En las últimas semanas, España se ha visto sacudida por fuertes manifestaciones contra las duras medidas neoliberales de ajuste que ha implementado el derechista Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta y a golpe de decretos.

Los sectores afectados crecen. Mientras se rescatan bancos y sube el impuesto al valor agregado (IVA), se recortan ayudas a desempleados, presupuestos de educación y sanidad, y también prestaciones de servidores públicos y ayudas a sectores de la industria, como en el caso del carbón.

El 19 de julio, centenares de miles de personas de diversas procedencias se lanzaron a las calles de 80 ciudades del estado Español en una cita que “está siendo otra fecha más en la larga lista que nos marca la trayectoria seguida por el movimiento en la ola de movilizaciones en curso (15M, 15O, 17N, 29E, 29M, etcétera)”, analiza el historiador Raimundo Viejo Viñas. “Difícilmente podrá como acontecimiento igualar el impacto del gesto que hizo del 15M el momento de ruptura que hoy nos impulsa; sin embargo, este 19J amplía las bases sociales sin dejar por ello de profundizar en la crisis del régimen”.

Con apenas siete meses de gobierno, el conservador Mariano Rajoy ha logrado la unidad de amplios sectores populares en su contra. Para el profesor de Ciencias Políticas Jaime Pastor, «la noche del 15 al 16 de julio en Madrid se está convirtiendo en una insólita experiencia de nueva toma de las calles y las plazas, uniendo en la protesta a sectores del funcionariado, bomberos, policías e incluso guardias civiles, junto con gente del 15M, contra los recortes de este gobierno y su ‘segunda transición’ hacia la dictadura comisaria de la troika.»

Un común denominador de la inconformidad de los diferentes sectores es la precarización de su situación laboral. Para conocer algunos antecedentes, a continuación presentamos extractos del boletín informativo de la Confederación General del Trabajo (CGT) relativo a la reforma del mercado laboral

El estrangulamiento del mercado laboral

Nos enfrentamos nuevamente con unas políticas laborales que emanadas del poder legislativo (gobiernos de turno, ligados a una práctica de alternancia más o menos consolidada) y pactadas en lo esencial por los agentes sociales (empresarios y sindicatos), sostienen ideológicamente que la rigidez o rigideces existentes en el mercado laboral, es decir la regulación de derechos laborales como derechos mínimos o derecho necesario, estrangulan el mercado laboral haciendo imposible cualquier solución flexible que no sea la pérdida de cientos y cientos de miles de puestos de trabajo en aquellas situaciones de contracción, recesión de la economía y, con mayor virulencia, en situaciones de crisis y en un estado basado en una actividad económica que utiliza fundamentalmente mano de obra de forma intensiva y en general de forma poco cualificada.

El anterior argumento ha venido repitiéndose de forma reiterativa en todas y cada una de las reformas laborales llevadas a cabo desde la primera, que en realidad es el propio Estatuto de los Trabajadores de 1980. Este argumento mentiroso, falaz y, particularmente ideológico neoliberal, se constituye en la política rectora en la Reforma Laboral llevada a efecto por el gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) en la reforma de 2010 y reforma de la negociación colectiva de 2011; y, con fecha de 11 de febrero de 2012, el PP (Partido Popular), a través del Real Decreto Ley (RDL) 3/2012, no sólo ha reforzado, sino que ha legalizado la desregulación casi total de los derechos laborales, tanto los individuales como, sobre todo, los colectivos.

El gobierno del PP, a finales de diciembre, amenaza a los agentes sociales con las políticas de la Unión Europea (UE) condensadas en el denominado Pacto del Euro, de imponerlas por decreto de no llevarse a efecto una reforma laboral “de verdad”, de calado y como el dios mercado manda.

La agresión de este decreto al derecho laboral es de tal calibre que constituye una reforma en toda su extensión política y social, regresando a sistemas de relaciones laborales unilaterales y autoritarios, donde la discrecionalidad de la que se dota al empresario a la hora de disponer del contrato del trabajador/a, eliminando cualquier vestigio del carácter tuitivo del derecho laboral hacia el trabajador, del acceso a la tutela judicial y creando una inseguridad plena en el trabajo.

La crisis del empleo

Como sostiene Carlos Prieto “(…) desde el comienzo de la transición política, la evolución del empleo en España, venía siguiendo una pauta según la cual no hay crecimiento ni reducción suaves y lentas del empleo y desempleo” (C. P. en “Crisis, reforma Laboral y Modelo productivo. Caso español, 2010).

Desde el 2007 -comienzo de la crisis social concretada en el mercado de trabajo como la crisis del empleo, es decir, de su destrucción a cientos de miles- hasta el 2011, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), se han destruido 2.7 millones de puestos de trabajo, afectando en una primera etapa (que transcurre entre el 2007 y el 2009) fundamentalmente al empleo temporal y, en una segunda (entre el 2009 y el 2011), tanto al temporal como al empleo indefinido.

