foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
Ciudad de México I Desinformémonos I Un nuevo análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados y defensores de derechos humanos, recibieron mensajes con enlaces vinculados a Pegasus entre septiembre y octubre de 2015. Karla Micheel Salas es columnista de Desinformémonos
Los intentos de infección a los aparatos de intercomunicación de los abogados se suman a los más de 90 mensajes documentados en los que se ha detectado, en análisis de laboratorio, el uso de este software en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, expertos internacionales y algunos políticos. Es comercializado por NSO Group y fue adquirido por tres dependencias del gobierno mexicano al menos.
David Peña y Karla Micheel Salas recibieron el malware a través de mensajes recibidos en septiembre y octubre de 2015, muy pocos días después de que asumieron el caso Narvarte, en el que fueron asesinadas cinco personas y de haber cuestionado la actuación de las autoridades de la Ciudad de México en el mismo.
foto: Cuartoscuro
Ambos abogados representan a tres de las cuatro mujeres torturadas y asesinadas junto al fotoperiodista Rubén Espinosa en la colonia Narvarte de la capital mexicana el 31 de julio de ese año. Una de las víctimas, Nadia Vera, al igual que Rubén habían huido meses antes del estado de Veracruz por amenazas del entonces gobernador Javier Duarte.
Karla Micheel Salas es abogada feminista y defensora de derechos humanos que se desempeña actualmente como Directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. en la Ciudad de México; mientras que David Peña es un abogado y defensor de derechos humanos que labora como Coordinador Jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. Ambos forman parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Durante 2015, Salas y Peña realizaron el acompañamiento de varios casos de violaciones a derechos humanos. Entre marzo y septiembre, por ejemplo, realizaron el acompañamiento legal y trámite de cientos de juicios de amparo interpuestos por radioescuchas del programa MVS Noticias Primera Emisión con Carmen Aristegui tras su salida del aire.
Así mismo, ambos también trabajaron en la elaboración del amparo en contra del No Ejercicio de Acción Penal, dictado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en julio de 2015, en el caso de la red de trata de personas encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México.
David Peña recibió un texto que le informaba de un supuesto caso de extorsión que afectaba a un grupo de abogados con el que trabajaba y tiempo después un segundo mensaje pero, pero no abrió ninguno de ellos.
Micheel Salas, sin embargo sí lo hizo cuando leyó en su celular: “Karla en la madrugada falleció mi padre estamos devastados, te envío datos del velatorio, espero puedas venir”.
Entre septiembre y octubre de 2015, los defensores reportaron haber recibido tres mensajes con enlaces sospechosos:
Coyuntura de los mensajes
El 31 de julio de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la antropóloga social y activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Olivia Alejandra Negrete fueron asesinados en un departamento de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Las víctimas fueron halladas en las recámaras y el baño del lugar; habían sido ejecutadas con un disparo de arma de fuego en la cabeza y sus cuerpos presentaban lesiones, signos de tortura y violencia sexual.
Rubén Espinosa, una de las víctimas, se había mudado a la Ciudad de México porque había recibido amenazas en Veracruz a causa de su trabajo como fotoperiodista. Así mismo, Nadia Vera, activista y promotora cultural, también emigró de Veracruz por motivos similares; en noviembre de 2014, denunció en una entrevista que había recibido amenazas de muerte y responsabilizó al gobernador Javier Duarte por cualquier cosa que pudiera pasarle.
El 4 de agosto de 2015, el fiscal Rodolfo Ríos Garza vinculó a tres personas con el multifeminicidio y homicidio. La línea de investigación principal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (entonces, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF) fue el robo, a pesar de que la compañera de departamento de Nadia (quien se encontraba trabajando cuando ocurrió el crimen) declaró que los delincuentes habían tomado solamente seis mil pesos y que habían dejado varios objetos de valor en el lugar.
El 11 de agosto, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rindió su declaración ante la fiscalía, en la que se deslindó de cualquier responsabilidad. El 31 de agosto, ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica –quienes fungen como representantes de la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa– acusó a la PGJDF de haber violado los protocolos de investigación al filtrar información sensible sobre la caso a la prensa, tales como fotografías de los cuerpos o los resultados de los estudios químicos realizados a las víctimas.
El 10 de septiembre, los abogados de las víctimas del caso Narvarte (entre ellos, Karla Micheel Salas y David Peña) solicitaron a la PGJDF, entre otras cosas, ampliar los testimonios del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita; así como de su predecesor, Benito González Morales.
El llamamiento de Bermúdez se da en el contexto de señalamientos previos de Nadia Vera y Rubén Espinosa hacia el titular de la SSP en Veracruz por una agresión a estudiantes y activistas de la Universidad Veracruzana. Igualmente, una investigación posterior del periodista Juan Omar Fierro reveló que seis empresas de seguridad privada, pertenecientes a Bermúdez, se ubican en las cercanías de la colonia Narvarte. En el reportaje, Salas y Peña indican que la PGJDF desestimó cualquier vínculo político o periodístico como línea de investigación.
El 23 de septiembre, el abogado David Peña señaló que implicados en el multifeminicidio de la colonia Narvarte realizaron al menos 30 llamadas y mensajes de texto entre los asesinatos y hasta dos horas después del crimen. Peña pidió a la fiscalía que se investigaran dichas comunicaciones para determinar con quiénes mantuvieron contacto.
El 25 de septiembre, se hizo público que la familia de Mile Virginia Martín, la modelo colombiana asesinada, aceptó la representación legal de Peña y Salas. Ese mismo día, David Peña recibió un mensaje de texto con un enlace vinculado a la infraestructura de Pegasus. El mensaje provino del número 5549576224; el mismo teléfono fue utilizado los días 5 y 6 de septiembre, en dos intentos de infección en contra del periodista Carlos Loret de Mola.
El 1 de octubre, las autoridades reportaron el hallazgo de la camioneta en la que los homicidas se trasladaron hacia el departamento de la colonia Narvarte. Ese mismo día, ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, emitió un informe especial señalando que la fiscalía aún no había logrado esclarecer el móvil del multifeminicidio.
Ese día, Karla Micheel Salas recibió un mensaje de texto con un enlace vinculado a Pegasus. El contenido del mensaje guarda similitudes con las frases de ingeniería social usadas en otros casos documentados, y el número de teléfono (5535044351) coincide con el usado en dos intentos de infección en contra de Carlos Loret de Mola, ocurridos el 1 y 3 de septiembre.
El 13 de octubre, diversas organizaciones presentaron el Primer Informe sobre la Negación de Justicia en el Distrito Federal, en respuesta a la comparecencia del procurador Rodolfo Ríos Garza ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicho reporte, se señaló que la PGJDF “ha construido una verdad paralela a través de filtraciones y notas pagadas en medios de comunicación, dejando de lado las posibles motivaciones políticas”.
Dos días después, Peña recibió un mensaje con un enlace malicioso a una supuesta noticia que relacionaba a un integrante de la ANAD (Asociación Nacional de Abogados Democráticos, a la que él pertenece) y a Perla Gómez, directora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con una extorsión. Al igual que otros casos documentos, el SMS se hacía pasar por una nota de UNO TV y hacía uso de la ingeniería social para persuadir al objetivo de hacer clic.
Según John Scott-Railton, uno de los artífices del informe de la universidad canadiense, los casos evidencian “un patrón” porque los objetivos del espionaje han sido “abogados e investigadores cuyo trabajo contradice las tesis oficiales”.
Con información de Unión de Periodistas y R3D
