México. La estrategia de criminalización contra la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras tiene a nueve jóvenes presos políticos mapuche en huelga de hambre indefinida; el estado físico de cuatro presos que llevan más de un mes sin ingerir alimentos es sumamente delicado, coinciden observadores de derechos humanos.

Desde el 27 de agosto, Erick Montoya, Rodrigo Montoya, Paulino Levipan y Daniel Levinao están en huelga de hambre exigiendo juicios justos y demandas territoriales: La anulación del juicio de Paulino Levipan y Daniel Levinao; la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y convenios internacionales que Chile ha suscrito; fin a la utilización de testigos protegidos en causas mapuche; no más allanamientos en comunidades mapuche y poner fin de inmediato a la militarización y a la violencia policial ejercida sobre niños, mujeres y ancianos; libertad a todos los presos políticos mapuche y la devolución del territorio a las comunidades.

Un grupo de observadores de derechos humanos, integrado por miembros de la Comisión Ética Contra La Tortura y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), logró ingresar a la cárcel de Angol (en Araucanía), donde dijeron que su impresión es que los jóvenes luchadores están muriendo.

Leminao y Levipán cumplen una condena de 10 años y un día por homicidio frustrado a Carabineros, además de otros 541 días por portación ilegal de armas de fuego, mientras que Rodrigo y Erick Montoya están imputados por un presunto homicidio frustrado en contra de un policía. Las sentencias son racistas, discriminatorias, no respetan el debido proceso y fueron utilizados testigos encapuchados para imponerlas, manifiestan autoridades mapuche.

Los ayunantes, en comunicado público, manifestaron que: “Seguiremos resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor, seguiremos luchando contra la usurpación del territorio y llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr justicia y verdad para nuestra causa”.

Por otra parte, los mapuche recluidos en la cárcel de Temuko, Leonardo Quijon Pereira, Luís Marileo Cariqueo, Fernando Millacheo Marin, Guido Bahamondes y Cristian Levinao Melinao iniciaron una huelga de hambre indefinida el 1 de octubre de 2012. Las demandas de los ayunantes son que se les traslade hacia el lugar de reclusión más cercano a sus familias y que terminen los humillantes allanamientos contra los familiares y amigos que los visitan.

La drástica decisión se debe, según sus propias palabras, “a la incompetencia que ha tomado Gendarmería de Chile en obediencia al Estado chileno y los empresarios y latifundistas que manejan las leyes en contra nuestra, con el fin de mantenernos lejos de nuestras familias y seres queridos”. Manifiestan que esta medida es el “único recurso que nos deja el Estado y empresarios para hacer valer nuestros derechos”, y exigen respuestas inmediatas “para quienes arriesgan su vida como resultado (de) procesos arbitrarios y poco claros”.

Para los presos políticos, este tratamiento ilegal que reciben “son estrategias usadas por el Poder para callar nuestra lucha y resistencia”.

Bajo las leyes de Pinochet en Araucanía

A los presos políticos mapuche se les suele juzgar bajo la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Pinochet, que permite la declaración de “testigos protegidos” como prueba principal contra los acusados. Gran cantidad de activistas –en el caso de varios de los huelguistas de hambre, menores de 20 años- han recibido altas penas por actos “con intención terrorista”.

Los mapuche denuncian el apoyo del gobierno a los particulares que están en sus tierras y los agreden. Mijael Carbones, dirigente indígena que se encuentra en la clandestinidad, acusa que el principal estratega es el senador Espina, que implementa la estrategia colombiana anti narcotráfico contra los legítimos reclamos mapuche.

El diario El Ciudadano publica que sectores de la oposición chilena coinciden en que “las acciones violentas en sectores rurales de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, son habitualmente atribuidas a los mapuche con el fin de justificar la militarización del territorio”, mientras que autoridades mapuche apuntan que “el propósito de la ‘pacificación de La Araucanía’ es detener la lucha por recuperar las tierras ancestrales usurpadas a los pueblos originarios”, hoy en manos de latifundistas y grandes empresas transnacionales.

En una “Cumbre de Seguridad”, realizada el martes 24 de julio en el palacio presidencial La Moneda, se resolvió adoptar medidas más duras y represivas: mayor dotación de carabineros y Policía de Investigación (PDI) para la zona “en conflicto”, el fortalecimiento del trabajo de los grupos de inteligencia de Carabineros y la PDI, mayor tecnología policial, la creación de una unidad permanente y especializada de abogados para el seguimiento de las querellas criminales y el envío de un equipo del Ministerio del Interior para evaluar la asistencia a las víctimas de los supuestos atentados; junto a la instalación de una subcomisaría y un retén.

Los comuneros mapuche han buscado audiencias con el gobierno de Piñeira para pedir la recuperación del territorio mapuche y la desmilitarización de la región de Araucanía, pero no han tenido éxito. Denuncian la realización de allanamientos violentos en su territorio, especialmente en esta región.

La última agresión se registró el cuatro de octubre, cuando un violento operativo de los Carabineros en Temucuicui, ubicado en la Araucanía y de donde es vocero Mijael Carbones, se saldó con cinco heridos, tres de ellos graves.

En ese sentido, representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago mantienen la toma de la sede del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Los manifestantes solicitan que el organismo internacional, en persona del Alto Comisionado de Naciones Unidas, intervenga directamente para terminar con la violación a los derechos de niños y niñas en La Araucanía. La vocera Maulén Hunencho declaró a Radio Universidad de Chile que el objetivo es que el Alto Comisionado o algún representante con peso y poder de decisión vaya al territorio, “que vea la situación y la realidad de cómo se está viviendo la represión y cómo se ha miltarizado el lugar”. La finalidad última es “parar la violencia que se está viviendo”.

Los huelguistas de hambre agradecen “a todos aquellos que comprenden la necesidad de salir del rincón en que tienen a nuestras comunidades, de comprender que sin agua y que con el avance de las forestales, la tierra muere día a día, como también morimos nosotros”.

Publicado el 08 de Octubre de 2012