Dijon, Francia. Son las 10 de la mañana. Cien granaderos de las Compañías Republicanas de Seguridad cierran el Bulevar de la Marne y empiezan la expulsión de los 300 migrantes que ocupaban un edificio conocido como el “Squat des Greffes”.

Abierta desde el 27 de enero pasado, la okupa alojaba a familias provenientes en su mayoría de Sudán, Chad, Eritrea y Somalia. Los ocupantes que allí residían, son personas que se encuentran realizando trámites de asilo político.

El alcalde, François Rebsamen, se jactó de la “ejemplaridad” del operativo, pero 24 organizaciones civiles que acompañaban a los migrantes denuncian la ambigüedad del ayuntamiento, pues éste emitió un requerimiento de desalojo por insalubridad en el momento mismo en el que los granaderos empezaron la evacuación.

De acuerdo con estas organizaciones, el alcalde actuó con trampas para repartir a los migrantes en todo el país: la Corte de Justicia había otorgado un plazo hasta el 15 de julio a Wiche Mahamut como representante de los ocupantes, pero, dado que él fue realojado en la ciudad de Metz, ubicado a 250 kilómetros de Dijon, el plazo otorgado automáticamente se canceló y permitió la expulsión de los migrantes.

Los solicitantes de asilo fueron diseminados en varias ciudades del país, y sólo 19 de ellos fueron alojados de manera satisfactoria. Cien fueron recibidos en alojamiento de emergencia por unos días y doscientos más, entre ellos niños, permanecieron en la calle.

Las asociaciones lamentan la ruptura de un diálogo que duró varios meses para encontrar soluciones de alojamiento viables y la perpetración de una acción brutal que acentuó la fragilidad de los migrantes, quienes de por sí ya son estigmatizados en su país.

Para las 27 asociaciones, el alcalde se sintió confortado por la llegada del gobierno socialista en mayo, y se permitió mofarse de una decisión de justicia. A nivel nacional, a pesar del discurso de “preocupación”, la política represiva sigue claramente con los mismos objetivos del gobierno de derecha anterior.

Ante la falta de información y el desdén del ayuntamiento, las organizaciones se centran en la defensa de otra okupa de Dijon, ubicada en la calle Bertillon, que se enfrenta a la misma ambigüedad de las autoridades. El 16 de julio, la justicia otorgó un plazo de un mes pero anunció ya el ayuntamiento su intención de evacuar el lugar.

Para atender a los migrantes que se quedaron en la calle, las asociaciones requisaron una casa, cercana a la okupa cerrada, el 12 de julio. Todavía no empieza el proceso jurídico, pero se espera que inicie pronto.

En 2010, Francia recibió 56 mil 250 solicitudes de asilo político, de las cuales sólo aceptó el 10 por ciento.