Cientos de morelenses exigieron justicia para  Edgar Tamayo Arias en Miacatlán y Cuernavaca. Un gran número de organismos internacionales pidieron clemencia o la suspensión de su ejecución. Denunciaron la violación de ley internacional el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y  Amnistía Internacional, entre otros. Todo fue en vano.

El 22 de enero de 2014, mientras sus familiares prendían velas y rezaban en las afueras de la prisión Huntsville, Texas, el ciudadano mexicano Édgar Tamayo Arias fue inyectado con  una dosis de veneno, en un homicidio premeditado a manos del Estado norteamericano. Políticos mexicanos y estadounidenses  registraron grandes avances en la demagogia mientras Tamayo mostró dignidad en sus últimas horas: las autoridades que se negaron a ayudarlo durante años serán personas non grata en su funeral, anunció.

Detenido por la muerte de un policía en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994 y sentenciado a muerte  ocho meses después,  Tamayo pasó veinte años en el pabellón de la muerte antes de ser ejecutado.

Con la inyección letal ¿se hizo justicia? Más bien venganza. Un policía murió y alguien tenía que pagar. ¿Quién mejor que un mexicano que no hablaba bien el inglés, no conocía sus derechos y no sabía explicar que hubiera sido sumamente difícil disparar un arma con sus manos esposadas a la espalda?

Los 131 ciudadanos extranjeros condenados a muerte en Estados Unidos son una pequeña minoría de las 3 mil 108 personas en los pasillos de la muerte de ese país, pero el caso de Édgar Tamayo  ilustra lo que suele pasar con ellos, especialmente los mexicanos. Además, pone  en tela de juicio ante la opinión pública el uso de la pena capital en Estados Unidos  –una forma de control social en la cual factores de clase, nacionalidad, geografía, etnicidad, pero sobre todo raza, determinan si una persona va a vivir o morir.

Bajo el artículo 36 de la Convención de Viena, los ciudadanos de otros países tienen derecho a asistencia consular en el momento de su detención, pero el 31 de marzo de 2004, en el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó que  el gobierno de Estados Unidos violó la Convención al negarle ese derecho a 51 mexicanos condenados a muerte, incluyendo a Tamayo y otros nueve encerrados en el estado de Texas. El gobernador texano, Rick Perry, prometió revisar los casos para determinar si la falta de asistencia perjudicó la defensa de los acusados, pero en 2008, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que los estados de ese país no están obligados a acatar la Convención de Viena mientras no haya legislación federal para implementarla. Con ese aval, Perry procedió a ejecutar a dos mexicanos, José Medellín y Humberto Leal, en 2008 y 2011, respectivamente, y ahora se enorgullece del envenenamiento de Édgar Tamayo.

La violación del derecho universal más fundamental –el derecho a vivir– fue prohibida durante cuatro años en Estados Unidos a partir del 1972, cuando la Suprema Corte de la Nación declaró la pena de muerte un castigo cruel e inusual. Sin embargo, ésta fue restaurada en 1976 y desde entonces, fueron ejecutadas mil 362 personas. De éstas, mil 113 lo fueron en el sur del país, 508 en Texas y 116 en el condado de Harris (donde se encuentra la ciudad de Houston).

Una mirada a la historia destaca que fue precisamente en el sur donde la riqueza del país se acumuló sobre las espaldas de esclavos africanos. Desde 1877 hasta 1950, el mayor número de linchamientos se llevaron a cabo en los mismos estados sureños. En Texas, estado esclavista y colonizador, el linchamiento también se usó con frecuencia contra los indígenas y mexicanos. El 23 de agosto de 1917, en plena guerra mundial, 156 soldados negros se amotinaron en Houston debido al maltrato contra una mujer negra por parte de la policía. Después, 19 de ellos fueron linchados y decenas más encarcelados. Ahí están los antecedentes de la pena de muerte actual.

Hoy en día, 60 por ciento  de los presos en los pasillos de la muerte en Estados Unidos son gente de color (africano-americanos 42 por ciento, latinos por ciento, asiáticos 3 por ciento,  e indígenas 1 por ciento), aunque ellos son sólo 36 por ciento de una población general compuesta de 63 por ciento blancos, 17 por ciento latinos, 13 por ciento africano-americanos, 5 por ciento asiáticos y 1 por ciento indígenas. El linchamiento moderno de los africano-americanos está fuera de toda proporción.

Sin embargo, el racismo en la aplicación de la pena de muerte no sólo se mide por la raza de la persona condenada a muerte, sino por la raza de la víctima de un asesinato. Si la víctima es de piel blanca, hay mayor probabilidad de que el acusado reciba la pena de muerte. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC por sus siglas en inglés), las víctimas son de raza blanca en alrededor de 50 por ciento de todos los casos, pero en 76 por ciento de los casos que resultan en una condena a muerte.

