En Guatemala, la defensa de los ríos ante la imposición violenta de los megaproyectos de energía eléctrica, es continuidad de las luchas anteriores de los pobladores indígenas. La resistencia a las represas toma diversas formas pacíficas, que son respondidas con violencia estatal y empresarial.

“El miedo se convierte en coraje y la gente dice ¡ya basta! Después de que nuestros abuelos fueron desplazados por la invasión española, sufrimos todo esto, cargamos a los señores en la silla, a las espaldas. Estaba recién pasando eso cuando viene el conflicto interno y otra vez volvimos a sufrir desaparecidos; hermanos, hermanas, padres, todos ellos violentados. Ya viene otra vez el gobierno a desplazarnos de nuestras tierras, y la gente dice ¡ya basta!

“El miedo que se tenía, infundado, rebrota ya no como miedo, sino como coraje de defensa, como coraje de decir ¡ya basta! Es momento de adueñarnos de nuestras  tierras, de nuestros derechos”, señaló un joven maya q´anjob´al de la comunidad de Santa Eulalia, municipio de Huehuetenango, durante la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos que se llevó a cabo en octubre de 2013. Son palabras que traen a la memoria los días más amargos vividos durante la guerra.

Guatemala  es una nación donde se reconocen 22 etnias de origen maya y población xinca y garífuna, además de los ladinos o no indígenas. Existen 23 grupos lingüísticos. Este país vivió  36 años de conflicto armando, una historia de dolor y terror de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH): hubo más de 200 mil personas, principalmente de la etnia maya, que fueron asesinas o desaparecidas. Esta comisión concluyó que el ejército de Guatemala cometió actos de genocidio y fue responsable del 93 por ciento de las atrocidades documentadas, con conocimiento o bajo las órdenes de las altas autoridades del Estado. Después de un largo camino, se firmaron los tratados de paz en 1996, aunque esto no se tradujo en el castigo a los responsables.

Los acuerdos de paz, aunque implicaron  avances importantes en relación a los derechos indígenas, no trasformaron las estructuras de poder que se viven en Guatemala. Éstas se convirtieron en el marco de las políticas neoliberales, y el cambio de modelo económico – impulsado por un gobierno militar-empresarial -incrementó y profundizó las problemáticas. Además de privatizar educación, salud y la energía, se criminaliza a las luchas sociales y se impulsa a los megaproyectos con imposición, “dejando claro, el gobierno y las empresas transnacionales, que no están dispuestas a que existan impedimento para realizar sus planes”, acusó Cirilo Toj.

En la actualidad, 14 familias criollas concentran el poder económico y cultural. Guatemala es todavía un país que se fundamenta en el racismo desde las estructuras del Estado. El modelo de distribución agrario es concentrador, y excluyente hacia las mujeres. Perdura el tipo “finca”. Menos del 2 por ciento de dueños concentra el 57 por ciento de la mejor tierra de Guatemala, lo que genera pobreza y desnutrición.

Con la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica desde 1994, la política energética combina el mercado regulado y la presencia de mayoristas. Como consecuencia, las comunidades vieron agudizadas sus condiciones de pobreza y desnutrición crónica, y la concentración de riqueza por parte de un pequeño grupo. La política energética no esté enfocadas a las comunidades, pero son ellas quienes asumen el costo, que implica la pérdida de su patrimonio cultural, la destrucción de sus sitios sagrados y recursos agrícolas y pesqueros. Esto se traduce en la violación a sus derechos al territorio, a la tierra y al agua.

Las represas que alimentan el sistema eléctrico se construyen sin los estudios de impacto ambiental y sin consulta alguna. Son diseñadas para producir energía eléctrica  y transportarla  muy lejos de comunidades adyacentes, que no se ven beneficiadas ni si quiera con la electricidad.

Se producen actualmente en los ríos de Guatemala 2 mil 700 mega watts de energía, para un consumo interno de mil 500. Esto significa que las distintas empresas venden el excedente de la producción a través del sistema centroamericano de distribución de energía, afectando a comunidades y a la salud de los caudales para lucrar con ese negocio.

De 2006 a 2013, el país contrajo compromisos por 434 millones de dólares en relación a proyectos energéticos. La instalación de las hidroeléctricas gana terreno en relación con los biocombustibles y la generación geotérmica -que del  2006 a 2009  lideraron la inversión (154 millones de dólares), pero de 2010 en adelante ya se acumularon más de 127 millones de dólares por represas, lo que las convierte en el principal rubro receptor.

En un reciente informe del Ministerio de Energía y Minas se consigna que hay nueve represas que se encuentran en trámite para su autorización, 19 que aún no se han construido, tres en fase de construcción y 20 que se encuentran en operación. El 25 por ciento de la capacidad eléctrica instalada es de grandes hidroeléctricas, y el 10 por ciento de pequeñas.

