Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. El gobernador Graco Ramírez «ataca y criminaliza» al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, luego de que gracias a la intervención de esa casa de estudios se exhibiera que funcionarios de su gobierno enterraron en una fosa clandestina, en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, por lo menos 117 cadáveres y restos óseos de al menos otros 12, lo que configura «encubrimiento de delitos y probablemente crímenes de lesa humanidad», aseveró Javier Sicilia, funcionario universitario e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

A esos cuerpos, enterrados «como basura», según expresión de funcionarios de la UAEM e integrantes de organizaciones del Frente Amplio Morelense (FAM) que dieron a conocer en la Ciudad de México el informe Fosas clandestinas de Tetelcingo: interpretaciones preliminares, no se les realizó una necropsia, no fueron identificados, no se les abrió una carpeta de investigación para posibilitar que algún familiar pudiera rescatarlos algún día. Esa revelación provocó la reacción de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han realizado en varias ciudades morelenses movilizaciones para demandar la renuncia del gobernador Ramírez y su enjuiciamiento, así como de los funcionarios directamente responsables de esa y por lo menos otra fosa irregular, que se sabe existe en Jojutla, donde también autoridades judiciales habrían inhumado una treintena de cuerpos.

Graco Ramírez a su vez, en conferencia de prensa también en la Ciudad de México el mismo 23 de agosto de la presentación del informe sobre las fosas de Tetelcingo, acusó al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, al rector de la UAEM y a dirigentes de transportistas de «confabular» en su contra acusándolo de que su gobierno ha llevado al estado a una «crisis de inseguridad y violencia», la cual negó que exista.

«El Gobierno del Estado sufre una confabulación de fuerzas conservadoras en contra de un gobierno progresista, bajo una demanda de juicio sumario que exige la desaparición de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial», afirmó el funcionario.

Acusó al obispo de Cuernavaca de rebelarse y apoyar los ataques contra su gobierno por que el Congreso morelense aprobó su iniciativa para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es un reconocimiento de derechos humanos.

Del rector de la UAEM, el gobernador Ramírez afirmó que Vera «enfrenta seis denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por el mal manejo de recursos públicos, mientras que a los transportistas los acusó de oponerse a la modernización del transporte», según informó El Regional.

Aunque Javier Sicilia me aseveró, al entrevistarlo al final de la conferencia de prensa en el Centro Pro de Derechos Humanos, que el obispo Castro «no hizo declaraciones homofóbicas», sobre el tema de los matrimonios igualitarios y que el apoyo que está dando al FAM es contra la violencia y la inseguridad, basta ver sus declaraciones, su discurso contra las familias igualitarias que empuja el odio de los fanáticos, la marcha que organizó y la que está organizando para septiembre, para saber que la tirada de la iglesia Católica, no sólo de Castro, busca, al abrigo de la libertad religiosa constitucional, «quebrantar la libertad de las minorías homosexuales, enarbolando la defensa de la familia tradicional, pero vulnerando el artículo primero Constitucional sobre derechos humanos», como señaló Bernardo Barranco en La Jornada, donde advirtió que «el debate sobre los matrimonios igualitarios va mal, priman las descalificaciones, los prejuicios, la intransigencia y una escatología de odio».

Sobre el descontento de los transportistas, la ciudadanía padece históricamente las arbitrariedades y el caro y pésimo servicio que éstos dan, amparados por el tradicional contubernio que ha habido entre sus dirigentes y los partidos en el poder – llámense PRI, PAN o PRD- para la movilización de contingentes de acarreados para las campañas políticas, así que el argumento de Ramírez al respecto es creíble, porque tradicionalmente los transportistas han tratado de evitar que haya un ordenamiento del servicio que beneficie a la población.

En relación con las acusaciones penales que se supone ha interpuesto la Auditoría Superior de la Federación contra el rector Vera, si hay pruebas suficientes seguramente se procederá en su contra. Lo que no puede hacerse es, vía estratagemas legaloides, buscar violentar la autonomía universitaria, ni tratar de evitar la responsabilidad que Graco Ramírez pueda tener en el caso de las fosas de Tetelcingo y ahora de Jojutla, blandiendo una acusación cuya investigación debería correr por otras vías legales. Aquí no se trata de «si tú me pegas yo te pego» y a ver quién tiene más apoyo del gobierno federal para vencer al oponente.

Ya la iglesia Católica hizo recular al PRI y a Peña Nieto en lo que toca a la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios, aunque está firme el criterio de la Suprema Corte de Justicia que ya dictaminó la validez de éstos en todo el país. El pulso con los transportistas se resolverá, como siempre, en negociaciones, sea abiertas o en lo oscurito, claro se verá. Los juicios contra el rector Vera, de orden federal, habrá que seguirlos de cerca para que sean justos.

Lo que no puede ignorarse el horror (el informe se puede consultar vía internet en http://www.revistaresiliencia.org/tetelcingo/editorial/) de lo encontrado en las fosas clandestinas de Tetelcingo, la irresponsabilidad, impunidad y apatía de autoridades estatales y municipales, el sufrimiento de familiares y amigos de desaparecidos, de organizaciones de la sociedad civil que han estado atentos a la exhumación de los restos depositados ahí. Y eso requiere una acción decidida por parte del Congreso de la Unión, del gobierno federal, de las Comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos para que se castigue a los responsables directos e indirectos, se incorporen los registros genéticos de los restos encontrados en Tetelcingo a una base nacional y se investigue la causa de la muerte de quienes aún permanecen sin identificar, para tratar de castigar a los responsables de esas muertes y aplicar una justicia que ha estado demasiado ausente en Morelos y en el país.