A 4 años de la creación de La Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” y a más de 30 de lucha de la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México
La comunidad Otomí residente en la Ciudad de México ocupó desde el 12 de octubre de 2020 el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ubicado en la Av. México Coyoacán 343 como medida extrema ante la indiferencia del Gobierno de la Ciudad de México hacia su demanda de vivienda. El edificio no fue sólo ocupado como un acto de presión o como un espacio de vivienda temporal para las familias otomís, desde su toma la convirtieron en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, un espacio de encuentro para los Pueblos Indígenas, sobre todo aquellos articulados en el Congreso Nacional Indígena y en torno al EZLN, así como con otras luchas de México y del mundo.
Ese digno espacio está ahora amenazado ante un posible desalojo, hostigado recurrentemente por los cuerpos policíacos y sus integrantes han sido amenazadoas judicialmente, estigmatizadoas y criminalizadoas.
Los Otomís y la vivienda en la CDMX
La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y más densamente pobladas del mundo, padece los contrastes más abismales desde Xochimilco hasta Polanco. Una demanda permanente es la de la vivienda, sobre todo en una ciudad en la que se encarece cada vez más, sea para alquilar o comprar y en la que la tendencia inmobiliaria se mueve hacia el turismo, el comercio y el alojamiento de migrantes digitales. Además es una ciudad en la que la especulación inmobiliaria es voraz, como lo evidenció el conjunto de casos en torno al Cártel Inmobiliario. Es paradójico que tras 27 años en los que la Ciudad de México ha sido gobernada por la autodenominada izquierda institucional lo que han construido es una ciudad profundamente capitalista que emula a las capitales europeas y en las que se desplazó al comercio y la vivienda local para priorizar a los grandes consorcios empresariales y a las transnacionales que homogenizan el mundo. En esa ciudad monstruo los Pueblos Indígenas son una de las poblaciones que la viven con mayor rudeza y precariedad. Es una ciudad que acoge como suyos a los migrantes digitales extranjeros de los países ricos y desprecia y agrede a quienes son originarioas de éstas tierras, a indígenas de todo México que en el mejor de los casos recibirán el trato de refugiadoas en su propio país. Éste es el caso de la comunidad del Pueblo Otomí, sobre todo originarioas de Santiago Mexquititlan, Querétaro, que reside desde hace más de 30 años en la Ciudad de México.
La liberación del edificio del INPI es un ejercicio de digna rebeldía que en pleno corazón de la Ciudad Monstruo rompió con la dinámica de racismo institucional y folklorizante de los pueblos indígenas que hay por parte del Estado mexicano. Cuando las y los compañeros liberaron ese edificio e ingresaron a ese centro de poder la conclusión a la que llegaron fue que la oficina del INPI era el centro neurálgico, política y logísticamente, de la legitimación del despojo y el extractivismo. Descubrieron que era ahí desde donde se organizaba la “validación de los pueblos” para los megaproyectos y con la toma revirtieron esa dinámica, no solo simbólicamente sino activamente, solidarizándose con las luchas en contra de éstos proyectos de muerte y abriendo el espacio para los procesos que crecen y se organizan desde abajo y a la izquierda.
La repuesta del Estado a la toma y a la problemática de fondo ha sido errática y hostil. Por una parte han habido una serie de negociaciones que se han quedado en promesas y proyectos que no se han materializado, como ocurrió con la expropiación y entrega del predio en la Calle Zacatecas 74, el edificio en la calle Roma 18, o el predio en el Eje 3, entre otros. Incluso en la administración de Martí Batres hubo una entrega muy publicitada de viviendas precarias a algunas personas, que más bien fue un stunt publicitario para tratar de construir en la opinión pública la idea de que el problema había quedado resuelto sin atender de fondo y con honestidad las demandas de la Comunidad Otomí.
