El Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA) fue rechazado por el Parlamento Europeo con 478 votos en contra, 165 abstenciones y sólo 39 votos a favor. Negociado en secreto por 39 países y firmado ya por Estados Unidos, Japón y Canadá, el tratado fue enterrado con el voto histórico del 4 de julio pasado, pues sin el apoyo de la Unión Europea, no tiene sentido intentar regular internet.

Con el pretexto de proteger los derechos de autor en ámbitos tan variados como la cultura, la industria farmacéutica y la textilera, el ACTA buscaba imponer restricciones fuertes a las libertades individuales. Pretendía obligar a las empresas de internet a controlar las comunicaciones de los usuarios, prohibir las prácticas culturales que se basan en el intercambio no comercial y reprimir a los usuarios sin necesidad de una decisión jurídica.

Cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles en toda Europa para protestar en contra de un tratado considerado como antidemocrático. Fue la primera vez en la historia reciente de la Unión Europea que los ciudadanos se movilizaron en tantos países. Sin líderes o partidos políticos de por medio, estas movilizaciones fueron la expresión espontanea de la indignación creciente en internet.

Rick Falkvinge, fundador del Partido Pirata sueco, anunció: “Es un día de fiesta. Es el día en el que los ciudadanos de Europa y del mundo han vencido a los burócratas no electos cortejados por los grupos de presión de las empresas más poderosas del planeta”.

El proceso de elaboración y de negociación dentro de la Comisión Europea ha sido denunciado por una multitud de organizaciones y ciudadanos. Se elaboró en el secreto más absoluto, sin debates en los parlamentos nacionales y bajo la influencia de los grupos de industriales. Fue con la aplicación de la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) en Estados Unidos que los ciudadanos europeos se enteraron del tratado y empezaron a pedir cuentas a sus representantes.

La Quadrature du Net, organización francesa de defensa de las libertades numéricas, resume en cuatro puntos las amenazas del ACTA.

De acuerdo con ésta, el primer peligro del ACTA es el de instituir una presión legal y financiera sobre los proveedores de internet ya que los hubiera obligado a vigilar usuarios y contenidos, y a cooperar con las industrias del entretenimiento con la trasmisión de datos privados de los usuarios. Sanciones “preventivas” estaban contempladas, sin necesidad de pasar ante un juez.

El segundo peligro denunciado por la organización francesa es la instauración de sanciones penales en un tratado de comercio. Debido a la formulación tan general de los “crímenes” establecidos, representan un peligro para varias prácticas no comerciales como el intercambio de archivos entre individuos.

El último peligro principal señalado por La Quadrature du Net es la posibilidad abierta de modificar el tratado una vez ratificado por los países. Esto hubiera significado instaurar un sistema legislativo paralelo, violando totalmente los principios democráticos.

Jérémie Zimmermann, portavoz de La Quadrature du Net, insiste en que la lucha por un internet libre debe seguir. “Más allá del ACTA, debemos acabar con la escalada represiva que impone dispositivos peligrosos para internet y las libertades fundamentales. Los ciudadanos deben exigir una reforma positiva del derecho de autor que permita promover las prácticas culturales en línea como el intercambio y el remix en lugar de reprimirlas”. 

Con el desarrollo de las tecnologías numéricas se elaboraron una serie de derechos humanos en la sociedad numérica. No se enfrentan a los derechos humanos tradicionales, como el derecho al agua, a la salud o a la educación, sino que los prolonga en el nuevo espacio público que construyó internet.

Así la libertad de expresión se prolonga en la exigencia de un internet libre que garantice la presunción de legalidad de las publicaciones en línea sin filtros automáticos y que garantice un juicio equitativo por parte de las instancias jurídicas, sin sanciones técnicas aplicadas por los proveedores de internet.

La descentralización de la red es uno de los principios técnicos más importantes, pues permite la mayor libertad de comunicación y la innovación en línea. Proteger la neutralidad de internet en la ley parece entonces una necesidad.

Al igual que para las radios, los defensores de los derechos numéricos piden la apertura de nuevas frecuencias inspiradas en el modelo del WiFi para crear accesos compartidos sin licencia.

Para aprovechar las potencialidades culturales de internet, se pide el reconocimiento legal del intercambio en línea sin fines de lucro y la búsqueda activa de modelos de financiamiento de la creación cultural como la contribución global de los usuarios y de los proveedores de internet o las licencias libres.

Ante la adhesión de varios sindicatos de artistas y de partidos políticos al tratado rechazado, los defensores de las libertades numéricas insisten en la necesidad de seguir luchando para proteger el internet libre y promover modelos numéricos de creación cultural.

Publicado el 9 de julio 2012