Foto: El agricultor Antônio Geraldo de Oliveira en medio de la destrucción de la escuela municipal de Paracatu de Baixo – Pedro Stropasolas

Cinco años después del crimen de Samarco en el municipio de Mariana, Minas Gerais, las familias de sus tres subdistritos más devastados por el lodo de la rotura de la presa — Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo y Gesteira – todavía no tienen su propia casa.

«Ya han muerto muchos que no verán sus casas allí. Y muchos terminarán muriendo sin verlo», se lamenta el agricultor Antônio Geraldo de Oliveira, mientras camina entre las sillas enterradas y los libros infantiles de la antigua escuela de Paracatu de Baixo, a 35 km del centro de la ciudad. Vive en una de las pocas casas que quedaron después de que el barro destruyera la aldea centenaria.

El 5 de noviembre de 2015, la presa de Fundão, propiedad de Samarco, una empresa controlada por Vale y BHP Billiton, se rompió y vertió unos 50 millones de metros cúbicos de relaves de mineral de hierro a lo largo de toda la cuenca del Río Doce hasta llegar al Océano Atlántico.

El barro tóxico que destruyó comunidades centenarias en Minas Gerais mató a 19 personas, contaminó 663 km del Río Doce y condenó a aproximadamente 700.000 personas en 43 municipios al empobrecimiento debido al impacto en sus modos de vida.

En total, hay 342 unidades familiares a la espera de la construcción de reasentamientos colectivos bajo la responsabilidad de la Fundación Renova, formada por las empresas mineras para gestionar la reparación de las zonas destruidas por los residuos mineros.  Mientras tanto, viven en una vivienda temporal alquilada por la fundación en la zona urbana de Mariana.

Hasta ahora, ninguna de las empresas o los responsables han sido castigados por el caso, que ya se ha presentado como un delito de inundación, y no de asesinato o de lesiones corporales, lo que impide que el juicio vaya al jurado popular.

Las familias como la de Antonio, que permanecen en el territorio, son excepciones. En general, son familias de agricultores que se rehúsan a vivir en la ciudad y prefieren el campo, pese al polvo tóxico, el poco acceso a la electricidad y los frecuentes robos.

«Aquí no hubo violencia, nadie mató a nadie, todos eran amigos de los demás. Ahora está demasiado difícil», se lamenta.

Las obras de la nueva comunidad de Paracatu de Baixo están en curso, pero no hay casas construidas, sólo fueron realizadas excavaciones de las carreteras de acceso y del área destinada a los terrenos para las 98 familias.

El distrito, ubicado a orillas del río Gualaxo do Norte, perdió un centro histórico con calles, inmuebles, el campo de fútbol, la iglesia de Paracatu y las instalaciones públicas como el centro de salud y la escuela. Todos los escombros fueron presentados por Antônio a Brasil de Fato: «El hombre lo destruye todo».

Retraso y viviendas precarias

El plazo de entrega de los proyectos fue prorrogado tres veces. En la primera promesa de la Fundación Renova la entrega estaba prevista para marzo de 2019. Después de los sucesivos incumplimientos, el 2º Tribunal de Distrito de Mariana fijó el 27 de agosto de 2020 como fecha límite para la finalización. En caso de que la pena no se cumpla, habrá una multa diaria de 1 millón de reales a la entidad dirigida por las empresas mineras. Hoy la fecha límite es el 27 de febrero de 2021.

«Está claro que ninguno de los tres reasentamientos tal y como están hoy en día estarán listos para febrero de 2021. Bento Rodrigues con muy pocas casas. Paracatu de Baixo y Gesteira sin casas», explica Letícia Oliveira, del Movimiento de Afectados por Represas (MAB).

Además de las tres comunidades, hay también familias de otras zonas devastadas que participan en el programa de reasentamiento. En total, hay 512 unidades familiares, 468 en Mariana, 43 en Barra Longa, y una en Santa Cruz do Escalvado.

Hasta ahora, sin embargo, sólo nueve han sido reasentados por Renova, bajo el análisis de la consultoría Ramboll, a petición del Ministerio Público Federal (MPF).

En cuanto a las viviendas temporales alquiladas por la Fundación Renova, el MPF constató que el 63% de ellas, en el municipio de Barra Longa (MG), se encuentran en algún tipo de inadecuación, por estar situadas en zonas de riesgo o por presentar problemas relacionados con la falta de habitabilidad. En Mariana, el porcentaje es del 48%.

«Estos tres reasentamientos colectivos son los tres en los que, con esfuerzo, los afectados fueron reconocidos como comunidades que quedaron completamente destruidas, por lo que la presión es mayor», dice el activista del MAB.