Ha habido intentos de desalojo violento como el del 16 de octubre de 2023 con alrededor de quinientos policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que resultó en varios heridoas entre ellos dos menores de edad. El gobierno de Martí Batres justificó la agresión diciendo en un comunicado que el operativo era para desalojar el plantón que se había colocado sobre la Avenida México-Coyoacán.
También hubo otras acciones represivas como el corte de energía al edificio del INPI el 20 de junio de 2024, y que por lo que han investigado integrantes de la Casa de los Pueblos, fue ordenado por el mismo Adelfo Regino. La versión de la Comisión Federal de Electricidad fue que había un adeudo, sin embargo no es claro en qué ha utilizado el INPI el millón de pesos de su presupuesto destinado precisamente al pago de la luz del edificio.
Además, está el hostigamiento judicial en contra de Diego García, integrante de la UPREZ y que trabaja con la Comunidad Otomí. Durante abril de 2024 fue “visitado” por la policía de investigación de la Ciudad de México tanto en su domicilio como en la Casa de los Pueblos en actos de clara intimidación y en el marco de las declaraciones que en abril 2021 hiciera Adelfo Regino amenazando con que existían denuncias penales en contra de quienes tomaron el edificio del INPI.
El acto de hostigamiento más torpe y vil fue en mayo de 2024 cuando “Servidores de la Nación” llegaron a la Casa de los Pueblos, con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la CDMX y escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, afirmando que ahí se vio por última vez a ocho menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023. Esto consistió en un acto claro de intentar criminalizar a la Comunidad Otomí y tratar de deslegitimarla al punto que pudieran justificar un desalojo violento o incluso algo peor.
Los lados opuestos de la mesa y el “fuego amigo”
La respuesta al problema de Adelfo Regino, titular del INPI, ha sido retórica y agresiva, inicialmente dijo que lo importante era resolver la situación del Pueblo Otomí en Santiago Mexquititlán, de donde son originarios la mayoría de los otomís residentes en la Ciudad de México. Después de un año no sólo no resolvió el asunto, sino que rompió el diálogo y amenazó con acciones penales en contra de la Comunidad Otomí.
El estancamiento de las negociaciones tiene que ver con la molestia de Adelfo Regino por haber sido evidenciado recurrentemente por la Comunidad Otomí y por el Congreso Nacional Indígena (CNI) como traidor a la lucha de los Pueblos Indígenas. Adelfo Regino fue integrante de la organización Servicios del Pueblo Mixe en Oaxaca, participó en las discusiones que derivaron en los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el Gobierno Federal; fue uno de los integrantes iniciales del CNI desde 1998 y participó como parte de la comisión del mismo CNI en la intervención del EZLN en el Congreso de la Unión en 2001 en el marco de la discusión sobre la Ley Indígena.
En contraste con sus antecedentes cercanos al zapatismo, Adelfo Regino continuó en el INPI la dinámica heredada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la que la política institucional en materia indígena ha consistido en apoyos esencialmente compensatorios al desarrollo capitalista (neoliberal o progresista) y de gestión de los conflictos territoriales y poblacionales en favor de los proyectos gubernamentales extractivistas de infraestructura.
A pesar de ser un edificio federal, la mayoría de las negociaciones con la Comunidad Otomí han sido con el Gobierno de la Ciudad de México, específicamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Subsecretaría de Gobierno. Inti Muñoz ha sido uno de los interlocutores recurrentes del gobierno capitalino, fue Secretario de Vivienda con Martí Bartres y ahora con Clara Brugada. También fue en algún momento simpatizante del zapatismo, miembro de Consejo Estudiantil Universiario (CEU), parte de la Asamblea de Barrios y del grupo Patria Nueva. En algún momento ya siendo funcionario del gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum dijo a los otomís que su corazón “seguía siendo zapatista” para luego reclamares que le “están haciendo el juego a la derecha”.
