273.642. Este es el número de personas que desde el 1 de enero de este año, hasta el pasado 18 de diciembre habrían llegado a la Unión Europea según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Hay quienes ven estas decenas de miles de personas como uno de los principales retos de Europa, un problema que es urgente gestionar, o incluso una amenaza para los países miembros. En el último año, estos son quienes han conseguido imponer su marco, trasladándolo tanto en legislaciones nacionales como en el ámbito comunitario.
Es cierto que el número de llegadas a territorio Schengen este año, es el más elevado desde 2016 —cuando 389,976 personas llegaron a Europa—tras la crisis de los refugiados. En los siete años transcurridos desde entonces, en lugar de centrar recursos y esfuerzos en humanizar el sistema de acogida, agilizar las solicitudes de asilo, o garantizar vías legales y seguras, los gobiernos europeos han profundizado en la securitización de la frontera, alimentando la industria de la vigilancia por un lado, y normalizando las tesis más restrictivas frente a la migración por el otro, con el liderazgo narrativo de la extrema derecha.
Por muchos recursos que se dediquen a Frontex, y muchos millones de euros que se repartan entre los países de tránsito, lo cierto es que las causas de expulsión de las poblaciones del Sur Global se han profundizado
Prueba del esfuerzo securitario es la inversión destinada a la polémica Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, creada en 2005 y dotada por aquel entonces con una financiación de seis millones de euros, en 2016 recibió 251 millones, y en 2023 845,5 millones, con un plan para el periodo 2021-2027 que prevé un gasto de unos 900 millones de euros al año, lo que la convierte en la agencia europea con más presupuesto. Desde 2016, 21.164 personas habrían perdido la vida solo en el Mediterráneo, 2.746 en 2023, el número más alto desde 2017. Las de la OIM son cifras conservadoras frente a otras organizaciones, además al número de personas cuyas vidas se perdieron en el Mediterráneo habría que añadir las que murieron intentando acceder a Europa por tierra, o las personas fallecidas o desaparecidas en la ruta Canaria, especialmente peligrosa. Solo en e el primer semestre de 2023 el colectivo Caminando Fronteras denunciaba la pérdida de 778 vidas en esta ruta.
También, desde que en 2016 se firmase el acuerdo de la vergüenza con Turquía, en los últimos años se ha profundizado en la externalización de las fronteras, primero encomendando a Libia la protección de las fronteras europeas, en particular las italianas —a pesar de los numerosos informes sobre la tortura y violencia sufrida por las personas migrantes retenidas en este país— y en este último 2023 dando protagonismo a Túnez, último fichaje en la subcontratación de la violencia contra las personas migrantes.
Por muchos recursos que se dediquen a Frontex, y muchos millones de euros que se repartan entre los países de tránsito, lo cierto es que las causas de expulsión de las poblaciones del Sur Global se han profundizado en los últimos años. Mientras se agita una vez más el fantasma de la tercera guerra mundial, para una gran parte del mundo esa guerra ya existe y no tiene visos de terminar pronto. A la situación de países destrozados por años de conflicto como Siria —que sigue encabezando el número de llegadas, con más de 27.000 personas— Iraq, Afganistán o Yemen, se le ha sumado la violencia en el Sahel, intensificada en los últimos años, o nuevas guerras como la de Sudán que comenzara el pasado abril.
La crisis económica y la persecución política se profundiza en países como Túnez, Egipto o Marruecos —cuyos nacionales están en la lista de los diez orígenes más comunes de la inmigración en Europa, o Senegal. Al mapa de los conflictos políticos y la crisis económica se le suma la devastación climática que vuelve inhabitables cada vez más regiones del mundo. Un informe de Acnur publicado a principios de año revelaba que en 2022, siete de cada diez personas migradas o desplazadas procedían de los países más vulnerables en términos climáticos.