Experiencia de resistencia

Existe una experiencia acumulada de organización, resistencia y defensa de territorio durante el conflicto armando por parte de las comunidades  indígenas, que se organizan para enfrentar estas políticas neoliberales. Los espacios de intercambio se materializaron en encuentros regionales, nacionales e internacionales, donde las voces de las  defensoras de los ríos hacen eco de solidaridad y trascienden más allá de su espacio territorial. En el año 2002, después del foro mesoamericano, se conformó el  frente petenero contra las represas.

La lucha que se vive en Guatemala por la defensa de los ríos se volvió un símbolo en el movimiento latinoamericano en contra de las represas. Es una de las razones por las cuales se llevó a cabo del 9 al 12 de octubre el V Encuentro Latinoamericano de la Red de afectador por represas y en defensa de los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar).

El pueblo de El Retalteco, en el municipio de Las Cruces, en Petén, fue quien dio cobijo a los 537 delegados de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos. El río Usumacinta fue testigo de este encuentro de las diversas voces que entrelazan la lucha continental para la trasformación del modelo energético hegemónico, que imponen las empresas transnacionales en complicidad con los Estados. Se dieron intercambios en el recorrido de la delegación, previos al encuentro, en Huehuetenango, Ixcan, Purulhá y Petén, que resultaron de vital importancia para dar a conocer la situación de criminalización que se vive.

Chixoy, prohibido olvidar

Una de las razones que hace que las comunidades se opongan a las represas es la historia de dolor que corre por los ríos de Guatemala.

Durante una de las etapas de más represión que se vivió en el país centroamericano, se decidió la construcción de la represa más grande, la presa Chixoy, entre 1977 y 1986. Este megaproyecto fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.  La construcción de Chixoy implicó la inundación de alrededor de 2 mil hectáreas de tierras agrícolas, así como la desaparición de 23 localidades -entre ellas Rabinal, Cubulco, Alta Verapaz, Espanta y Quiché. Dos mil trescientas familias fueron afectadas directamente.

A partir de 1980, se dieron asesinatos de miembros de las comunidades por parte de miembros de la Policía Militar Ambulante (PMA). En el norte de Rabinal se dieron diez masacres de cientos de niños, mujeres y hombres, y destrucción de comunidades por parte del ejército dentro de su política de tierra arrasada. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas han luchado por la reparación y justicia. Después de un largo camino, en el año 2006 se inició una mesa con  la coordinadora de comunidades afectadas por la construcción de la  represa Chixoy, que terminó con un acuerdo de reparación firmado en el 2010.

El derecho a decidir

Una de las formas en que las comunidades defienden su territorio son las consultas de buena fe, que constituyen un principio ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones; el resultado del consenso comunitario se transforma en el poder político del pueblo.  Las  consultas o Laj ti’ en los idiomas mayas,  o Popti’, Chuj, Q´umlab´al  en  q´anjob´al y akateko se han realizado en diversos territorios dentro de este país. Su importancia no sólo es el resultado final, sino el proceso de información y de formación para llevarla a cabo. Todo es parte de sistema jurídico maya que se practica en la vida cotidiana. También ayuda la articulación de los pueblos, cuenca abajo y arriba, y los resultados se llevan a los organismos del Estado. Así, la consulta es una forma de retomar el poder popular por parte de las comunidades indígenas en Guatemala.

Barillas, los ecos de la guerra

Existe actualmente en Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas -pertenecientes al Departamento de Huehuetenango, el norte de Guatemala-,  una situación de violencia como resultado de la agresión de la empresa española Ecoener Hidralia Energía/ Hidro Santa Cruz S.A., y del Estado guatemalteco.

Como consta en el informe de la Misión Internacional que visitó el territorio, el Proyecto Hidroeléctrico Qambalam, de Hidro Santa Cruz-cuya inversión total supera ampliamente el presupuesto anual de la municipalidad de Barillas- registra una gran oposición entre las poblaciones potencialmente afectadas. Se provocaron diversos incidentes de violencia, cuyo pináculo ocurrió el 28 de septiembre del año 2013, en el contexto de una manifestación pacífica por parte de ciudadanos opositores. Esta no es la primera vez que la policía se excedió en el ejercicio de sus funciones, al dispersar la protesta que se desarrollaba de manera legal y pacífica en contra del megaproyecto Qambalam. El detonante de este enfrentamiento fue la detención arbitraria de Maynor López, defensor de los derechos humanos, luchador social y miembro de la resistencia pacífica de Posa Verde, lo que provocó la reacción de pobladores de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Nenton, y la violencia posterior por parte de las autoridades.