El modelo español, el de su tipo de economía fundamentalmente de servicios (donde se concentra el 73 por ciento de todo el empleo desde la transición), el empleo cuando crece lo hace muy intensamente, y cuando cae no es de manera suave, sino que sigue el mismo ritmo de destrucción que cuando crece.

 “Así fue entre el 76 y el 91: del 76 al 85, destrucción de dos millones de empleos, y del 85 al 91, creación de algo más de dos millones de empleos” (Carlos Prieto). En el período comprendido del largo ciclo de crecimiento de la economía mundial y la española en concreto, que abarca del 95 al 2005, se crearon 7 millones de empleos y los ocupados/as pasan de 12.5 millones en 1994 a 20.3 millones en 2007, con una tasa de paro del 8.6 por ciento.

En 1994 la tasa de paro se situaba en el 24.5 por ciento, es decir 3.8 millones de personas, con una población activa de 16 millones 87.7 personas, es decir casi 2 puntos porcentuales más que en la actualidad a diciembre 2011, que se sitúa en el 22.85 por ciento, es decir 5.3 millones de personas paradas, y una población activa de 23 millones 87.6 personas.

Esta intensidad en la creación/destrucción del empleo, es “(…) absolutamente atípica en términos de comparación internacional…si lo comparamos con la evolución del empleo en la Europa de los 15, vemos que de 1994 a 2005 en el conjunto de estos países, el empleo crece el 12,5 por ciento, mientras que en España lo hace en un 42 por ciento, casi cuatro veces más (en el 2007 el crecimiento habrá sido del 62 por ciento). Pues bien, la crisis actual es la crisis de ese crecimiento acelerado: una destrucción también acelerada…”

Pese a los discursos mediáticos, se muestra que despedir es facilísimo en este país. La percepción social del acto del despido se muestra como un acto “normalizado”, banal e irrelevante, como “un incidente de viaje” en el trascurso de la solución técnica en la economía de mercado. Esta cultura social ha pasado directamente a la cultura jurídica, la cual da por normalizado las distintas reformas desregulatorias de la protección y tutela judicial ante el acto unilateral y violento del despido.

La reforma del 2012, en el despido individual y colectivo, supone otorgar al empresario “licencia para asesinar el contrato de trabajo”, y la muerte del derecho laboral.

La individualización del modelo de relaciones laborales lleva a la ruptura con el contrato colectivo, que es constituida mediante la reforma y la imposición del unilateralismo empresarial en la reforma de la negociación colectiva.

Las instituciones mediadoras en el conflicto capital-trabajo: gobiernos, judicaturas, administraciones autonómicas y locales, y sindicatos, han creado una cultura del empleo en el estado Español que está soportada por un contrato “sin derechos”, es decir, fácilmente contratable (por precios y flexibilidad), sin derecho alguno durante su prestación y fácilmente prescindible (por precios y libertad cuasi-absoluta).

Los salarios y la productividad.

El pacto del Euro contempla los procedimientos para fijar los salarios a través de la negociación colectiva. Y así, recomienda -y en principio parece va a ser posible respetar los “acuerdos en materia salarial alcanzado entre los estados y sus agentes sociales (empresarios y sindicatos)”-, que los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar indexados al Índice de los Precios.

Los salarios así, estarían referenciados a la productividad y, en consecuencia, se deben eliminar las cláusulas de garantía salarial.

Los diferentes Acuerdos de Negociación Colectiva vienen situando la moderación salarial, cuando no la pérdida directa de poder adquisitivo, como una de las garantías de no disparar la inflación, a la vez que se vuelven a hacer continuas referencias a la productividad en relación a los salarios.

La mayoría de la población activa tiene como principal y/o única fuente de ingresos, los salarios. De cada cien personas ocupadas, 83 son trabajadores/as por cuenta ajena y 17 son por cuenta propia, y de los ocupados, su fuente de ingresos (rentas salariales) dependen de los incrementos que se establecen y/o negocian a través de la Negociación Colectiva.

Desde el lado empresarial, los salarios es uno de los componentes de mayor importancia en la estructura de costes de producción y/o distribución de mercancías. Desde la lógica del funcionamiento de una economía libre de mercado, es decir, capitalismo, la competencia es esencial para el empresario, es decir, que sus productos sean más competitivos que los de los otros empresarios, de ahí que la variable básica que suelen utilizar los empresarios en la estructura de costes de producción/distribución sean los salarios, intentando siempre depreciar su valor (explotación), al encontrarse en una posición jurídica dominante (poder empresarial), el empresario que no puede reducir otros costes, por ejemplo los de materias primas, proveedores, etcétera. Si no es desde una buena gestión, utiliza su “fuerza” para abaratar el coste salarial.