Otro factor es que la abrumadora mayoría de los fiscales en Estados Unidos son blancos; 98 por ciento en los estados que tienen la pena de muerte, de acuerdo con Human Rights Watch. Además, se han reportado muchos comentarios racistas hechos por los fiscales y los jueces también.  El 20 de febrero de 2013, la juez Edith Jones, del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones que tiene su sede en Nueva Orleáns, pronunció un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania donde dijo que ciertos “grupos raciales, como los afroamericanos e hispanos, tienen predisposición para cometer delitos”, y tienen una “tendencia para cometer actos de violencia” e involucrarse en delitos más violentos y crueles que las personas de otras razas.

En Texas,  se han condenado a muerte a por lo menos nueve personas “por ser negros o latinos”, en base al testimonio del psicólogo Walter Quijano, quien ha testificado con respecto a la probabilidad de su “futura peligrosidad” debido a raza o etnicidad. Esto fue el caso con el argentino Víctor Hugo Saldaña y el afrodescendiente Duane Buck, entre otros. La pena de muerte fue revocada para Saldaña, pero el estado no ha respetado su promesa para ordenar una nueva audiencia para Duane Buck.

Una ejecución que tuvo un impacto inusitado sobre la opinión pública nacional e internacional fue la de Troy Davis, que ocurrió en el estado de Georgia el 21 de septiembre de 2011. A pesar de las pruebas de su inocencia ampliamente difundidas por su familia, la alta prioridad de las autoridades fue la venganza. Para muchas personas, el asesinato oficial de Troy sirvió como un despertar a la grotesca aplicación del castigo capital.

De hecho, desde el año 2000, se nota una disminución en las sentencias de muerte dadas por los jurados y también en el número de personas ejecutadas en Estados Unidos. Mientras 98 personas fueron ejecutadas en 1999, el número bajó a 43 en 2011 y 2012. Esto se debe en parte al alto costo de mantener un preso en el pasillo de la muerte durante años, pero  también ha habido varios escándalos sobre la alta cantidad de errores en los casos de personas sentenciadas a muerte. Según Amnistía Internacional, desde 1973, 130 personas han sido liberadas del pasillo de la muerte en Estados Unidos debido a condenas erróneas, lo que implica que también muchas personas inocentes han sido ejecutadas.

En el año 2000 se declaró una moratoria sobre las ejecuciones en el estado de Illinois después de que 13 personas salieron libres debido a errores en sus procesos, y una década después,  la pena capital fue abolida en ese estado. El 28 de octubre de 2011, el New York Times escribió un editorial llamando la pena de muerte un castigo “salvaje, arbitrario y caro”,  citando las revocaciones o revisiones de 125 de los 391 casos capitales en el estado de Pensilvania desde 1976 debido a graves errores de los abogados.

Si la pena de muerte se declara inconstitucional de nuevo, como muchos analistas anticipan, esto será un gran alivio para los 3 mil 108 residentes de los corredores de muerte de Estados Unidos. Pero ahí hay gato encerrado. La mayoría de ellos no van a salir de prisión, sino que se quedarán ahí de por vida, alimentando el negociazo del complejo industrial carcelario. Según los jueces, fiscales y las empresas encuestadoras, la única posible alternativa a la pena de muerte es la sentencia de cadena perpetua, en muchos casos sin la posibilidad de libertad provisional. Y desgraciadamente, muchos grupos de derechos humanos y abolicionistas de la pena de muerte aceptan esta alternativa con entusiasmo. Así, el rechazo a la muerte inmediata aplicada por el Estado no necesariamente resulta en la justicia, sino que aumenta el uso ya muy amplio de otro castigo cruel e inusual: la muerte lenta en prisión.

El caso de Édgar Tamayo no es el más conocido entre mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Esa fama la tiene otro hombre acusado de matar a un policía ––Ricardo Aldape Guerra––, quien se volvió un símbolo del maltrato a los indocumentados y de las injusticias en su proceso jurídico. Con el apoyo de su abogado y activista Álvaro Luna Hernández como jefe de su Comité de Defensa, el migrante fue el primer mexicano y el único hasta la fecha en comprobar su inocencia y salvarse de la pena de muerte a pesar de la tremenda presión policiaca para sostener la condena. La doble ironía es que Ricardo Aldape Guerra murió en un accidente automovilístico unos meses después de salir de prisión y un poco antes, Álvaro Luna Hernández fue detenido por desarmar a un sheriff que fue a su hogar para detenerlo y por herir levemente a un policía en una subsecuente balacera.  Desde julio de 1997 el luchador por los derechos chicano-mexicanos purga una sentencia de 50 años como preso político.

Publicado el 27 de Enero de 2014