En general, se menciona en el informe, el conflicto en torno al Proyecto hidroeléctrico Qanbalam suscitó graves violaciones a los derechos humanos. A su paso por los territorios qanjobales de Guatemala, Hidro Santa Cruz y el gobierno guatemalteco generan un ambiente de persecución, encarcelamientos, heridos y, desafortunadamente, también homicidios. Es el caso del asesinato de Andrés Francisco Miguel, el primero de mayo de 2012, uno de los principales líderes y portavoces de la comunidad. En esos mismos hechos resultaron gravemente heridos Esteban Bernabé y otro acompañante. Bernabé rechazó todas las ofertas, halagos y presiones de Hidro Santa Cruz para que vendiera sus tierras, que se verían directamente afectadas por el proyecto. De acuerdo con las investigaciones, los responsables de los crímenes son empleados de la empresa. También existen detenciones arbitrarias, como la de Rubén Herrera, de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango (ADH).

La amplia oposición al proyecto se expresó en la Consulta de Buena Fe, llevada a cabo por la propia comunidad -con la participación de 46 mil 500 pobladores, de los cuales más del 95 por ciento rechazó el proyecto. Los habitantes mencionan que ya dijeron de mil maneras que no quieren esos proyectos.

Después de lo sucedido entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, se dieron unas mesas de diálogo con el gobierno que no se han traducido en la solución del conflicto. Durante esos días, el gobierno anunció que expulsaría a “extranjeros que participen en protestas sociales” y dijo que “no se ha visto extranjeros en el desarrollo de este conflicto, pero se tienen datos que confirman su participación en otros hechos similares”.

Francisco Rocael Mateo, del Consejo de Pueblo de Occidente y de la Asamblea de Pueblos, lo que se vive en la  región de Huehuetenago  y a nivel nacional es muy preocupante pues, denuncia, el gobierno está impulsando el modelo extractivista,  violando sistemáticamente el derecho a la consulta en los territorios. El  nuevo despojo de los ríos y del territorio se ha traducido en la  resistencia pacífica, sin embargo, el gobierno responde con  violencia. En la zona de Barillas actualmente existen presos políticos, persecución permanente y un proceso de descalificación  a los que están luchando para desmovilizar, señala. A pesar de las consultas de buena fe, existen  nuevas concesiones y sigue en aumento la conflictividad social, pues hay una tendencia a la militarización del territorio, además de continuar la persecución  legal como una estrategia de desmovilizar la resistencia, menciona el líder guatemalteco.

La forma conflictiva en la cual llegan las empresas implica que se alteren las relaciones políticas y sociales, lo que se traduce en  efectos inmediatos y a largo y mediano plazo. El pueblo maya ya decidió que no está de acuerdo con el modelo extractivista ni en  la manera de implementación de éste.

Además del conflicto en Barillas, también existen otros en Ixcán, departamento del Quiché, a causa del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá, en  las comunidades de Peña del Ángel; y Riva-Co, en el municipio de Purulha, departamento de Bajo Verapaz. La problemática  es por la construcción de las represas impulsadas por las empresas Hidro Sulin, en el río Peña del Ángel, y Fuerza Hídrica, en el río Wachabajo y río Riva-o. Las obras han sido rechazas categóricamente por los habitantes de esas poblaciones. La presa Sacja fue construida en el área de sierra las Minas, y causó daños irreparables en los ecosistemas y en la economía de los habitantes, por la reducción del cauce del río -que llegó al 10 por ciento de su caudal. Existe además una lucha binacional para evitar la construcción de las represas en el  río Usumacinta.

Las ganas de  seguir viviendo  en su  territorio de los pueblos mayas, son más poderosas que las balas y el terror. Aunque el escenario se vea poco alentador, las comunidades en encuentro como el Redlar festejan la solidaridad y la unión entre los pueblos.

Francisco Rocael considera que el V encuentro del Redlar sirvió para  intercambiar  las preocupaciones,  aprender de otras luchas del continente y conocer el modelo energético, que es el mismo  que utilizan  en todos los países. Entre los asistentes se generaron propuestas alternativas para un modelo energético diferente, que responde a las demandas legítimas de los pueblos y a un desarrollo alternativo donde haya beneficios directo para las comunidades y  se respete a la naturaleza

Los ríos  en América Latina deberán seguir fluyendo, aunque muchos de sus cauces lleven historias dolorosas, que son la justificación para las resistencias. La memoria es la herramienta para no permitir nunca más que  los intereses de unos pocos se impongan con violencia y se quite la paz.

Publicado el lunes 11 de noviembre de 2013