Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la policía comunitaria de Ostula, recibió orden de formal prisión a comienzos de setiembre por el delito de homicidio calificado. La apeló. Esta mañana, la sala 5° sala de lo penal del tribunal superior de Justicia de Michoacán, con sede en Morelia, capital del estado, resolvió hacer lugar al pedido de Verdía.

La posibilidad surgió entonces en la sala. “La audiencia comenzó a las 11: 15, llevó media hora y transcurrió normalmente en términos jurídicos. El tribunal hizo lugar a la apelación. El expediente vuelve ahora a manos del magistrado Marco Antonio Flores Negrete, quien tiene 24 horas para retomar el caso. A eso, el procedimiento usual le suma diez días más y un día por cada cien fojas”, relató uno de los comunitarios de Ostula que estuvo presente en Morelia.

Es decir, Flores Negrete puede tirarse hasta fin de año para decidir sobre la libertad del líder comunitario en juego. “El problema es que ellos el 18 de diciembre salen de vacaciones. Está dentro de sus facultades poder resolver antes de irse, es una cuestión de voluntad”, explicó.

Lo que le exigen los comunitarios es que lo haga, que resuelva el caso antes de irse de vacaciones. “El magistrado conoce el expediente, no necesita todo ese tiempo para volver a estudiarlo. Es una cuestión de voluntad. Cemeí ya fue absuelto de todos los otros cargos que se le imputaban. Incluso por este delito, el de homicidio, ya fue absuelto una vez. El juez había dado auto de formal libertad y luego volvió a encarcelarlo. Es una cuestión política del Estado. Los abogados sostienen que debe estar libre. Ahora la definición es de Flores Negrete, que puede resolverlo en tiempo y liberarlo.” Eso es por lo que presionan los comunitarios, porque el juez resuelva antes del próximo viernes 18 de diciembre.

Tres movilizaciones simultáneas se realizaron en la mañana de este lunes 14.

En la comunidad nahua de Santa María Ostula la movilización comenzó anoche. Según informan desde Michoacán el cierre de la carretera Manzanillo – Lázaro Cárdenas está bloqueado totalmente desde entonces.

También, más de mil personas se movilizaron en las afueras de la sala 5° de lo penal, en Morelia. “Participaron representantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que integran 30 comunidades purépechas y nahuas, así como también padres y familiares de los 52 normalistas detenidos esta semana. Fue una buena convocatoria”, analizan los comunitarios.

La tercera movilización fue en el Distrito Federal, al frente de las oficinas de la representación del estado de Michoacán, en dónde unas 250 personas se reunieron desde las once de la mañana en solidaridad con el proceso que se vive en la comunidad indígena.

“Distintos compañeros de la ciudad de México, pertenecientes al Frente Popular Francisco Villa (de la Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda UNOPII), de la Red contra la Represión, colectivos adherentes a la Sexta Declaración y también estudiantes y académicos nos manifestamos en apoyo y solidaridad con la comunidad de Santa María Ostula, porque la comunidad no está sola, tiene un espejo en su lucha”, comentó uno de los asistentes al mitín.

“Pretendíamos entregar una carta en la delegación, pero a través de compañeros que llegaron temprano, sabemos que sacaron a todas las personas de las oficinas y se retiraron. Entonces no nos recibieron”, agregó.

Los distintos colectivos forman parte de un equipo solidario que apoya la difusión y acompaña el proceso de Ostula desde la toma de tierras que la comunidad realizó en el año 2009. Antes de esta vez, ya se habían manifestado en otras dos ocasiones frente a la representación capitalina de Michoacán.

“Hacemos responsable de esta situación a los integrantes de la Procuraduría General de Michoacán; al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, como responsable y cómplice de la guerra contra la comunidad desde hace varios años, en el contexto de violencia instalado en la región con el cártel de los caballeros templarios, pero también por la fuerte presencia de grupos policíacos y de destacamentos de la marina. También lo hacemos directamente responsable de la agresión sufrida en la comunidad el pasado 19 de junio, en la que fue asesinado el joven Hidelberto Reyes García”, sostuvieron en la actividad en el DF.

Hidelberto tenía 12 años cuando fue asesinado por efectivos del Ejército Mexicano que entraron a los tiros a la comunidad de Ixtapilla, en el municipio de Aquila. A la vez que hirieron a varios comuneros y dañaron los bienes del pueblo.

La carta que los solidarios del DF no pudieron entregar en la delegación de Michoacán, recoge los seis puntos pautados por la asamblea general de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula.

El 30 de Noviembre pasado resolvió iniciar “acciones contundentes ante la falta de voluntad del Estado Mexicano” de liberar a Verdía y “para resolver la grave problemática de la comunidad y de la región de la costa-sierra de Michoacán”, una zona asediada por el cártel de los caballeros templarios “que sigue articulando y actuando con la complicidad de gobiernos corrompidos”, señalaron en una declaración de comienzos de este mes. Desde que comenzó diciembre han realizado diversas acciones, como la toma de la carretera federal n° 200.

Las exigencias de la asamblea del pueblo indígena son claras: la libertad de Verdía y el retiro de los cargos contra él, así como la cancelación de otras órdenes de aprensión que penden sobre efectivos de la policía comunitaria del lugar.

También reclaman por la desmilitarización de la costa y sierra de Michoacán y el castigo de los responsables de la muerte de Hidelberto.

El tercer punto es la desarticulación política y económica de los Caballeros Templarios y la detención de sus lideres plenamente identificados.

El cuarto es el respeto a las Policías Comunitarias de Aquila, Coahuayana,  Chinicuila y Coalcomán.

Por último, la presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y “el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los último 4 años”. Así como el cese a la creación de grupos de choque en contra del pueblo Nahua.