Sin embargo, aparentemente ajenos a las numerosas razones de las personas migrantes y solicitantes de asilo para abandonar sus lugares de origen, los mandatarios de los países europeos parecen fiarlo todo a la ilusión de que con más detenciones, deportaciones, y externalizaciones podrán contener las migraciones. La narrativa de la lucha contra el tráfico de personas, o de la instrumentalización de las migraciones como forma de presión por parte de terceros países, se repite, negando la agencia de las personas que migran y deshumanizándolas. Se tratan de discursos que, mientras muestran preocuparse por las personas migrantes presentándolas como víctimas de terceros, habilitan la vulneración de sus derechos.
Legalizar la vulneración de derechos
Los penúltimos titulares sobre la ofensiva contra los derechos de las personas migrantes los ha protagonizado la Francia de Emmanuel Macron, que el pasado 19 de diciembre aprobaba una ley que se presenta como un punto de inflexión en la política migratoria del país vecino. Celebrada como un triunfo por la ultraderecha, cuyos votos han sido necesarios para aprobar la nueva legislación, Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional ha hablado de “victoria ideológica”. Paralelamente, la ley ha generado una rebelión dentro del partido del propio Macron, Renacimiento, traducida en una división de votos, al mismo tiempo que ha sido contestada por numerosas movilizaciones en la calle.
La ley, que lleva el sello del ministro de Interior francés, Gerald Darmanin, afiliado a la mano dura, fue aprobada por una amplia mayoría de 349 diputados, frente a los 186 que votaron en contra. Se trata de una legislación calificada como la más regresiva para los derechos humanos de los últimos 40 años, por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Entre sus “estrictas medidas”, como las ha llamado Darmanin, figura la introducción de cuotas de personas migrantes, el fin de la ley de suelo —lo que obligará a las personas nacidas en territorio francés a solicitar la nacionalidad antes de alcanzar la mayoría de edad—, los límites a la reagrupación familiar, o la consideración de la migración irregular como un delito sancionable. El documento también restringe el acceso a ayudas sociales y contempla la reversión de la ciudadanía ante la comisión de determinados delitos.
Como un anticipo de lo que vendría, la ley de migración francesa fue aprobada solo un día antes de que la Presidencia Española de la Unión Europea celebrase el acuerdo sobre el marco normativo comunitario en cuanto a política migratoria, un expediente abierto durante años, que Pedro Sánchez se había propuesto cerrar antes de que acabara su mandato al frente del Consejo. Un Pacto de Migraciones y Asilo que acaba con el derecho a asilo en Europa, así es como han descrito organizaciones de derechos humanos este documento, producto de las últimas negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Pese a la alarma extendida entre las entidades, la Presidencia saludaba el Pacto como una “mejora”, y lo contaba entre los éxitos cosechados en estos seis meses: “La Presidencia Española cumple”, reivindicaba en la red social X.
El documento, tal y como ha sido aprobado, explicaba la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados(PICUM) “normalizará el uso arbitrario de la detención de migrantes, incluyendo a niños y sus familias, incrementará el perfilamiento racial, y usará los procedimientos de ‘crisis’ para permitir devoluciones en frontera y retornar a las personas a los llamados ‘terceros países seguros’ donde se exponen al riesgo de tortura, violencia y encarcelamiento arbitrario”. Ya en 2020 la Comisión Europea había presentado un proyecto que había despertado todas las alarmas: para organizaciones como Border Violence Monitoring Network (BVMN), “el resultado es la propuesta de la Comisión de 2020, empeorada por las enmiendas del Consejo. Es un golpe devastador al derecho a solicitar asilo en la UE”. Mientras, Amnistía Internacional alertaba de que el Pacto incrementará el sufrimiento de las personas en movimiento.
Ante la presidencia de España del Consejo de Europa, uno de los pocos países con un gobierno progresista en un marco europeo escorado a la derecha, las organizaciones habían pedido al ejecutivo que usara esta oportunidad para influir en un pacto respetuoso de los derechos humanos. Tras el Pacto, muestran su decepción ante lo que consideran una oportunidad perdida. Sin embargo, recuerdan que aún falta que el Pacto sea aprobado en el pleno del Parlamento Europea, e instan a presionar a sus integrantes para que detengan esa legislación.
