En septiembre del 2005, 32 trabajadores agrícolas migrantes mexicanos fueron despedidos y deportados de una granja de arándanos en la provincia canadiense de la Columbia Británica; el motivo de su despido-deportación fue el reclamar y organizar una huelga exigiendo el cumplimiento de su contrato laboral, así como mejores condiciones de trabajo y de vivienda.

Los trabajadores habían llegado a laborar en los campos canadienses a través del programa de trabajadores huéspedes llamado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT); de hecho, fueron los primeros trabajadores que llegaron bajo este programa a la Columbia Británica. Después de haber estado trabajando jornadas de más de 14 horas por sólo 24 dólares al día (en total incumplimiento de su contrato laboral bajo el PTAT) y de vivir en condiciones de hacinamiento, repartidos en una casa de dos plantas (con capacidad para entre 10 y 15 personas) y en tráileres sin calefacción y con estufas de propano para cocinar al aire libre, con baños portables completamente obstruidos, con basurales y fosas sépticas al lado de su vivienda y sin utensilios de cocina, entre otras deficiencias, los 42 trabajadores decidieron exigir se les trate con respeto y dignidad

.

Sin embargo, la respuesta de su patrón y el consulado mexicano en Vancouver fue la deportación casi inmediata de 32 de ellos. “En México somos pobres pero vivimos con dignidad. No dormimos en el suelo como animales”, dijo Adán cuando supo que al día siguiente serían deportados a su país. Por su parte, Daniel añadió a la reflexión: “Nos regresamos a México con las ilusiones rotas y los bolsillos vacíos, pero con la frente en alto, […] y eso es lo que les diremos a nuestras familias, que nos rehusamos a vivir y  trabajar como animales”. Gracias a la acción valiente de los trabajadores agrícolas migrantes de la Purewal Blueberry Farms  (seguido de su posterior despido y deportación injusta) la sociedad canadiense despertó ante la realidad de explotación laboral en la que viven más de 30 mil trabajadores agrícolas en las granjas canadienses –realidad que hasta ese entonces era no solo desconocida, sino intencionalmente ignorada.

El programa PTAT está concebido bajo la figura un tratado binacional entre Canadá, México y los países del Caribe. El tratado con México fue firmado en 1974 y está autorizado por el gobierno federal de Canadá a través del Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo (HRSDC) y administrado por agencias privadas, representantes de las asociaciones de agro-industriales, que reciben pagos de las compañías que reciben sus servicios.

En Ontario y Nueva Escocia, los Servicios de Gestión de Recursos Agrícolas Extranjeros (FARMS) administran el programa; FERME funciona en la misma capacidad en Quebec,  y WALI en la Columbia Británica, Nueva Brunswick y Prince Edward Island. El PTAT opera en Alberta, Quebec, Manitoba, Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Prince Edward Island y Ontario, provincia que recibe al 90 por ciento de los trabajadores. La provincia Columbia Británica fue incorporada al programa por primera vez en 2004. Del lado mexicano, el reclutamiento y contratación de jornaleros se realiza a través de la Secretaría del Trabajo en cada estado; una vez seleccionados los jornaleros en México, el consulado mexicano en las diferentes provincias de Canadá se encarga de su colocación en las diferentes granjas canadienses que solicitaron trabajadores migrantes temporales.

Problemas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) 

El PTAT es uno de los programas de trabajadores “huéspedes” más antiguos en Canadá y opera de forma continua desde 1966. Fue instituido como una respuesta a la aparente escasez de mano de obra laboral (barata) en la industria agrícola canadiense y fue implementado como una “solución temporal” (Basok, 2002). El programa comenzó como un memorándum de entendimiento entre Canadá y varios países del Caribe. México fue incorporado al programa en 1974. Indígenas maya quiché de Guatemala fueron reclutados por primera vez en 2003 para trabajar en la provincia de Quebec. La Columbia Británica (BC) fue la última provincia en incorporarse al programa en 2004; en el primer año, el PTAT llevó 47 trabajadores a BC.

