Alrededor de 3 mil personas de 15 comunidades del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe sur, marcharon el miércoles último contra las proyectadas expropiaciones de tierras para la construcción del Canal Interoceánico, que atravesará la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).
Se trata de la quinta marcha que se realiza en las últimas dos semanas, organizada por comunidades que manifiestan su incomodidad e incertidumbre por los censos de tierra y patrimonio que trabajadores de la empresa china HKND Nicaragua Group -concesionaria de la obra- han iniciado en sus territorios, resguardados por policías y militares.
Los manifestantes recorrieron más de un kilómetro hasta el distrito La Unión, gritando consignas contra la citada empresa. Ellos demandaron información sobre el proyecto que unirá el océano Pacífico con el Atlántico.
Por su parte, el comité organizador de la marcha exigió al presidente Daniel Ortega que respete sus derechos y afirmó que no quieren que se les expropie sus tierras para el beneficio de empresas extranjeras.
La marcha, que fue custodiada por personal de la policía, transcurrió sin incidentes. No obstante, los dirigentes advirtieron que desean agotar la vía pacífica y de diálogo antes de tomar otras medidas.
Exigen consulta
El diputado indígena, presidente de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Indígenas, Brooklyn Rivera Bryan, demandó al Gobierno de Nicaragua que consulte sobre el proyecto a las nueve comunidades indígenas de la región del Caribe Sur que están en la ruta del Gran Canal Interoceánico.
Advirtió que una de las comunidades de la etnia Rama que será afectada es la denominada Ban-Kukú y que es la única que conserva su idioma.
Rivera sostuvo ten otro momento que el proyecto afectará a miles de indígenas del territorio Rama-Kriol, quienes afrontan la incertidumbre de cuál será el impacto en su cultura, forma de vida y territorio.
Inquietud por censo
Un reporte del diario El Confidencial de agosto de este año, recoge la incertidumbre que ha despertado en las poblaciones de la ruta del canal la presencia de trabajadores chinos de la empresa HKND Group, custodiados por militares y policías y acompañados de funcionarios de la Dirección de Catastro y de la Procuraduría.
Los pobladores denuncian que de manera imprevista los trabajadores han aparecido en las comunidades para realizar mediciones en los predios y para anunciar a sus dueños que sus casas serán compradas por la empresa. Para ello les exigieron los planos y las escrituras de sus propiedades.
En unos formularios titulados Formulario de Investigación sobre la población, las viviendas y los accesorios del terreno objeto de utilización del proyecto del Canal de Nicaragua enlistaban a los moradores y les pedían su firma, señalaron los pobladores.
Formulario usado por los trabajadores chinos para el censo en la comunidad Obrajuelo. Imagen: El Confidencial
Aislarán a afrodescendientes
En una carta pública, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), advirtió que la construcción del canal aislaría de sus familias y centros sociales a las comunidades afrodescendientes ubicadas al sur de Bluefields, como Monkey Point, Corn River, Greytown.
Según María Luisa Acosta, coordinadora del CALPI, las comunidades que habitan en esta zona quedarán separadas del triángulo de los pueblos afrodescendientes.
Asimismo, señaló que las comunidades las autoridades autónomas de la RAAS no han sido consultadas ni han recibido información técnica del proyecto, hasta el momento.
El Canal Interoceánico
El canal recorrerá 278 kilómetros del territorio nicaragüense, desde el litoral del Pacífico hasta el Caribe. Del recorrido, ciento cinco kilómetros serán dentro del Gran Lago.
El costo de la obra será de 50.000 millones de dólares y tendría capacidad para el pase de barcos mayores a los que hoy atraviesan el Canal de Panamá.
La compañía HKND Group, ha firmado con el Gobierno de Nicaragua un acuerdo para la explotación por 50 años del canal, prorrogables por otros 50 más. El inicio de la construcción de la obra está programado para fines de 2014.
De acuerdo al CALPI, un 52 por ciento de la ruta se trazará en tierras indígenas, cuyos procesos de titulación han sido retrasados para hacer realidad el proyecto.
