Guadalajara, Jal., 7 de noviembre. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) informó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que más de 185 mil mexicanos han sido desplazados por la construcción de presas promovidas por el gobierno federal.
El TPP analiza testimonios y pruebas que entre el 5 y el 7 de noviembre presentaron afectados por la construcción de 12 embalses en siete estados, durante una preaudiencia celebrada en Temacapulín, Jalisco.
Mónica Olvera, geógrafa y activista del Mapder, dijo al jurado internacional que este jueves emitirá una primera parte de su fallo que la cifra de desplazados «podría ser mayor, dado que los números fueron obtenidos en muchos casos con base en el conteo de familias, no de personas».
La investigadora refirió que la construcción de presas en México es parte de un ambicioso proyecto, en el cual lo menos importante para gobierno y empresarios es la decisión de los pueblos afectados.
El fallo que emitirá el jurado del TPP organismo compuesto por académicos y especialistas de varias disciplinas y países se basará en las denuncias por afectaciones y violaciones a derechos humanos cometidos antes de la construcción de una presa, como en el caso de Paso de la Reina en Oaxaca; La Parota, en Guerrero; Las Cruces, en Nayarit; El Naranjal, en Veracruz, y Arcediano, en Jalisco.
También se deliberará sobre los abusos cometidos durante la construcción de los embalses, como ocurrió con los afectados por la presa El Zapotillo, en Jalisco, y acerca del desplazamiento forzado de comunidades para dejar tierras a presas ya construidas, como La Yesca, en Nayarit, y Cerro de Oro, en Oaxaca.
Las conclusiones del jurado sobre Jalisco y Nayarit se presentarán en conferencias de prensa en Guadalajara el 8 de noviembre, y el fallo completo en la ciudad de México el día 9, después de entregarlo ese día, a las 8:30 horas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante los dos días de comparecencias en Temacapulín, integrantes de organizaciones en resistencia y afectados que participaron en la preaudiencia presentaron al TPP quejas y testimonios, lo mismo que argumentos técnicos, jurídicos y peritajes sicosociales, entre otros elementos.
Entre las organizaciones participantes destacan el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que se opone a la presa Paso de la Reina, así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota. También estuvieron pobladores de los municipios de Ruiz y Rosamorada, Nayarit, que rechazan la hidroeléctrica Las Cruces, y el Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, contrario a la presa El Naranjal, en Veracruz.
María Guadalupe Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano, narró su resistencia a la construcción de una presa en la barranca del río Santiago, en el último poblado rural del municipio de Guadalajara. Lara fue la última habitante en abandonar su casa, pero finalmente fue desplazada y la comunidad destruida. Los promotores de la obra destinaron al menos 800 millones de pesos para «estudios» e indemnizaciones, pero el proyecto se suspendió al comprobarse que la mala calidad del suelo lo hacía inviable.
Por el pueblo anfitrión de la preaudiencia, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo presentaron pruebas, mientras afectados por la presa El Cajón, en Nayarit, así como desplazados en Cerro de Oro, Oaxaca, dieron a conocer testimonios de su resistencia.
Además, en un foro se divulgaron «los excesos y la demagogia oficial» para cumplir compromisos en los casos de La Yesca, Jalisco, y Zongolica, Veracruz.
Con información de Mauricio Ferrer, corresponsal