«Pero, de hecho, hay un gran número, más de 500 casas en toda la zona rural de Mariana y Barra Longa que deberían ser construidas nuevas o reformadas», añade.

Escuela destruida por el barro en la comunidad de Paracatu de Baixo, en Mariana. Cinco años después del crimen, los libros, mesas y el material escolar permanecen en medio de la destrucción. / Pedro Stropasolas

La comunidad de Bento Rodrigues resiste

En Bento Rodrigues, a 6 km de la presa de Fundão y el primer distrito afectado por los rechazos, la construcción del reasentamiento está un poco más avanzada y atenderá a 210 familias. Según la Fundación Renova, las obras de infraestructura y las áreas colectivas están en la fase final, como la pavimentación del camino de acceso, además de las redes de energía eléctrica, agua y alcantarillado, que todavía serán concluidas.

«Dicen que el tiempo es corto para hacer los reasentamientos, la indemnización y devolver todo lo que nos fue arrebatado, pero cuando Samarco llegó a la región en dos años se construyó la planta del complejo Germano, dos villas, Vila Samarco y Vila de Ubu, un oleoducto que conecta Minas a Espírito Santo, varias carreteras y la presa de Germano», dice Mauro Marcos da Silva, a quien le destruyeron su casa en Bento Rodrigues, y que junto con otros ocho residentes forma parte de la Comisión de Personas Afectadas que supervisa la construcción del proyecto.

En la esfera judicial, los reasentamientos de Paracatu y Bento Rodrigues están acompañados por el Ministerio Público del Estado, cuyas acciones son importantes para apurar la construcción de los proyectos. La primera casa se construyó el 29 de julio.

En las negociaciones sobre la construcción del reasentamiento colectivo, una de las demandas de Renova era tener la propiedad de las propiedades enterradas a cambio de la construcción. Los habitantes de Bento Rodrigues se opusieron, organizaron protestas y permanecen como propietarios de sus bienes materiales, pese a las ruinas.

Hoy en día, Mauro y otros afectados no renuncian a sus memorias en el local. Crearon el grupo «Aficionados por Bento» y suelen volver a las ruinas los fines de semana para las celebraciones religiosas y reconstrucción de las casas.

«A menudo digo que mi ombligo está enterrado en Bento. Así que mi relación con el Bento nunca desaparecerá. Hoy con lo que pasó en Brumadinho, veo que si me hubiera muerto en Bento habría sido más cómodo para Samarco. Porque indemnizar vidas es más fácil que construir comunidades», señala el comerciante, que trabaja en un taller mecánico en el centro de Mariana y espera la construcción de Novo Bento.

Hasta la rotura de la presa, la empresa minera estaba encargada de garantizar el empleo y los ingresos de la gente del pueblo, lo que tampoco impedía el cultivo y la subsistencia de los agricultores familiares en las tierras fértiles a orillas del río Gualaxo do Norte, especialmente la cooperativa femenina que producía la mermelada de adjuma, un ají típico de la región.

«Estos son años que están siendo robados, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, es un tiempo precioso que está siendo robado de la vida de todos y cada uno de nosotros. El crimen no fue sólo el 5 de noviembre de 2015, es un crimen que se sigue renovando», se lamenta Mauro.

Vera está a cinco años lejos de Gesteira, municipio donde construyó su historia / Pedro Stropasolas

La batalla en Gesteira 

En Gesteira, distrito de Barra Longa, el retraso ha causado sufrimiento a las familias. Esto se debe a que el proyecto de reasentamiento colectivo se llevó a cabo después de mucha batalla por parte de los afectados y hoy en día corre el riesgo de no salir del papel.

Vera Lúcia Silva, que pertenece a la Comisión de Personas Afectadas, está entre las 20 familias que salieron de Gesteira. «La comunidad está perdiendo la fe, está desaprendiendo lo que es estarmos unidos», dice la mujer afectada, que el día de la ruptura logró llevar a su marido a la colina, desde donde vio cómo todo lo que había construido en 43 años se lo llevaba la avalancha de relaves en 20 minutos.

En la comunidad, tenía un salón de belleza domiciliario, era funcionaria, hacía galletas para la venta y con otras ocho mujeres organizaba fiestas religiosas y una cooperativa de dulces en el antiguo Salón Comunitario.

Hoy en día, dice que incluso antes de la pandemia, ella y su marido casi nunca salían de la casa alquilada por la Fundación Renova en Cabanas, un suburbio de Mariana. Según Vera, sólo unas pocas salidas esporádicas al mercado y al Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS). Hoy en día, sólo duermen con pastillas.