Qué pensamos, qué decimos desde CGT y cómo actuamos

Nos encontramos desde hace ya 4 años con auténticos golpes del estado de los mercados y sus mercaderes contra los derechos laborales, sociales y las libertades, es decir, ante la “rebelión de los privilegiados”, de los ricos y de los poderosos, contra millones y millones de personas obreras, asalariadas.

En el tiempo transcurrido de la “gran crisis” (gran estafa), los Gobiernos han consentido que los mercados privados y sus dueños, empresarios industriales, de servicios y financieros, hayan destruido más de 2.4 millones de puestos de trabajo. Han consentido que la libertad de despido para el capital sea absoluta y han creado una realidad de tragedia y drama para más de 5.3 millones de personas paradas, de las cuales más de 1.3 millones carecen de cualquier prestación de desempleo.

Se ha permitido la más absoluta impunidad de los empresarios en el empobrecimiento de las personas asalariadas y pensionistas, encontrándonos con una población de más de 11.5 millones de personas, las cuales no llegan a percibir los mil euros al mes.

Se ha financiado y/o avalado más de 300 mil millones de euros al sistema financiero para “sanear” sus fraudes y tropelías cometidos sobre los créditos inmobiliarios –fundamentalmente- y los “fondos de alto riesgo”, a la vez que durante los últimos 15 años de crecimiento loco, irresponsable e insostenible se ha fomentado un nivel de consumo enloquecido, generando una deuda empresarial y familiar de tal calibre (dos tercios del total de la deuda, 1.3 billones de euros), que resulta poco fiable el pago de dicha deuda para los inversores que la tienen apalancada.

Se han roto las bases sociales de cohesión de la sociedad, empobreciendo y precarizando a la mayoría y  aumentando exponencialmente la desigualdad social. Se ha instaurado un régimen de injusticia social.

Empresarios, gobiernos y sindicatos mayoritarios han construido, consentido e implantado todas las políticas económicas y sociales basadas en la reducción del precio del trabajo, la pérdida de derechos laborales y libertades sindicales y sociales, basando, unos y otros, nuestras condiciones de empleo, de pensión, de vivienda, de transporte, de alimentación, en el “crecimiento y crecimiento de la economía”.

Cuando el sistema ha reventado por insostenible social y productivamente, empresarios y gobiernos (todos los gobiernos del mundo), en vez de actuar sobre las causas que han originado este batacazo, cambiando de verdad y radicalmente de modelo de producción, de distribución y consumo y hacer sostenible la vida en este planeta, vuelven a echar más madera a esta hoguera de las vanidades y, asalariados, pensionistas, migrantes, jóvenes y mujeres, somos sacrificados en el altar del sacrosanto mercado. Ahora tocan políticas de ajuste y austeridad para la inmensa mayoría social.

Las políticas de ajuste y reducción del gasto no son nada nuevas en estas sociedades de economía globalizada; lo novedoso se encuentra en su extensión e implantación global y, claro, desde los inicios del siglo XXI, esas políticas criminales y suicidas –a la vez- se aplican a estados y naciones del mundo “desarrollado y rico”. Europa, toda Europa, ha variado su papel de ejecutor y espectador de dichas políticas en los países del sur y se ha convertido en víctima de las mismas. Pero no todas las personas sufren dichas políticas de la misma manera.

Los tecnócratas de los organismos de poder de Europa: parlamentarios, gobiernos, Comisión Europea, Consejo Europeo, Banco Central Europeo, los lobbys de las multinacionales y sistemas financieros privados, asentados en Bruselas o en la City de Londres, miden las consecuencias de sus políticas de ajuste y reducción de gastos en cientos de millones de euros arriba o abajo, pero sus mansiones, coches, restaurantes, tiendas en las millas de oro de las grandes urbes, etcétera, se blinda y protegen cada vez más.

Los obreros de Alsacia, de Atenas, de Oporto, de París, Barcelona, Birmingham; los ciudadanos de a pie de cualquiera de estos pueblos europeos que dependen de una pensión, de un empleo, de una prestación por maternidad, de una sanidad “pública”; los jóvenes que proyectan un futuro y deambulan parados por los barrios obreros de París, de Madrid, de Bucarest, etcétera, ven cómo sus casas, sus pensiones, sus empleos, su vida, se deterioran hasta el punto de desaparecer cualquier concepto de decencia o de dignidad de esa vida.

Las personas asalariadas con salarios de menos de mil euros al mes, los pensionistas con pensiones que en un 75 por ciento no llegan ni siquiera al salario mínimo, los jóvenes a quienes se les ha robado y privado de un futuro, la mano de obra migrante tratada como mercancía de usar y tirar, las mujeres que siguen siendo ninguneadas en sus trabajos productivos y en los trabajos reproductivos, la inmensa mayoría social engañada y robada en sus derechos sociales, en su educación, en su salud y en su libertad para exigir responsabilidades a quienes durante más de 40 años cometieron crímenes contra la humanidad, tenemos que decir BASTA y salir a la calle a miles, a cientos de miles.

  Publicado el 23 de julio 2012