Sin tomar en cuenta evidencias científicas que arrojan grupos genéticos diferentes al de Rubén Espinosa, el fotoperiodista asesinado, y a los de los tres inculpados, dos de ellos en días pasados, el ex policía Abraham Tranquilino y Daniel Pacheco, ampliaron su declaración y se retractaron de la versión original. 

En la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, fueron asesinados Alejandra Negrete, Mile Virginia, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quiroz el 31 de julio de 2015.  El multihomicidio, seis meses después,  sigue sin ser esclarecido. Article 19, organización que defiende la libertad de expresión alrededor del mundo dice: “La Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) se ha caracterizado por su desdén hacia las víctimas, lo cual se refleja en la falta de voluntad para continuar de forma diligente y exhaustiva las investigaciones. Al día de hoy desconocemos el móvil de los asesinatos y la autoridad no quiere profundizar en la línea de investigación sobre las amenazas recibidas por Nadia Vera y Rubén Espinosa dentro de sus actividades como activista y periodista,  respectivamente”.

No ha sido del interés de la Procuraduría conocer realmente la mecánica de los hechos al interior del domicilio donde se cometió el crimen, no se han identificado a las personas que se comunicaron previamente con los indiciados, tampoco se han obtenido la “sábana de llamadas” a los teléfonos celulares de las víctimas continúa diciendo Article 19 en su denuncia pública a seis meses del multihomicidio.

Mientras tanto, dos de los inculpados, el ex policía Abraham Tranquilino y Daniel Pacheco, se retractaron de sus declaraciones y niegan su vinculación con los hechos delictivos argumentando que declararon bajo coacción.

“Los detenidos se ubicaron en lugar y circunstancias distintas el 31 de julio pasado, diciendo que no estuvieron en el lugar del crimen. Esta declaración debe tomarse con reserva, pero por el hecho de haber alegado coacción, deberá demostrarse si hubo tortura o tratos crueles” señaló el abogado Leopoldo Maldonado, abogado de la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa.

En el sitio se han encontrado indicios científicos que sugieren la participación de más personas. Las pruebas de ADN arrojan grupos genéticos de otros sujetos masculinos que no corresponden ni a Rubén como víctima, ni a ninguno de los tres inculpados al momento. “No se ha querido confirmar o descartar, a partir de pruebas consistentes, la coautoría y participación de más personas en los hechos” comenta en su denuncia la organización que defiende la libertad de expresión

Por su parte,  Karla Michel Salas, abogada de dos de las víctimas, comentó que dos de los tres involucrados hasta ahora, pidieron una ampliación de su declaración en el juzgado, y argumentaron que fueron torturados para confesar que estuvieron en el lugar de los hechos.

A pesar de esto, la abogada considera que es probable que se dicte sentencia condenatoria contra los detenidos pues el juzgado que lleva el caso siempre ha resuelto a favor de la Procuraduría. “La verdad de lo que pasó, incluyendo el móvil del homicidio, sigue sin conocerse” dijo Michel Salas en entrevista con Animal Político.

“Las víctimas siguen sin conocer la verdad de los hechos, La sociedad no sabe a seis meses que pasó aquel 31 de julio, no se ha indagado la participación de otras personas aunque existen indicios. Y además hubo una campaña de las autoridades para denigrar y desprestigiar a las víctimas” dijo la litigante en la entrevista.

La PGJDF ha demostrado su incapacidad para construir una investigación seria, imparcial y objetiva. El caso Narvarte es el síntoma de una crisis en materia de procuración de justicia en la Ciudad de México que solo refrenda el mantenimiento de la impunidad. La única certeza es que la ciudad ha dejado de ser un lugar seguro para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el país dijo Article 19 al recordar los hechos ocurridos hace 6 meses.