Hoy en día existen más de 3 mil trabajadores en dicha provincia y alrededor de 25 mil en todo el país que llegan anualmente a  trabajar en los cultivos de frutas, verduras y hortalizas que consumen los canadienses (Institute on Research for Public Policy, 2012). A cuarenta y siete años de funcionamiento continuo del PTAT, todavía se refieren a éste como un programa de empleo ‘temporal’. Estudiosos del programa han sugerido que estas estadísticas revelan que el programa se constituye en una ‘necesidad estructural’ para la sobrevivencia de la industria agrícola canadiense, desmantelando la naturaleza ‘temporal’ del programa ya que se trata de una mano de obra laboral que es traída año tras año por periodos de 8 meses continuos (Basok, 2002).

Aunque programas de trabajadores migrantes temporales como el PTAT han satisfecho la necesidad de mano de obra de los granjeros canadienses, dichos programas debilitan los derechos y restringen severamente la movilidad laboral de los trabajadores y las oportunidades de los participantes de estos programas. Bajo el PTAT el empleador o patrón dicta los términos del contrato laboral, el cual especifica regulaciones estrictas en el tema migratorio y laboral. Un jornalero agrícola migrante llega a Canadá con una visa de trabajo cerrada para trabajar solo en el sector agrícola y para un patrón especifico por periodos de hasta ocho meses. Antes de dejar México, el trabajador debe firmar un contrato individual con el patrón donde se detalla el sueldo y los términos del trabajo, renunciando de esta forma a su derecho de reclamar o buscar mejores condiciones de trabajo y vivienda, en caso que éstas sean malas.

Independientemente de cuantos años un trabajador agrícola migrante trabajó en Canadá (cabe enfatizar que muchos han ido durante 15, 20 y 25 años) y de los lazos que haya podido desarrollar en la comunidad donde vive y trabaja, los jornaleros migrantes no tienen la opción de poder solicitar residencia permanente o ciudadanía y traer a sus familias; de hecho, desde el punto de vista de Canadá, se supone que estos trabajadores no deben de quedarse, establecerse y ser parte del tejido de la sociedad canadiense. “Canadá solo nos quiere por nuestro trabajo, pero cuando ya no servimos nos despiden con una patada en el trasero” afirma Ricardo, un trabajador originario de Oaxaca quien después de servir a su patrón por ocho años consecutivos en un invernadero de jitomates, desarrolló cáncer de sangre y simplemente fue despedido y regresado a México.

Los trabajadores agrícolas dependen casi enteramente de su patrón para cosas esenciales como visitas al doctor, transporte a la comunidad más cercana para comprar la despensa de la semana, enviar dinero a México, etcétera. Los patrones tienen el poder de dictar y regular la vida privada y asuntos personales de los trabajadores; por ejemplo, el patrón puede decidir cuándo y que es lo que está permitido (o no) hacer en su tiempo libre, el tipo de relaciones sociales que pueden (o no) establecer (Paz Ramírez, 2008; Preibisch, 2007).

La explotación de los trabajadores agrícolas migrantes se manifiesta en múltiples formas y en diferentes circunstancias; el hecho de que estos jornaleros carecen de movilidad en el mercado laboral y que su estancia en el país dependa enteramente de su de empleo los hace automáticamente vulnerables al abuso y explotación. Muchos trabajadores se encuentran a sí mismos trabajando y viviendo en condiciones abusivas y precarias; bajo el programa no existen mecanismos neutrales de apelación o recursos y avenidas de acción a través de las cuales los trabajadores puedan quejarse sin correr el riesgo de ser castigados y ser enviados de regreso a su país de origen,  perdiendo así la principal fuente de sustento para sus familias.

Miedo y repatriación son las constantes que rigen en el programa PTAT; incluyendo cuando los trabajadores(as) se enferman o se accidentan en el trabajo y ya no pueden seguir trabajando y son enviados a México antes de tener la posibilidad de apelar la decisión o tener la oportunidad de buscar atención medica apropiada. De igual manera, los trabajadores del PTAT son excluidos de algunas previsiones de la legislación laboral provincial en virtud de su estatus migratorio (temporal) y de su ocupación laboral (jornalero), ya que todos los trabajadores agrícolas –independiente de si son ciudadanos canadienses o no- están excluidos de protecciones laborales bajo la el Acta de Estándares de Empleo (Fairey, 2008).

Los trabajadores también son excluidos de prestaciones sociales como el seguro de desempleo, a pesar sus contribuciones a tal fondo de seguridad social. Esto es justificado por estatus temporal y su permiso de trabajo específico,  el cual los vuelve ‘no disponibles’ para trabajar en Canadá una vez que su contrato expira ya que deben de retornar a su país de origen por las mismas reglas del programa.

