de acceso a la justicia, los constantes ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C. (ACUDDEH), 310 personas defensoras de derechos humanos han sido ejecutadas con la finalidad de detener su labor, de 2006 a marzo de 2022. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, registrando niveles de ataques similares a países abiertamente en guerra, como Siria: tan sólo en el transcurso de los primeros cinco meses del 2022, el gremio ha sufrido el asesinato de once periodistas.
Los pueblos han denunciado la violencia estructural ejercida a través de la Ley de Consulta, que legitima la realización de megaproyectos en sus territorios, aún en contra de su voluntad. A pesar de la violencia generalizada, las comunidades siguen de pie, construyendo caminos de paz y alternativas para fortalecer su autonomía y defender su territorio.
Resaltamos la responsabilidad del Estado Mexicano en estos agravios, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia. El fin de la impunidad que protege y alienta el actuar de grupos criminales y empresariales que se disputan el control de territorios, recursos y mercados, es uno de los principales retos para la construcción de paz.
Desde este espacio de reflexión, llamamos a la sociedad civil organizada a favorecer el diálogo democrático y a seguir construyendo Paz y Justicia desde la cultura de la No Violencia, para así fortalecer la articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía.
Instamos al Estado Mexicano a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad y a combatir la cooptación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno por redes de intereses criminales-políticos-económicos. Es fundamental que haga explícitas, más allá del discurso, acciones encaminadas a la construcción de paz.
Hacemos nuestro el reclamo de verdad y justicia por el asesinato de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista e integrante de Las Abejas de Acteal.
Aluna Acompañamiento Psicosocial
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
CODIGO DH (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Universidad de la Tierra en Oaxaca