La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad de Percepción y Victimización sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2016 se cometieron 31 millones de delitos, de los cuales más de 90% no fue denunciado.
Esa misma encuesta indica que entre 2015 y 2016 la cifra de víctimas del delito creció en 900 mil, al pasar de 23.3 a 24.2 millones; y señala que en 29 entidades federativas la mayoría de la población se siente insegura, y en 11 rebasa 75% la percepción de inseguridad, misma que llega a ser de 90% en el Estado de México.
Estos y otros datos cuantitativos son retomados y dados a conocer en el portal http://seguridadviacivil.ibero.mx/, perteneciente a la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’; que organizan la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el CentroProdh, la CNDH, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE.
Previo a la conferencia, que se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre en el Hotel Fiesta Americana Reforma, los organizadores recordaron que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ofreció constituir policías profesionales; sin embargo, hay entidades como Sinaloa con más de la mitad de los policías municipales reprobados; u otras como Veracruz donde cerca de la tercera parte de los policías estatales presta servicio sin estar certificada.
En el sitio web se afirma que “México atraviesa la peor crisis de violencia, inseguridad y delincuencia de su historia” a pesar de que, entre 2006 y 2016, el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones de pesos a 264 mil millones de pesos, es decir, que en 10 años la inversión se duplicó.
Específicamente, entre 2007 y 2017 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creció más del doble, pasando de 32 mil a 69 mil millones de pesos; mientras que el de la Secretaría de Marina-Armada de México casi se triplicó, ascendiendo de 10 mil a 26 mil millones de pesos. En contraste, todos los delitos de alto impacto, es decir, homicidios, secuestros, robo con violencia y extorsiones, también han ido al alza.
Cabe recordar que en 2011 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, prometió que la intervención militar en seguridad pública sería temporal. Y en el presente sexenio aunque el presidente Peña Nieto en su Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 dijo: “El retiro de las fuerzas armadas como apoyo en tareas de seguridad pública será gradual”; sucede lo contrario, pues en 2012 las fuerzas armadas operaban en 19 estados; y en 2016 en 24.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató en 2015 una situación extrema de inseguridad, violencia y violaciones, en especial desapariciones forzadas, tortura y niveles críticos de impunidad. La CIDH señaló que el despliegue de operativos conjuntos entre fuerzas armadas e instituciones de seguridad genera mayores violaciones a derechos humanos.
En ese rubro destaca que hasta antes de 2006 el promedio anual de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas era de 190, y menos de dos recomendaciones. En la última década el promedio creció a mil 75, y más de 14 recomendaciones. Pero sólo en 2016 se registraron casi 700 quejas en la CNDH, que emitió 12 recomendaciones, por ejecuciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada e inhumaciones clandestinas.
México atraviesa la peor crisis de violencia, inseguridad y delincuencia de su historia; y dos décadas de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ofrecen resultados alentadores, ya que en 2007 se registraron poco más de 10 mil homicidios dolosos, que este 2017 podrían superar los 30 mil.
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