«Tenía mis ingresos, sin depender de nadie, sin depender de pruebas. Porque varias veces ellos [la Renova] pidieron pruebas para reconocerme con un salario mínimo», dice Vera, que solía ir a Gesteira para reunirse con la Fundación.

La Fundación Renueva y el juez

La compra de la tierra en el distrito de Gesteira se hizo en 2018.  Inicialmente, el área sugerida por Renova para recibir el reasentamiento de las 37 familias -incluidas las que poseían tierras afectadas- era de siete hectáreas, el mismo tamaño que el área afectada por el relave.

Sin embargo, la Comisión de Afectados denunció que la zona no era fértil para el cultivo de las familias y que haría imposible el retorno a las actividades productivas en los campos. Para contraponerse a la propuesta de las empresas mineras, se construyó el Proyecto Popular de Reasentamiento de Gesteira, que amplió la tierra a unas 40 hectáreas.

En mayo de 2020, el proyecto elaborado por las personas afectadas con la ayuda de la Asesoría Técnica y el Grupo de Estudios e Investigaciones Socioambientales (GEPSA) fue finalmente concluido y presentado para su aprobación en el 12º Tribunal Federal de Minas Gerais, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

Aunque haya sido colocada como uno de los ejes prioritarios por el juez del 12º Circuito para el caso de Rio Doce, la propuesta «duerme en una espléndida cuna» [en referencia al Himno de Brasil], según la definición del fiscal del Ministerio Público Federal (MPF) Helder Magno da Silva.

Hoy, Renova afirma que está esperando la definición del juez Mário de Paula Franco Júnior para proceder con el trabajo. Mientras tanto, según el MPF, la Fundación actúa para desarticular el proyecto, buscando negociar con las 37 familias en el ámbito del programa de indemnización mediada, que son los acuerdos individuales, en general, tratados con más rapidez por el Poder Judicial.

La semana pasada, el juez homologó ocho de estos acuerdos, que fueron firmados sin la presencia del MPF.

«Se está llevando a las personas a adquirir una vivienda fuera del entorno en el que vivían. No es simplemente la casa en la que van a vivir, van a vivir juntos, van a tener los espacios de ocio, el campo de fútbol, la iglesia. Todo eso representa una vida en comunidad. Las empresas y la Fundación Renova han actuado para destruir estos lazos, para crear divisiones», explica el Promotor de la República, en una conferencia de prensa celebrada el 29 de octubre por el organismo federal.

En el subdistrito de Gesteira, el barro dejó sin hogar a 20 familias y destruyó la capilla de São Bento, de 1718 / Pedro Stropasolas

Tierra

En Gesteira fueron precisamente los espacios colectivos los que fueron destruidos. Además de once lotes, había el salón comunitario, la iglesia de São Bento (construida en 1718), la escuela, el almacén, el campo de fútbol, entre otras residencias.

«Tenía mi huerto, y todo eso para mí era trabajo, diversión. Realmente lo extraño. Porque la casa aquí no tiene ni siquiera un patio. No tengo ni un palmo de tierra aquí. Pero vine de la tierra, crecí en la tierra, la tierra me hace bien», revela Vera.

La Fundación Renova fue creada en marzo de 2016, mediante un Acuerdo de Ajuste de Transacciones y Conductas (TTAC) firmado entre las empresas mineras Samarco, Vale y BHP Billiton, el gobierno federal y los estados de Minas Gerais y Espírito Santo.

Entre sus responsabilidades, la mayoría de las cuales no se cumplieron, figuraban la ejecución de 42 programas de reparación socioeconómica y ambiental y la reconstrucción de las comunidades destruidas por el barro.

«El retraso de la Fundación Renova está matando a la gente y acabando con la salud de todos. Nos acostamos en la cama y no dormimos. Hasta hoy soy habitante de Mariana, pero Gesteira no sale de mí», desahoga Vera.

Otro lado

En un comunicado enviado a Brasil de Fato, la Fundación Renova dice que espera que, para finales de 2020, el 95% de la infraestructura de los reasentamientos de Paracatu de Baixo y Bento Rodrigues esté terminada y que los proyectos fueron construidos «con la participación activa de los futuros residentes». También afirma que se han invertido R$ 1.000 millones en los reasentamientos para agosto de 2020, y que en la actualidad, 1.500 trabajadores están trabajando en las obras de construcción.

En cuanto al proceso de construcción del reasentamiento de Gesteira, la Fundación Renova no envió información sobre la situación actual del proyecto.

Edición: Marina Duarte de Souza e Leandro Melito

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