Finalmente, los patrones canadienses pueden literalmente decidir y escoger la composición y características de su mano de obra laboral, el género, la edad, la nacionalidad, la raza e incluso las condiciones físicas de sus trabajadores –prácticas que violan la legislación laboral y los códigos de ética y equidad de contratación de la provincia (Preibisch 2007, 2010; McLaughlin, 2010).

Herencias Colonias y Reminiscencias de la Esclavitud 

“Somos como esclavos que viajan en avión y con visa de trabajo”

(Mauro, trabajador agrícola mexicano con 15 temporadas trabajando en Canadá)

En un análisis histórico de la implementación del programa PTAT, el estudioso canadiense Satzewich (1991) afirma que la decisión de permitir que extranjeros puedan ingresar a Canadá fue basada en un “discurso racista y esencialista” que sirvió para justificar la implementación del programa como una solución pragmática ante un problema concreto. A criterio de los oficiales de inmigración canadienses en 1963, los trabajadores caribeños (con quienes se inicio el programa PTAT) eran vistos como “atrasados, infantiles y peligrosos” a la sociedad canadiense blanca anglosajona y/o francófona de ese entonces. En este sentido la incorporación del PTAT en la estructura social y en el mercado laboral canadiense son el resultado de la creación de un ‘sujeto racial’ que, a diferencia de los canadienses europeos puede -en virtud de su raza, sus habilidades (consideradas como ‘bajas’) y su estatus migratorio (definido como ‘temporal’)- ser sujeto a restricciones de sus derechos y libertades que son establecidas para los ciudadanos canadienses en la Carta de Derechos y Libertades (Sharma, 2006). Es en ese sentido que los trabajadores del PTAT no tienen movilidad laboral y no gozan de relaciones de empleo libre. Los jornaleros migrantes ganas los salarios más bajos, trabajan bajo condiciones inseguras y en empleos desregulados, tiene una vida personal controlada y viven en viviendas provistas por sus patrones que serían consideradas como inaceptables para la gran mayoría de los canadienses (Perry, 2012)

Las condiciones de vulnerabilidad estructural y desprotección en que este grupo de trabajadores se encuentra, van de mano en mano con los poderes excesivos que son otorgados a sus patrones, quienes regulan las vidas de los trabajadores dentro y fuera de la granja. Aunque los trabajadores migrantes son técnica y teóricamente considerados libres, muchos trabajadores, cuando describen sus experiencias y condiciones de trabajo en Canadá, se refieren a la esclavitud, como el trabajador que aparece en el documental El Contrato, que dice: “en mi mente la esclavitud todavía no ha desaparecido”

. Irónicamente el PTAT es promovido internacionalmente como un programa modelo de migración laboral controlada (Martin, 2003) y debido a su éxito sirvió como base para expandir otros programas de empleo temporal en Canadá, como el Proyecto Piloto de Habilidades Bajas (LSPP, por sus siglas en ingles) para proveer con mano de obra los sectores de la construcción, turismo, comida rápida, hospitalidad y la agricultura.

No se necesita decir que ya sea el PTAT o el LSPP, al igual que el resto de los programas de empleo temporal en Norte América, son programas impulsados y diseñados por los sectores industriales en los cuales se comenten violaciones y abusos laborales de forma rutinaria y endémica. Tanto el gobierno federal canadiense como los ministerios de trabajo y el ministerio de inmigración, no ven ningún problema con todas estas violaciones. Todo lo contrario, en los últimos cinco años el gobierno canadiense ha introducido cambios y realizando un ataque sistemático a los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Además de las recientes acciones de Canadá, el pasado 6 de diciembre, para eliminar los beneficios especiales para los trabajadores migrantes, los gobiernos federal y provincial han promulgado una serie de ataques a la dignidad de los trabajadores migrantes:

