En reunión con organizaciones sociales y de derechos humanos, los padres y estudiantes normalistas de Ayotzinapa anunciaron el día de ayer en diversas entrevistas, las acciones y movilizaciones que realizarán para expresar su desacuerdo y rechazo al peritaje de fuego presentado de forma unilateral por la PGR el viernes pasado.
Con la presencia de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el Frente de Defensa Popular, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) oficial, así como de organismos de derechos humanos, en la reunión realizada el domingo en el comedor de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se acordó mantener la presencia y la solidaridad con los padres y compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos participando en las movilizaciones y programa de acciones acordados.
En entrevista para Radio Alborada de Tixtla, el abogado Vidulfo Rosales habló acerca de la difícil situación que enfrenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para realizar su trabajo, ya que desde el mes de febrero sólo han encontrado obstáculos a su labor. “Ellos deben valorar si quieren quedarse en México a realizar un tercer periodo para brindar asesoría técnica en el caso de la desaparición forzada de los normalistas, porque las condiciones son muy desfavorables” reconoció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Rosales denunció que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) presentó las conclusiones del último peritaje en el basurero de Cocula, puso a los padres, a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como a los integrante del GIEI, “entre la espada y la pared”.
“La difusión unilateral rompe los acuerdos fundamentales de la PGR con el GIEI y los padres de familia, lo cual polariza y tensa la relación entre el gobierno y los padres. La PGR como el gobierno federal abandonaron la ruta de la justicia, el camino de la técnica y la ciencia que nos pudiese haber llevado al conocimiento de la verdad, y nos están llevando otra vez, a la ruta a la política” aseguró el abogado.
Antes de la reunión con organizaciones, los padres de familia estuvieron con los abogados de los organismos civiles de derechos humanos a puerta cerrada, para analizar el documento leído el viernes por uno de los seis integrantes del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, Ricardo Damián Torres, sobre el último peritaje en el basurero de Cocula.
El citado documento presentado unilateralmente por la PGR establece que en tres puntos de el basurero de Cocula hay evidencia de un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar, sin precisar en qué fecha o periodo ocurrió el incendio, y que ahí, al menos fueron quemadas 17 personas, sin precisar si se trata o no de los normalistas desaparecidos.
Rosales Sierra precisó que el documento no corresponde al peritaje de fuego ya que son una serie de conclusiones que no son compartidas por todos los integrantes del equipo de expertos en fuego. Cuando el documento técnico se integre a la averiguación previa, entonces los padres van a saber si las conclusiones que Damián Torres presentó a los medios de comunicación corresponden al mencionado documento.
Del panel de expertos en fuego, indicó que de seis expertos, tres fueron propuestos por la PGR, y al menos dos defendieron públicamente la tesis oficial de la PGR (Mario Saldaña y John DeeHaan), y si no alcanzaban el consenso, al menos confiaban en que cada uno expresara sus posiciones ante la opinión pública.
En su lugar, denunció que Damián Torres llevó a la opinión pública un informe preliminar, que se refleja claramente en el tercer punto, donde dicen que no es posible establecer si en el basurero fueron incinerados 43 personas.
Por último citó los estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes dejaron claro que en el basurero de Cocula hubo múltiples eventos de fuego durante mucho tiempo antes a 2014, pero no se puede establecer si hubo fuego el 26 de septiembre, la noche que presuntamente los estudiantes habrían sido quemados.
Asimismo, que los restos de al menos 17 cuerpos adultos fueron identificados por el EAAF entre miles de fragmentos óseos hallados en el basurero de Cocula, colocados ahí en diferentes tiempos, que no corresponden a un solo evento de fuego.
Con información de Radio Alborada de Tixtla
foto: Desinformémonos
