Una estructura de paredes y techos construidos de malla metálica y nailon es su hogar desde hace más de cuatro años. Trozos de árbol la hacen de varillas y, de paso, de bases de cama. Cobijas y trapos fungen como puertas.

En el espacio de escasos 15 metros cuadrados no hay chimenea. Para paliar el intenso frío que cunde en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los habitantes de esta casa plástica han recurrido a su ingenio: con un bote de metal improvisan un fogón alimentado de aserrín. La casa se llena de humo; los ojos de los principiantes arden.

¿Que si la humareda daña su salud? Ni siquiera se lo preguntan. El objetivo inmediato es mantener el cuerpo tibio. El remedio es efectivo. Nada más importa.

Ellos y ellas son los desplazados de Banavil, localidad chiapaneca ubicada en el municipio de Tenejapa. En total suma 19 las personas afectadas, todas ellas integrantes de la familia López Girón. La violencia por parte de los grupos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) los arrancó de su raíz, el territorio donde yacen sus muertos. Su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sería la causa de la violenta expulsión.

Los desplazados de Banavil sobreviven en una de las empinadas lomas que rodean el valle que es San Cristóbal. Un buen hombre les prestó un lote para instalarse, al que se llega por un camino empedrado. Los vecinos, gente pobre igual que ellos, los han cobijado. Por eso piden no tomar fotografías de los alrededores del lugar; para no incomodarlos.

Antonia, una mujer de semblante triste, el rostro del despojo, solo habla tseltal. Es la madre, la mayor de la familia. Ella también está presente en la entrevista, no así su mirada. Mientras los suyos relatan lo ocurrido, los ojos de la mujer se descargan en inagotable llanto.

Miguel, de 27 años de edad, menudo de cuerpo, cuenta que el 4 de diciembre de 2011 su familia fue atacada por unos 50 priistas que cargaban palos y armas de fuego. El saldo del episodio fue de una persona muerta, seis heridas, dos encarceladas (quienes ya están fuera de prisión) y una más desaparecida forzadamente. Se trata, en el último de los casos, de Alonso López Luna, padre de Miguel. Hasta el momento nada se sabe del señor. A sus familiares les fue devuelto únicamente su antebrazo.

Para sobrevivir, la familia tuvo que abandonar las ocho y media hectáreas de tierra que tienen en Banavil, la herencia de sus antepasados. La vida de los López Girón ha cambiado radicalmente desde entonces. Antes se dedicaban al cultivo de maíz y frijol, ahora los varones la hacen de jornaleros y las mujeres se ocupan en lavar ropa ajena.

Los más pequeños de la familia no asisten a la escuela. No alcanza para la educación; tampoco para la salud. Por eso, cuando se enferman se curan con hierbas y sólo en casos extremos compran medicamentos. Los 13 miembros que llegaron a San Cristóbal de las Casas a finales de 2011, luego de la violencia que los llevó al exilio, ahora suman 19. La familia ha crecido.

Miguel relata que en 1996 su familia se adhirió a las bases de apoyo del EZLN. En congruencia con su lucha, se resistieron a aceptar los proyectos sociales ofertados por el gobierno. Fue entonces que empezó el hostigamiento, las amenazas de muerte, el aislamiento, al grado de que las personas que cruzaban palabra con ellos eran multadas económicamente. Así transcurrían las cosas hasta ese 4 de diciembre, cuando la violencia escaló a su máximo nivel.

En cuatro ocasiones, los López Girón retornaron provisionalmente a su territorio, algunas de ellas con acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales. Uno de los retornos fue para enterrar a una integrante de la familia, quien falleció por los estragos del desplazamiento. Sin embargo, les fue imposible permanecer en el lugar por falta de garantías de seguridad. Además porque encontraron sus viviendas en mal estado y saqueadas.

Hoy, a poco más de cuatro años de los hechos, la familia mantiene la espereza de retornar de forma permanente y segura al verdadero hogar. Sus exigencias, dirigidas a los tres niveles del “mal gobierno”, son: justicia, verdad y retorno. Y es que, denuncian, trascurrido el tiempo, los hechos continúan impunes ya que el gobierno se ha negado a investigar y castigar a los responsables de los mismos.

La familia de 19 integrantes, incluidos bebés, pide al gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco, que busque a su padre hasta encontrarlo, así como hacer efectivas las 10 órdenes de aprehensión que existen en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López y del desplazamiento familiar.

Además de ello, demanda las condiciones de seguridad y de no repetición de los hechos que les permitan su inmediato y definitivo retorno a Banavil, aunado a la reparación del daño por el saqueo del que fueron objeto sus viviendas. Finalmente piden la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas contra Antonio y Pedro López Girón, a quienes se les acusa de portación de arma de fuego y del asesinato de un militante del PRI, delitos fabricados, según refiere Miguel.

El hombre asevera que a pesar de los ocurrido, su familia se mantiene firme en su lucha por el derecho a la tierra y a la libertad, demandas que los llevaron a simpatizar con el movimiento zapatista (ahora ya no pertenecen a éste; así lo decidieron, en tanto no resuelvan su problemática particular). “Nosotros resistimos. Mi familia no se desvía”, dice Miguel.

El indígena externa la solidaridad de su familia para con otros grupos víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal, recientemente han ocurrido en la entidad al menos cuatro desplazamientos forzados que involucran a unas 70 familias: Viejo Velasco (2006), San Marcos Avilés (2010), Banavil (2011), Primero de Agosto (2012).

Pedro Faro Navarro, director de la organización no gubernamental, refiere que los desplazamientos forzados referidos se relacionan principalmente con conflictos armados internos orquestados por el Estado a través de grupos de poder.

A finales de 2014, el Frayba lanzó la campaña Rostros del Despojo con el objetivo de hacer visible la problemática del desplazamiento forzado en Chiapas, misma que se enmarca, según refieren, dentro las estrategias gubernamentales que eliminan de manera sistemática la cultura comunitaria y niegan el reconocimiento pleno de derechos colectivos de los pueblos indígenas.