• Regímenes salariales diferenciales entre los trabajadores migrantes y no migrantes. Es legal pagar a la mano de obra migrante 15 por ciento (experto) y 5 por ciento (no calificada) menos que los trabajadores canadienses
• Los trabajadores migrantes siguen sin tener acceso a la residencia permanente.
• Los trabajadores empleados en el programa en la categoría «poco cualificados» trabajan por cuatro años, pero no pueden trabajar en Canadá bajo la categoría de trabajadores “poco cualificados” por otros cuatro años.
• Sólo en la provincia de Ontario hay una ausencia de vigilancia y protección contra los reclutadores y sus costos ilegales por contratación
• Trabajadores migrantes lesionados que viven en el Caribe continúan teniendo sus beneficios de Compensación a los Trabajadores eliminados debido a que la Junta de Compensación de Ontario los obliga a buscar trabajo en sus países de origen, sin importar si hay trabajo o no.
• A pesar de las muertes de alto perfil en el lugar de trabajo de migrantes, nunca ha habido una investigación forense en las más de 50 muertes de trabajadores migrantes en la provincia de Ontario

Las raíces de esta inequidad se asientan en legados coloniales y de esclavitud. Los términos contemporáneos de “temporal” o “indocumentado” o “ilegal” tiene sus raíces en los Códigos Negros que eran usados en la época de la esclavitud para definir quién podía ser esclavizado o no (Bacon, 2010). Los trabajadores mexicanos braceros en Estados Unidos en los 40’s se referían a sí mismos como ‘ilegales’, aunque tenían visas de trabajo temporal, usando esa palabra para significar la exclusión a la que eran sujetos. Y en efecto, programas como el PTAT tienes sus raíces en la esclavitud y en el controversial programa “Bracero”, que llevó a jornaleros mexicanos de 1942 hasta 1964 (Bacon, 2010). Es importante vislumbrar la relación y continuidad histórica-colonial que existe entre programas contemporáneos y del pasado, así como identificar al racismo como el elemento central y fundador en el que se basan dichos programas. Las etiquetas de ‘ilegal’ al igual que el de ‘temporal’ o ‘huésped’ o ‘trabajador de habilidad bajas’ no sólo se refieren a un status migratorio sino a una categoría social que justifica la exclusión y la explotación. Trabajadores etiquetados dentro de alguna de estas categorías reciben una porción mucho menor del valor que producen –o sea una explotación adicional. Inequidad y racismo son lucrativos.

Canadá ha dependido históricamente de la mano de obra migrante para, literalmente, construir la nación. Trabajadores migrantes chinos hicieron realidad el sueño federalista de un ferrocarril nacional posible. Fueron del sur de Asia los trabajadores migrantes que siempre cultivaron los campos en el oeste de Canadá. Hoy existen 400 mil trabajadores migrantes en Canadá y son indispensables en el trabajo doméstico, la construcción y la agricultura. A pesar de la importancia de los trabajadores migrantes en Canadá, en el pasado y el presente se les han negado constantemente los derechos humanos y la ciudadanía. Canadá se ha beneficiado enormemente de la difícil situación de los migrantes del sur. Los bajos salarios de los trabajadores han alimentado una industria agrícola multimillonaria en Canadá.

Migración Laboral y Desplazamiento: Una Reserva Internacional de Desempleados 

En muchos países del sur global, políticas económicas neoliberales impuestas han producido masas de desempleados, ya sea porque privatizaron o cerraron las fabricas para re-localizarlas en otros países o porque los campesinos y jornaleros fueron despojados de sus tierras para realizar mega-proyectos. ¿Dónde termina todo ese ejército de desplazados? La gran mayoría de ellos van al Norte ya sea como ‘indocumentados’ o como trabajadores migrantes temporales a vender su mano de obra laboral por casi nada y para convertirse en trabajadores ‘descartables’ –los cuales son cotizados y esenciales para la ganancia lucrativa del capital del Norte. En este contexto, las políticas migratorias manifestadas a través de programas de empleo temporal, son solamente una forma de administrar y controlar el flujo de personas desplazadas de los países del sur global –quizás el término más exacto sería el de refugiados económicos.

