De la agresión sufrida por el pueblo yaqui de Loma de Bácum, el día veintiuno de octubre pasado, todas las autoridades obligadas a mantener el estado de derecho y brindarles seguridad supieron antes de que sucediera sin que nadie hiciera algo por impedirla. El resultado de tal omisión es un muerto del pueblo agredido, al cual se suman varias decenas de heridos de balas, machetazos y piedras, y alrededor de quince camionetas quemadas.
Un suceso que preocupa bastante a los yaquis y los pueblos yoris porque hace años no sucedía algo similar. Pero no sólo fue omisión gubernamental, hay quien asegura que la agresión se decidió en una reunión que se realizó el día 10 de octubre pasado, cuando el Secretario de Gobernación visitó el estado de Sonora, donde además de él debió haber participado la gobernadora y los representantes de la empresa Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C. V., o quien tiene autorización gubernamental para la construcción del Gasoducto Sonora, en su segmento Guaymas-El Oro, que pretenden cruzar por territorio yaqui.
El antecedente remoto es la autorización que diversas instituciones federales y estatales extendieron a la mencionada empresa para la construcción de dicha obra, que los habitas del pueblo de Loma de Bácum consideran violenta su derecho a la autonomía, al territorio, a un desarrollo propio y a la consulta, entre otros. Días antes de la agresión, el 9 de octubre para ser exactos, Teódulo González López, ostentándose como Comisionado para la Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos, denunciaba que la Secretaría de Energía (Sener), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), habían violado su derecho a la consulta al haber otorgado permisos, concesiones y autorizaciones para la construcción del gasoducto, “sin haber efectuado la consulta a nuestra comunidad en forma previa, informada y de buena fe”.
A la empresa la señalaba como responsable de “la suscripción con siete pueblos de nuestra etnia de un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, estableciendo un gravamen real sobre la fracción de nuestro territorio que se ocupará para la obra de transportación de gas natural por medio de ductos, pero no tomaron en cuenta que las tierras de las comunidades indígenas están protegidas por la ley, lo que las hace inembargables, imprescriptibles e inalienables, por lo que no se puede constituir gravamen de ninguna naturaleza sobre ellas”; además la responsabilizaba por “no haber informado a nuestra comunidad en los recintos oficiales, el contenido y alcances del contrato una vez traducido a nuestro idioma yaqui y no haber permitido la presencia de traductores ni contar con asistencia legal bilingüe, aprovechándose así de la ignorancia de nuestros hermanos indígenas”, y de haber ocultado deliberadamente “el contenido del artículo 101 fracción VI inciso C en relación con el artículo 117 de la Ley de Hidrocarburos, que establece como pago de la contraprestación un porcentaje de los ingresos del asignatario que no podrá ser menor al cero punto cinco ni mayor al tres por ciento”. Esto es ilegal, decía.
La opinión no era solo de él. Lo mismo se pensaba en la comunidad de Loma de Bácum, cuya autoridad tradicional había interpuesto un amparo el día 4 de abril del presente año, ante el juzgado séptimo de Distrito con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, un amparo contra autoridades federales y estatales que autorizaron la obra, mismo que dos días después fue admitido y ordenando suspender las obras. La determinación judicial desesperó a la empresa beneficiada por el gobierno, quien comenzó a evaluar la posibilidad de modificar la ruta del Gasoducto y pasarlo por el territorio del pueblo yaqui de Tórim que ya había dado su consentimiento para el primer trazo. Los representantes de la empresa no tomaron en cuenta que el nuevo trazo afectaría dos cerros sagrados de los pueblos yaquis y sin consultarlos comenzaron a marcar la nueva ruta, hecho que molestó a sus habitantes, quienes decidieron arrancar las estacas y convocar a los representantes de la empresa para que les explicara su proceder, a lo cual hicieron caso omiso.
En lugar de esto, en abierto desacato a la orden judicial de mantener las cosas en el estado que se encontraban desde la fecha en que se admitió el amparo, la empresa decidió reiniciar las obras y para lograrlo contrató vigilancia entre los mismos pueblos yaquis que habían otorgado su permiso para que el gasoducto atravesara por su territorio, particularmente de Loma de Guamuchil, Pótam y Belem. Ante esta situación, la autoridad de Loma de Bácum solicitó a la juez que había otorgado la suspensión para proteger sus derechos la hiciera respetar, lo mismo que a la Agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, sin que ninguno hiciera nada en ese sentido. Cansados de ese desprecio el diecisiete de octubre se manifestaron frente al juzgado para alertar del peligro en que estaban viviendo. Después sobrevino el ataque.
