El «Día de acción por la salud de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries» viene acompañado, en nuestro país, de un panorama por demás complejo. En una fecha icónica para el movimiento transfeminista, conversamos con profesionales de la salud sobre el estado de las políticas públicas, los insumos que empiezan a escasear y el real acceso a la salud en nuestra provincia.

En el año 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso el 28 de mayo como el Día de Acción por la Salud de las Mujeres para visibilizar y dar atención particular a las causas de enfermedad y muerte que afectan a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries, haciendo énfasis en la prevención y el tratamiento. En nuestro país, se convirtió en una fecha importante en el calendario del movimiento transfeminista. Permitió la organización, el debate y el pronunciamiento sobre la salud como derecho humano y la necesidad de que se asuma una perspectiva de género del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado.

Hasta el 2020, las acciones se centraron en la exigencia de una ley de aborto legal, seguro y gratuito, demandando al Estado la responsabilidad de evitar los riegos de la práctica clandestina. Un 28 de mayo de 2005, se lanzó la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y, dos años más tarde, otro 28 de mayo, se presentó por primera vez en el Congreso el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo, que se aprobaría 13 años después gracias al activismo incansable de la marea verde.

En los últimos veinte años, además de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, el movimiento transfeminista consiguió y avanzó en la Ley de Educación Sexual Integral, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la Ley de Parto Respetado, la Ley de Identidad de Género y el abordaje integral de situaciones de violencias de género. Todas legislaciones nodales en el derecho a decidir en el ámbito de la salud. Hoy, con un gobierno nacional liberal y altamente conservador en materia de derechos, está en riesgo la garantía y la permanencia de las normativas y el real acceso a los servicios de salud y los medicamentos.

Insumos a cuentagotas

En los últimos meses, el gobierno de Javier Milei operó un desguace de las políticas públicas en materia de género y salud, entre muchas otras. El Ministerio de Salud de Nación envió, hasta diciembre, misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, insumos básicos para la salud de las personas gestantes. Ante la interrupción del suministro, desde enero de este año, los centros de salud municipales se valieron de compras del Ministerio de Provincia y de lo que quedaba de 2023. “Hace un par de semanas, comenzamos a recibir a cuentagotas y en menor cantidad, lo cual, por supuesto, dificulta la garantía del acceso al programa, sobre todo en anticonceptivos y en la interrupción voluntaria del embarazo”, explica a La tinta Betiana Olearo Barrera, encargada del Programa de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS) de la ciudad de Córdoba.

La inflación en los medicamentos trajo, además, mayor demanda: “Hay mucha necesidad de contar con métodos desde el sistema público, ya que se hace muy difícil comprarlos ―narra Camila Recalde, médica de familia de la zona de Cruz del Eje―. Contamos con muy pocos métodos de corta duración, como pastillas, inyectables y preservativos”.

Si bien todavía no hubo faltantes, la escasez en stock de métodos anticonceptivos y medicación para interrupciones de embarazo obstaculiza el acceso. “Antes, la persona accedía a la consulta e inmediatamente se resolvía el tema de la medicación. Hoy, al tener mucha menos cantidad, la persona primero acude a esa consulta, recibe la información, luego tiene que gestionar otro turno ―con el tiempo que lleva en salud pública― y después busca la medicación. En el caso de la interrupción voluntaria de embarazo, esto hace que se retrase la resolución”, afirma Betiana. 

El acceso a ligaduras tubarias y a vasectomías está previsto en la Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica. Sin embargo, nunca fue un camino allanado. “En Córdoba, se solicita la firma de consentimiento de la persona que requiere el tratamiento quirúrgico y se pide un acompañamiento de una psicóloga, una trabajadora social, una médica, lo cual a veces hace que la usuaria se canse y finalmente desista y no acceda a la ligadura ―relata Betiana―. A veces, es difícil acceder a los turnos para las consultas, para el laboratorio prequirúrgico, para el electrocardiograma. En el camino, muchas de las personas que deciden usar estos métodos terminan no accediendo, con embarazos no planificados o eligiendo otro método”.

Retroceso en el acceso al aborto

Derogar una ley no es la única herramienta de la que puede valerse un gobierno para atentar contra los derechos de las personas gestantes. Hoy, en la atención primaria de salud, se registran faltantes de mifepristona, un medicamento que, junto al misoprostol, figura dentro de la lista de esenciales de la Organización Mundial de la Salud. La combinación de mifepristona y misoprostol es la forma más eficaz y segura de realizar aborto con pastillas.

Según Betiana, el 95% de las consultas para interrumpir un embarazo, durante el año 2023 en atención primaria de la salud, se resolvió por el uso de estos medicamentos: “La llegada de la mifepristona mejoró la eficacia en el tratamiento farmacológico. Hoy, no estamos pudiendo acceder desde los centros de atención primaria y estamos resolviendo con misoprostol que, si bien tiene una eficacia alta, no es tan alta como la mifepristona. Además, requiere el uso de más dosis y está asociado a mayor cantidad de reacciones adversas”.

Los obstáculos se agudizan en el interior de la provincia. “Es inevitable sentirlo como una regresión”, expresa Camila. En la institución donde trabaja, atiende los departamentos de Cruz del Eje, parte de Punilla e Ischilín. Mucha de la población es rural o peri-rural dispersa, ubicada a grandes distancias de los centros de atención y con escaso transporte público. El acceso a la salud y la posibilidad de acompañamiento se hace más difícil. La mifepristona garantizaba, en la gran mayoría de los casos, interrupciones sin complicaciones, que son difíciles de atender por la distancia y la conectividad.

Que el gobierno de Milei escatime medicamentos no es la única problemática que afecta la salud de mujeres y disidencias. Los discursos de odio y desprecio alentados desde La Libertad Avanza y algunos medios de comunicación son el caldo de cultivo de cuestionamientos de la sociedad y del propio personal de salud no garantista de derechos, particularmente contra la interrupción del embarazo. Muchxs profesionales de hospitales y dispensarios indican que aumentaron las resistencias de colegas objetores de conciencia, que dificultan la práctica.

Un 28M en alerta

El movimiento transfeminista está al acecho. El desarme del Plan Nacional ENIA, de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, las amenazas contra la Ley de Interrupción del Embarazo y la amenaza constante de faltantes en métodos anticonceptivos parecen integrarse perfectamente con las recientes declaraciones públicas del secretario de Culto mileísta, Francisco Sánchez. En diálogo con Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, Sánchez afirmó que el aborto (junto al divorcio y la Ley de Identidad de Género) impide repoblar la Argentina para promover el crecimiento económico. Una vuelta a la Edad Media y la esclavización de nuestros cuerpos.

“Me preocupa el aumento de las situaciones de violencia hacia las mujeres, disidencias y niñxs ―reflexiona Camila―. El desmantelamiento de instituciones del Estado, de los organismos de protección de derechos, la falta de recursos humanos y materiales para poder acompañar ese tipo de situaciones”. Una violencia que también llega al personal de salud, que está en la primera línea para dar respuesta, “totalmente desbordado por la demanda y la escasez de recursos”, sigue Camila y Betiana remarca: “Que, a pesar del contexto de pandemia, el brote de dengue, las contrataciones precarizadas, el pluriempleo, la no estabilidad laboral y la baja de salarios, no retrocedieron en la garantía de la Ley IVE y de la Ley de Salud Sexual Integral”.

“Creo que es muy necesario que no nos olvidemos de todo lo construido y lo conquistado con el armado de redes, pero, sobre todo, de redes feministas. Que sostienen, que acompañan, que sanan, que cuestionan y que no se conforman”, concluye Camila.

Publicado originalmente en La Tinta