El 5 de marzo de 2023, el gobierno nacional con el movimiento campesino de los departamentos colombianos de Guaviare, Caquetá y Meta, luego de 43 días de protesta de más de 4.000 campesinos e indígenas y del agravamiento de la situación por el incendio de las instalaciones de la Petrolera Emerald Energy, la retención de sus trabajadores y más de 70 miembros de la Policía Nacional, firmó el Acuerdo de los Pozos, San Vicente del Caguán, considerado como “un ejercicio vivo de construcción de paz con la naturaleza y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos”.
Las protestas fueron el resultado del incumplimiento por parte del gobierno de diferentes acuerdos entre los que se destacan: la Emerald Energy debe hacerse cargo de la pavimentación de 42 kilómetros de la vía San Vicente del Caguán, Los Pozos, Delicias, deteriorada por las actividades de la compañía; reconocimiento al derecho al buen nombre de líderes sociales de la comunidad que han sido estigmatizados; otorgar un permiso por parte de las autoridades ambientales para una cantera que se encuentra en el sector; solicitud de cumplimiento de los acuerdos pactados en los años 2028, 2019 y 2020 y el pago de las regalías petroleras por la Emerald Energy.
San Vicente del Caguán, puerta de entrada a la Amazonía colombiana, es un municipio del Caquetá cuyo territorio hace parte el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, sitio de confluencia entre la Amazonía, la Orinoquía y las alturas andinas. Es conocido por los fallidos diálogos de paz del Caguán entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), lo que obliga a analizar la complejidad del territorio y del conflicto armado, clave para entender la Colombia de hoy[1].
La relación entre la población de San Vicente y el Estado ha sido conflictiva al estar marcada por la guerra. Aún se recuerdan las marchas de la muerte debido a las ofensivas de la fuerza pública en 1964 y 1965, que dieron origen a las FARC y el desplazamiento (1980) ocasionado por el bombardeo del aeropuerto de la vereda Las Perlas y que generó el desplazamiento de dos mil campesinos hasta Neiva, la capital del Huila, donde duraron tres meses hacinados en el coliseo exigiendo garantías para una vida digna en la región.
Ha sido una historia de disputa violenta por el control territorial entre el Estado y las FARC, por su rica biodiversidad natural. Pero también un ejemplo de organización comunal: sindicatos agrarios, cooperativas, asociaciones de colonos, Juntas de Acción Comunal que desde la década de los 50 permitieron a los campesinos vivir y prosperar, creando formas de resolver los retos en justicia, convivencia, medio ambiente, derechos humanos, educación o infraestructura.
La disputa no ha cesado debido a la imposición de proyectos extractivos como los de explotación petrolera por parte de la Emerald Energy, que despoja campesinos, destruye la biodiversidad e incumplen los compromisos de mitigar los daños causados y reparar a las «víctimas del desarrollo». Esa disputa se ha profundizado a partir del posacuerdo debido a que tras la desmovilización de las FARC, se han incrementado la inseguridad por la presencia de diversos actores armados y la deforestación que plantean importantes retos para las poblaciones de la región. En el fondo, “la pregunta que inquieta es si la organización campesina, que ha posibilitado la vida en medio de la guerra, podrá resistir los cambios que están llegando tras los Acuerdos y podrá contener la embestida en contra del medio ambiente y la seguridad”.
Es en este contexto que se inscribe el significativo Acuerdo de los Pozos entre el gobierno y organizaciones campesinas que contiene 10 compromisos y que frente al debate suscitado tras múltiples señalamientos de “inacción” de las autoridades ante algunas actuaciones violentas, el jefe de Estado salió a decir que la orden a los militares de no intervenir salió directamente desde la Casa de Nariño: “La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás”. Y que Juan Pablo Trujillo Díaz vocero de los campesinos, declare que es “muy grato el que se haya llegado a un acuerdo que nos beneficia a los campesinos de la zona”.
Los acuerdos se resumen en: 1) Comisión mixta de derechos humanos 2) Mesa técnica entre el ministerio de Minas, el ANLA y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para revisar las condiciones de cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión y las solicitudes realizadas por los campesinos. 3) Las partes integrarán los acuerdos de Altamira -Mesa Técnica de Campesinos y de Indígenas, Villavicencio, Solano y el Acta del 14 de octubre de 2022 en Villavicencio en uno solo. 4) El gobierno nacional reconoce a la Coordinadora Coscopaas como interlocutor válido de un conjunto de organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare 5) El Gobierno Nacional deja la constancia que el Plan Artemisa, impulsado por el gobierno anterior, dejó de ser implementado debido a los cambios de políticas en materia de defensa, seguridad y medio ambiente que desde el ministerio de Defensa se impulsan. 6) Coscopaas se compromete a dar por terminada la movilización social pacifica y el retorno a sus lugares de origen. 7) Realización de reuniones trimestrales para efectos del seguimiento y cumplimiento al Acuerdo. 8) La financiación del desarrollo de las reuniones de seguimiento a los acuerdos, se hará de manera mancomunada entre diversas instituciones del Estado. 9) La secretaria técnica se ejerce entre los ministerios de Interior, Minas, Ambiente, Transporte y delegados de Coscopaas y 10) En caso de presentarse hechos que generen especial atención, la secretaria técnica deberá sesionar en un espacio no mayor a 5 días hábiles.
[1] Rodriguez* https://www.revistacredencial.com/historia/temas/san-vicente-del-caguan#:~:text=Guerra%20y%20organizaci%C3%B3n%20campesina&text=Las%20ofensivas%20de%20la%20Fuerza,que%20ocultarse%20en%20el%20monte.