“Todo comenzó cuando se pidió un notario para que revisara los trabajos que se realizan del gasoducto, ya que conforme a derecho buscamos exponer nuestras inconformidades ante la empresa que viene a inquietar a nuestra comunidad”, expresó el secretario de Loma de Bácum, agregando que el grupo de agresores provenían en su mayoría de Loma de Guamuchil y los lidereaba Cesáreo Cota Tórtola, quien impidió al notario realizar su trabajo. “Al vernos superados en número nos retiramos [del lugar de la obra] y permanecimos vigilantes toda la noche hasta el día siguiente, mientras solicitábamos a las autoridades apoyo y resguardo para nuestra tribu. Por la mañana del viernes trágico, Cota Tórtola cerró las escuelas de Loma de Guamúchil porque los maestros se opusieron a acompañarlo a la Loma de Bácum, pero al mediodía llegaron [los agresores] y armados con palos, piedras y hasta armas de fuego comenzaron a agredir a los presentes para intentar imponer a un gobernador indígena que beneficie la construcción del gasoducto, sin tomarnos en cuenta”, dijo.
Tan graves resultaron estos hechos para la tribu yaqui que un grupo de personas habitantes de Loma de Guamuchil decidieron desmentir que fuera este pueblo el que participaba en la agresión. “Todos sabemos que es la familia Cota, encabezados por Cesar Cota y Miguel Cota, quienes se sienten protegidos por el gobierno del Estado y la Presidencia municipal de Cajeme [quienes] han actuado con violencia para intimidar y cumplir las órdenes de estos dos órganos de gobierno. La mayoría de los habitantes de Loma de Guamuchil no aguantamos a estos licos demonios. Nuestros respetos a nuestro pueblo hermano de Loma de Bácum y solidaridad” dijeron y con ellos desmentían que lo sucedido el veintiuno de octubre en territorio yaqui fuera un enfrentamiento interno entre yaquis.
Por lo hechos sucedidos antes del ataque, bien puede deducirse que se trató de un plan de la empresa apoyado por las autoridades gubernamentales para destituir por la fuerza a las autoridades del pueblo inconforme y colocar una a modo, que les permita continuar con sus planes. No lograron su propósito pero tampoco se ve que hayan desistido de hacerlo. Por lo pronto procede el recuento de daños. Wenceslao Cota Montoya, delegado federal de Gobernación en Sonora aseguró, después de una reunión con el pueblo yaqui de Loma de Guamuchil, es decir, de donde provenía la mayoría de los agresores, que el gobierno federal actuará conforme a la ley para dar con los responsables del ataque a los habitantes de Lomas de Bácum. Sus palabras pueden tener varias interpretaciones, desde detener a los verdaderos responsables hasta criminalizar a los inconformes acusándolos de cualquier delito.
Como parte de las medidas para lograrlo el gobierno del Estado ha designado un fiscal que se encargue de las investigaciones del caso, del cual muchos, fundados en sus antecedentes políticos, no esperan buenos resultados; al mismo tiempo que ha iniciado una campaña de desarme que, curiosamente, comienza por la comunidad ofendida y es muy probable que solo quede en ella. Parece que nadie valora la decisión de los pueblos yaquis de acudir a las instituciones encargadas de impartir justicia para que haga respetar su derecho, en lugar de recurrir a las armas para lograrlo, como lo han hecho históricamente. Pero hace falta más que una provocación para vencer la resistencia de los yaquis inconformes con la violación de sus derechos. Y cuando más débiles parecen es cuando toman decisiones determinantes para su futuro. Al menos eso dice la historia.
El Congreso Nacional Indígena y las comunidades zapatistas, han expresado su solidaridad con el pueblo de Bácum, expresándoles que están con ellos en estos difíciles momentos; al tiempo que repudian “la confrontación y la discordia que los malos gobiernos y sus capataces las empresas nacionales y extranjeras, promueven y siembran en las comunidades, con la ambición de quedarse con el gas, el agua y los minerales del territorio Yaqui, para lo cual los poderosos fomentan la división como una herramienta para imponer la muerte y la destrucción sobre nuestros territorios, porque para ellos sólo significamos más poder y más dinero”. Conscientes de la gravedad del problema llamamos a “la unidad ante un enemigo que es uno solo y que va por todo lo que como pueblos tenemos y que hace posible nuestra organización colectiva, nuestra historia, nuestra lengua y nuestra vida”. Ojalá y su palabra se escuche, pues de lo que ahí suceda depende en gran medida lo que en el futuro suceda en otros pueblos indígenas con problemas similares. Hoy más que nunca, en territorio yaqui se juega el futuro de los pueblos indígenas