Una de las novedades introducidas en este pacto tienen que ver con la idea de crisis migratoria, que establecería una especie de estado de excepción proclive a la vulneración de derechos en el momento en el que los gobiernos valoren que la llegada de migrantes es insostenible, o cuando los movimientos migratorios se consideren instrumentalizados por un país rival que desee desestabilizar a un Estado miembro. Los ejemplos en los que se ha usado esta narrativa para vulnerar derechos no faltan — Turquía y Grecia, Polonia y Bielorrusia, Marruecos y España— y vienen suponiendo un escenario fértil para la violencia en la frontera.
Gran parte de estas innovaciones coinciden con los éxitos de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que de ser señalada como una líder de extrema derecha, ha pasado a ser avalada por el resto de países de la UE, incluida España. Cabe recordar cómo ambos mandatarios, en el marco de la visita oficial de Pedro Sánchez a Italia, exhibieron “sintonía” en términos de políticas migratorias.
Sánchez no es el único mandatario con el que ha “sintonizado” Meloni, el pasado verano viajaba junto a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, y el primer ministro neerlandés Mark Rutt a Túnez para sellar un acuerdo económico con el país a cambio de su colaboración en el control de las rutas migratorias. Von der Leyen también flanqueó a Meloni poco después en la isla de Lampedusa, donde, ante la llegada de más de 5.000 personas a esta isla italiana en solo 24 horas, Meloni siguió apostando por el marco de la crisis migratoria para demandar políticas más duras frente a las migraciones. La líder de Fratelli d’Italia, ha incluso firmado un acuerdo con Albania para deslocalizar allí la gestión de los procesos de solicitud de asilo.
Mientras, la neofascista italiana ha concentrado su política en gobernar a golpe de declaración de estado de emergencia y de decretos, son ya cuatro los que lleva en materia migratoria a lo largo del año. Pero Meloni no solo sintoniza con la Unión Europea, es conocida su conexión con la política migratoria del Reino Unido, compartiendo con el tory Rishi Sunak una alianza que ya ostentaron el pasado octubre en la cumbre de jefes de gobierno de Granada, una reunión informal en la que se dieron cita 50 mandatarios, que fueron agasajados por la Presidencia española con encantadoras actividades culturales mientras discutían distintos niveles de dureza con los que afrontar la cuestión migratoria. En aquella ocasión no se llegó a un acuerdo pero se hizo evidente que el pulso sobre el Pacto se daba entre posturas de derecha y ultraderecha.
Unos meses después, el 16 de diciembre, Sunak sería recibido como un héroe en el Congreso de Fratelli d’italia de Atreju, donde advertía de la “insostenibilidad” de las migraciones, y celebraba la firmeza de su anfitriona. Desde Reino Unido se acusa el primer ministro de haber tomado el relevo de la que fuera su ministra de interior, Suella Braverman en la difusión de mensajes alarmistas y la mano dura migratoria. Braverman, que fue relegada el pasado noviembre tras atacar públicamente a la policía metropolitana de Londres por haber autorizado una marcha en solidaridad con Palestina, a la que acusaba de respaldar el terrorismo, llegó a decir que soñaba con aviones llenos de refugiados despegando hacia Ruanda.
El primer vuelo fue paralizado en el verano de 2022, pero ni quien era ministra entonces, ni Sunak han cejado en su empeño de enviar a las personas refugiadas al país africano, con el lema “Stoptheboats como principal apuesta política. También en este diciembre en el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplía 75 años, Sunak lanzaba la apuesta más osada en el ámbito migratorio, después de que el Tribunal Supremo volviera a paralizar el plan de Ruanda em moviembre, al considerar que este no es un país seguro. Sunak proponía suspender los recaudos de este tipo de tribunales cuando la situación migratoria así lo requiera. En otras palabras, el mandatario llama sin tapujos a “revisar” la jurisdicción nacional e internacional en materia de derechos humanos establecida tras la Segunda Guerra mundial y ajustarla al marco actual. En este sentido promulgó un decreto de urgencia a principios de diciembre, que le permitiría actuar al margen de lo dictado por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo.
