A 10 años de la Masacre de Curuguaty, revisamos el proceso de criminalización contra las organizaciones y familias campesinas, a la par del avance político y empresarial del agronegocio en el territorio. Dialogamos con la Asociación Civil Base Investigaciones Sociales de Paraguay.
El 15 de junio pasado se cumplieron 10 años de la Masacre de Curuguaty, en Paraguay. Un violento desalojo, acompañado por un proceso judicial irregular, contra campesinos y campesinas que se encontraban ocupando las tierras públicas de Marina Kué, ubicadas en la localidad de Curuguaty, a 250 kilómetros de Asunción. La represión se llevó la vida de once campesinos y seis policías, además de un número indeterminado de personas heridas.
Este hecho fue utilizado como argumento del poder oligárquico y terrateniente para impulsar un juicio político contra el presidente electo Fernando Lugo y destituirlo. Desde entonces, el avance del agronegocio sobre el territorio nacional ha crecido progresivamente y ha recurrido a las peores violencias contra quienes allí se encuentran: persecución, represión a la protesta, masacres, envenenamientos por uso ilegal de agrotóxicos, afectación de tierras fértiles y varias otras.
A partir de la Masacre de Curuguaty, seguida por el golpe de Estado contra Fernando Lugo, la criminalización se legitimó como un proceder aleccionador: los y las campesinas que sostuvieron la ocupación de las tierras fiscales de Marina Kué fueron condenadas a una pena de prisión de hasta 35 años. Así, se intentó generalizar el miedo en todo el territorio paraguayo para limitar las experiencias de soberanía alimentaria y continuar con la producción agrícola ganadera a gran escala. Sin embargo, a 10 años de ese plan perverso, la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas continúa activa y disputando su derecho a la tierra.
Paraguay es uno de los países más desiguales de la región: se calcula que un 2,5% de la población concentra el 85% de las áreas productivas, mientras que el 40% de los pequeños agricultores familiares e indígenas poseen tan solo el 1% de las tierras. Cabe aclarar que Paraguay es el país con mayor población rural de América Latina, un 43% de sus habitantes.
Como continuidad de ese proceso, durante los últimos meses el senador del Partido Colorado, Enrique Riera, propuso impulsar un proyecto de ley que busca sancionar los cortes de ruta, en un nuevo intento de avance del agronegocio sobre el territorio. Si bien el proyecto no prosperó, da cuenta de un contexto político en el que se insiste en criminalizar a quienes luchan por la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra.
En ese marco, desde la agencia de noticias Biodiversidadla hablamos con Lis Garcia, Santiago Ortiz y Abel Irala, integrantes de la Asociación Civil Base de Investigaciones Sociales (BASE-IS) de Paraguay, para comprender el actual contexto: “Hay un sector conservador de la derecha política del país que está utilizando estrategias legales coercitivas para disminuir o violentar el derecho a la protesta: se inclinan por fortalecer dispositivos jurídicos que afectan un derecho humano fundamental”, sostuvieron en relación al reciente intento del senador Riera.
Sin embargo, este proyecto de ley es parte de un plan político más amplio e histórico. El mismo Riera, acompañado por el presidente Abdo Benítez, logró la aprobación de la ley 6830 durante el 2021, la cual establece penas de 10 años de prisión a quienes ocupen tierras privadas. Al respecto, explicaron desde BASE-IS: “Lo han intentado antes, en una lógica de apelar a un Estado con mayor fuerza punitiva, antes que a un Estado fortalecido en políticas públicas sociales. Es una continuidad de la Ley de criminalización que aumentó las penas de cárceles para ocupaciones de tierras, promulgada el año pasado, con la intención de criminalizar aún más a los campesinos y campesinas sin tierras”.
A pesar del fracaso de este proyecto de ley, su presentación indica una continuidad en las políticas de criminalización de la protesta y, en particular, de las organizaciones campesinas e indígenas, en un intento por generalizar el silencio y el miedo. ¿Qué piensan al respecto?
Esta vez no lo lograron, pero usaron el proyecto como forma de agitación desde ese sector conservador para criminalizar. Por más que no se apruebe el mecanismo legal, les sirve para desvirtuar las acciones de protesta. Se vacía de contenido la esencia del problema.
¿En qué contexto se sitúa este conflicto?
Este nuevo intento conservador se dió en el contexto de una multiplicación de crisis que se manifiestan de manera mucho más aguda, y estuvo marcado por amplias protestas que tenían incluso legitimidad o el apoyo de la opinión pública. Esto se configura en un marco general de retracción económica, donde están en juego los precios de los alimentos y del combustible, que afectan principalmente a la clase trabajadora.
¿Qué significa esta situación a 10 años de la Masacre de Curuguaty?