Irónicamente en los discursos oficiales de los gobiernos, raramente se mencionan las raíces de la migración laboral forzada cuando se habla de los abusos que se cometen en Canadá a los trabajadores migrantes. En este sentido, es importante cambiar el vocabulario y re-enmarcar el discurso de los derechos de los trabajadores migrantes. Los defensores de derechos de ellos también necesitan cambiar su discurso y vocabulario cuando dicen que los migrantes no tienen impactos negativos en las economías de los países receptores, ya que pagan impuestos, contribuyen al sistema y hacen el trabajo más duro y menos remunerado que nadie quiere hacer. Si bien todo esto es cierto, al mismo tiempo se niegan la realidad y los procesos que provocan el éxodo masivo de trabajadores migrantes como mano de obra laboral barata y desprotegida. De la misma manera, el movimiento laboral en los países del Norte necesita examinar su posición tradicional de organizar a la clase trabajadora en base a demandas como el contrato laboral, y conectar más y más los temas de migración que tienen impacto en las políticas de libre mercado que causan el desplazamiento y el desempleo de millones de personas. Es importante que los sindicatos norteamericanos se mantengan como aliados constantes de los movimientos sociales de sus contrapartes en el sur, para pelear contra las políticas neoliberales globales. Resulta vital establecer claramente cuáles son las causas de la migración, el desempleo, el desplazamiento, la competencia laboral, los bajos salarios, etcétera. No reconocer el sistema que crea ‘surpluses’ de masas de desempleados en el Sur debido al desmantelamiento de las economías locales como resultado de políticas neoliberales, sería sólo  mantener el status quo.

La necesidad de organizarse y defenderse 

La creación de una fuerza laboral oprimida e hiper-explotable debe ser respondida por un movimiento de trabajadores agrícolas migrantes que tenga presencia en ambos países, el de origen y el de destino, un movimiento que busque soluciones reales a los problemas que enfrentan como mano de obra barata y desechable en el Norte y como mano de obra laboral desplazada en el Sur. Cambios reales y significativos sólo suceden cuando los más afectados se encuentran al frente y al centro de las demandas de cambio legislativo y las estrategias de lucha -de otra manera cualquier cambio seria sólo superficial y de corto plazo.

La organización comunitaria Justicia para Trabajadores Migrantes (J4MW por sus siglas en inglés), con base en Canadá, trabaja y se organiza con trabajadores agrícolas de diferentes países de Latinoamérica, Asia y el Caribe, desde hace más de una década. J4MW ve como su mandato el asistir a aquellos que son más afectados –los trabajadores migrantes- en  consolidar su posición y participación en el movimiento laboral; en ese sentido, el colectivo provee información y educación sobre derechos laborales para apoyar el desarrollo de sus herramientas y mecanismos de defensa, partiendo de su propio análisis y realidad. Para ello se debe, paralelamente, crear y establecer sistemas de apoyo (legal, político y moral) dentro de la comunidad y la sociedad civil para poder enfrentar las numerosas barreras que actualmente silencian la lucha de los trabajadores migrantes en Canadá.

J4MW insiste y urge a los gobiernos federales y provinciales a realizar cambios estructurales al programa PTAT. Los políticos y oficiales de gobierno canadienses parecen olvidar que traen seres humanos que cuentan con familias en sus países de origen, y no nada más unidades económicas con las que pueden hacer lucrativas ganancias, o que pueden ser traídos cuando se les necesita y descartados cuando no. En este sentido las principales demandas y luchas en las que actualmente se encuentran los trabajadores migrantes y J4MW son por:

• Derecho a la regularización: otorgar status migratorio permanente a los trabajadores migrantes, ya que su condición de migrante temporal es la principal razón que los convierte en mano de obra captiva y vulnerable a la explotación y abuso.
• Derecho a protecciones totales bajo la legislación laboral provincial y cambios en las regulaciones laborales de las cuales gozan todos los ciudadanos canadienses
• Incluir represalias y demás mecanismos de monitoreo para evitar a los reclutadores independientes que hacen cobros ilegales para obtener visas de trabajo para Canadá.
• Re-diseñar la legislación laboral de forma que refleje la realidad de explotación de los trabajadores migrantes, como por ejemplo, monitoreo activo y reforzamiento de las actuales regulaciones y medidas de protección al trabajador.
• Abolición de los programas de empleo temporal impulsados por el sector industrial, ya que crean un sistema de servidumbre impuesta. Ningún trabajador independientemente de su estatus migratorio debería de trabajar en condiciones de hiper-explotación y sin movilidad laboral.
• Acceso igualitario a todos los servicios y prestaciones sociales, como el seguro de desempleo, acceso a la salud médica universal, compensación por accidentes y enfermedades.
• Derecho a un mecanismo de apelación justo y neutral antes de decidir repatriar a un trabajador. Actualmente los patrones (en complicidad con los oficiales consulares de los países emisores de migrantes como México) tienen un poder extraordinario para repatriar a un trabajador como una estrategia de disciplina y miedo cuando intentan ejercer sus derechos.