(16 de julio, 2014).- Al menos 138 periodistas fueron ejecutados en 17 países de América Latina por motivos relacionados a su profesión, de los cuales 55 eran mexicanos, es decir, 39 por ciento de la tasa, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión del organismo, instó a los estados latinoamericanos a utilizar los protocolos que prevengan las agresiones en contra de los comunicadores y los defensores de derechos humanos, así como protegerlos y sancionar a quienes resulten responsables de llevar ataques contra el gremio, en especial atención si se trata de funcionarios públicos.

“No basta simplemente con que los funcionarios no agredan y legitimen la labor de los periodistas desde el discurso, sino que deben conformar protocolos para su protección. Nos dicen que en la región la impunidad es de 90%, también que no es necesario adoptar mecanismos especiales porque ya existen en las fiscalías, existen medidas y el estado debe adoptarlas”, enfatizó Botero en medio de un foro donde participaron periodistas mexicanos, colombianos, hondureños, venezolanos y argentinos.

Entre los principales temas por los cuales son perseguidos los periodistas de América Latina se encuentran los ambientales, violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, corrupción, manifestaciones, narcotráfico y grupos mafiosos, así como casos donde impere la impunidad

Según el reporte, el 30% de los actos violentos en contra de la prensa son ordenados por autoridades y agentes estatales.

En lo que respecta a México, la relatora advirtió que en los últimos diez años ha mostrado “preocupantes” estadísticas de violencia contra los periodistas, donde en el periodo 2006-2013 habrían matado a 55 profesionales.

Como consecuencia de estos hechos, conforme a lo señalado por el informe, los comunicadores se han visto obligados a autocensurarse, de tal forma que existe un triple efecto que consistente en que se les vulnera el derecho a expresarse y difundir opiniones, son amedrentados y silenciados, además de la violación a los derechos de la sociedad a recibir información.

Botero dijo: “El crimen no es más grave cuando se comete contra un periodista porque sea más importante que su vida o integridad que la de otras personas, pero cuando se atenta contra ellos se manda un mensaje de que hay temas de que no pueden ser tocados, que hay asuntos que no pueden ser comunicados a la opinión pública y eso es grave”..

Cabe señalar, de abril a junio de este año se registraron 87 nuevas agresiones a reporteros y medios de comunicación en todo el territorio nacional, de acuerdo al reciente informe presentado por la organización no gubernamental Artículo 19.

De éstas, 39 corresponden a físicas, 14 intimidaciones, 13 detenciones arbitrarias, 9 amenazas, 4 actos de censura y 8 acciones legales (denuncias por difamación y calumnia, y citatorios judiciales). Entre las entidades más peligrosas se hallan el Distrito Federal, el Distrito Federal y Quintana Roo.

Artículo 19 puntualizó: “Las agresiones a la prensa en México, durante el segundo trimestre del año, se han caracterizado por dos graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en riesgo la labor periodística: La repetición crónica de ataques a la libertad de expresión y la inacción gubernamental.

“Durante este periodo, ARTICLE 19 ha podido documentar por lo menos 10 casos de periodistas y medios de comunicación que ante la impunidad imperante vuelven a ser blanco de nuevos ataques o amenazas a pesar de contar con medidas de protección del Estado Mexicano o denuncias penales (abiertas) por las agresiones sufridas en meses o años anteriores”.