Desde ese hecho trágico para el intento de democratización del Paraguay, se observa una revitalización de la ofensiva de la derecha y de los sectores antidemocráticos, conformado por facciones más vinculadas al stronismo, por un lado, y otras con los negocios ilícitos, lavado de dinero y narcotráfico, por otro.
Vemos una lógica de continuidad en estos últimos 10 años: judicialización, criminalización, no recuperación de tierras malhabidas, acaparamiento de tierras, expulsión de comunidades campesinas. Fue un hito para la profundización de estos elementos, que han configurado el modelo extractivista en Paraguay y ha servido como motor de otros procesos de ofensiva de la derecha en el continente, como el golpe en Brasil en 2016, el lawfare en Argentina, entre otros.
¿Cómo se ha configurado el mapa del agronegocio en Paraguay desde entonces?
En los últimos 10 años se han liberado 40 eventos transgénicos nuevos. A esto se ha sumado la liberación de edición genómica, sin ningún tipo de discusión acerca de sus implicancias. En general, existe una flexibilización de las normas jurídicas para permitir la entrada de estas tecnologías.
Se desarrolló un fuerte acaparamiento de tierras para soja transgénica, maíz transgénico y trigo, a los que se suman nuevos rubros del agronegocio: plantaciones de arroz y monocultivos de eucalipto. Se han sentido los efectos de la crisis climática, con grandes inundaciones, incendios forestales e importantes sequías.
Hubo gran cantidad de desalojos, principalmente en territorios indígenas, atropellando normativas legales. En ese proceso de violento acaparamiento, lo novedoso es el avasallamiento al territorio indígena, así como la militarización del norte del país, a través de la presencia de la Fuerza de Tareas Conjuntas.
Hay un preocupante avance del modelo sobre el Chaco paraguayo, que es aproximadamente el 60% de la superficie del país, una zona clave para la extensión del agronegocio. Territorio sumamente importante en términos de biodiversidad y riqueza cultural, que está bajo amenaza. La producción ganadera ha avanzado, lo cual ha generado las mayores tasas de deforestación a nivel regional.
En este marco, ha avanzado también la ganadería feedlot, que tiene un alto consumo de agua, lo cual pone en riesgo al Acuífero Yrenda, fuente fundamental de agua dulce en el territorio. A esto se suma el desarrollo de proyectos importantes de monocultivo sojero con biotecnología transgénica, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio (15 veces más tóxico que el glifosato).
¿Cuál es la situación de las y los campesinos en este contexto?
La resistencia campesina e indígena se desarrolla en un marco complejo, a partir de los efectos de la crisis climática en los territorios, el endeudamiento y el cada vez más difícil arraigo. Sin embargo, a pesar de la complejidad de este escenario, se está dando una articulación campesino-indígena, en defensa del territorio y de sus formas de vida.
Nos encontramos en el último año de gestión del presidente Abdo Benítez. ¿Qué significó su gobierno para ustedes?
Significó un aumento de la deuda externa, como una continuidad del gobierno colorado anterior de Horacio Cartes, compuesta principalmente por bonos soberanos. Se ha negado a recaudar más y mejor, a través de impuestos a la soja o a las grandes fortunas.
Un gobierno muy marcado por los grandes intereses externos, se ha embarcado a la derecha regional de corte Trumpista-Bolsonarista, pero ha tenido grandes crisis que no ha podido solucionar, como el Acta de la Entrega en Itaipú, y la gestión de la pandemia agudizó su crisis. Una encuesta del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) muestra que tiene la peor imagen a nivel regional a final de su mandato.
Ha sido un gobierno frágil sin legitimidad de origen, en un marco de crisis interna partidaria que han podido superar, ni tampoco respondió a las demandas del contexto por parte de la población. Estuvo siempre sumergido, dando manotazos.
Las formas de acumulación de los sectores económicamente privilegiados se vinculan a la matriz primaria exportadora, sumamente dependiente de factores externos, lo cual ha generado una mayor presencia de sectores ligados a la ilegalidad, con un crecimiento de los sicariatos en los últimos años.
¿Qué horizonte imaginan ante el próximo año electoral?
Hoy la verdad es la incertidumbre, porque el Partido Colorado tiene condiciones para volver a ganar, pero depende de las estrategias que desarrolle la oposición. Lo cierto es que no tendremos un gobierno progresista, y mucho menos de izquierda, para el 2023. Pero sería de gran importancia para el proceso político que en las próximas elecciones pierda el Partido Colorado, ya que una alternancia aumenta las posibilidades de que exista una renovación democrática, o de proyectos que propongan otra forma de gestionar y de resolver los conflictos.
Publicado originalmente en Biodiversidad América Latina