De modales más refinados y discursos más progresistas, Pedro Sánchez, sonriente al lado de Meloni en marzo, sonriente en su recepción de mandatarios en Granada, y sonriente tras avanzar en en el Pacto de migraciones, más allá de las críticas unánimes recibidas por parte de las organizaciones de derechos humanos, avala más discretamente la necropolítica: por un lado, revalidando a Fernando Grande-Marlaska como Ministro de Interior, desoyendo el clamor que pide su dimisión por su actuación en la masacre de Melilla. Así, envía el mensaje de que, independientemente de las pruebas recogidas por diversas investigaciones periodísticas u organizaciones internacionales, la masacre en el paso fronterizo, la sistematización de las devoluciones en frontera, o la entrega ilegal de menores a Marruecos, no tiene ningún coste político, es más, se trata de conductas premiadas con la revalidación del mandato.
Por último, el gobierno, que incluye un espacio más progresista cuyas fuerzas se habían mostrado favorables a la propuesta de una regularización extraordinaria, demanda sostenida por el movimiento migrante y respaldada por gran parte de la sociedad civil a lo largo de toda la legislatura, ha dejado decaer la propuesta. Paralelamente los centros de internamiento de extranjeros siguen a pleno rendimiento, con la reciente reapertura del de Aluche, tras meses de obras. La política obtiene su reflejo en los medios y en última instancia en la sociedad: según denunciaba en su informe Inmigracionalismo de este año la Red Acoge, ocho de cada diez informaciones sobre migración no recogen una sola voz migrante —recurriendo los medios de comunicación sobre todo a fuentes institucionales— se da un incremento respecto a años anteriores en el uso de la palabra “ilegal” para referirse a las personas migrantes, y la mayor parte de las informaciones se centran en los flujos migratorios hacia España y Europa.
Salto adelante en la necronormalización
Si el 2022 estuvo marcado por las imágenes de hombres agonizantes en la frontera hispano-marroquí, apilados bajo el sol, imágenes que recorrieron el mundo y a las que no siguió ningún acto de justicia o reparación para con las víctimas, en el 2023 se afianza la normalización de la muerte en un contexto de aceleración de la agenda mediática y de la insensibilización.
Si el año comenzó con la tragedia de Cutro, donde 60 personas que viajaban en una embarcación proveniente de Turquía perdieron la vida en el Mar, frente a esta localidad italiana. Meses después un barco cargado con cientos de personas provenientes de Egipto volcó cerca de la costa griega, causando la muerte de más de 600, en una tragedia sin precedentes. En el mortal incidente se vio involucrada una lancha del rescate marítimo griego acusada de volcar la embarcación al intentar remorcarla. Por otro lado, los guarda costas fueron señalados por no haberse movilizado como correspondía para rescatar a las víctimas. Este es también el año en el que hemos podido ver la prisión marítima para migrantes en Reino Unido traída por Suella Braverman, y el abandono y la violencia contra decenas de personas africanas en el desierto tunecino, sin que hubiera ninguna consecuencia. O —en clave política— la victoria en las elecciones de los Países Bajos del pasado noviembre, de la ultra-derecha liderada por Geert Wilders, un político controvertido que llega al gobierno con la promesa de “frenar el ‘tsunami de refugiados’”.
En definitiva, un desplazamiento de los márgenes de lo posible y lo tolerable que dibuja un escenario terrorífico, el de la superación ya no solo de facto, sino explícita y trasladada a las legislaciones, de cualquier límite basado en los derechos humanos cuando se trata de personas migrantes.
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