En las prácticas políticas de Adelfo Regino e Inti Muñoz y en el modo de hacer política de la 4T, se puede ver con claridad el sello de ésta autodenominada izquierda institucional, de usar las relaciones y habilidades aprendidas en el movimiento social para pretender controlarlo, neutralizarlo o borrarlo. Un ejemplo de esto es el modo en el que se reorganizó en los gobiernos de López Obrador y Ebrard el Centro Histórico, que se basó en una estrategia de «limpieza» a través de negociaciones para cooptar líderes, prometer cosas a la par de amenazar con el uso de la violencia, todo por tener como pilar el “mejoramiento de la imagen urbana”. Esa ha sido parte de la misión de Inti Muñoz desde que estuvo a cargo del Fideicomiso del Centro histórico en el Gobierno de Marcelo Ebrard y que terminó por hacer dueño de una parte considerable del centro histórico a Carlos Slim.
Las administraciones federales y de la CDMX que se enmarcan en la 4T han demostrado que los pueblos indígenas rebeldes les estorban en su «proyecto de transformación», que desde arriba pretenden decidir dónde estarán, habitarán, se refugiarán o serán desplazadas las comunidades indígenas. Para muchos dentro de las administraciones de Morena, como estos ex-simpatizantes zapatistas, las luchas con las que antes se solidarizaban o incluso asumían como propias, ahora son fotografías pintorescas de su pasado «revolucionario», notas coloridas en sus curriculums para legitimarse como conocedores de los problemas sociales, pero ahora asumiendo cómodamente su lugar en el lado opuesto de la mesa. La realidad es que en la construcción de una trayectoria política institucional les estorban esas ex- compañeroas rebeldes y el trato acaba siendo aún más hostil, aunque a veces enmascarado de amicabilidad.
¿Hay solución?
El Gobierno de la Ciudad de México tiene y ha tenido los recursos suficientes para expropiar y habilitar como viviendas los predios que han prometido, también tienen la facultad legal para hacerlo y el derecho a la vivienda es algo que los autodenominados gobiernos de izquierda o progresistas han recalcado, así como su presunto compromiso con la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con los Pueblos Indígenas. La Comunidad Otomí ha estado dispuesta en todo momento a cumplir los acuerdos con las distintas administraciones.
No es un problema administrativo, no es un problema de presupuesto, no es un problema de incumplimiento de acuerdos por parte de la Comunidad Otomí, es un problema de racismos y rencores hacia los Pueblos Indígenas que se mantienen en resistencia y rebeldía y que no se someten a la 4T como tampoco lo han hecho con los gobiernos coloniales y liberales desde 1521 hasta la fecha.
El problema es que desde arriba la Ciudad de México se sueña como un eterno Polanco o Condesa, donde los indígenas sólo aparecen como servidumbre y su cultura sirve para abonar al espectáculo o para ser robada y vendida en tiendas de lujo dentro de una lógica de extractivismo “justo”. El problema es que desde arriba la izquierda se ve como un discurso vanguardista con el que se justifica el desprecio y el despojo y se limpia las manos con una solidaridad limosnera.
El Espacio liberado de la Casa de los Pueblos no solo ha acogido a las luchas por la defensa del territorio en México, que cada vez padecen más una dinámica de Guerra y criminalización, también ha caminado con procesos a lo largo y ancho de México y con las dignas luchas en el corazón de la “capital”. La agresión que padecieron junto con otras organizaciones y colectivos en Xochimilco el 5 de septiembre de éste año es una muestra de que esta rebeldía y solidaridad que crece en la Avenida México-Coyoacán estorba a ese arriba racista y clasista.
Los rostros de niñoas, mujeres y hombres otomís que levantan el puño con dignidad rebelde son un referente de rebeldía y resistencia que late abajo. La Comunidad Otomí ha evidenciado la profunda dinámica de saqueo y despojo que padecen los Pueblos Indígenas en México y el recrudecimiento de una dinámica de racismo estructural, de hipsterización y mercantilización de culturas ancestrales profundas y vivas, de desplazamiento forzado de poblaciones que para quienes arriba mandan son molestas y prescindibles.
La Comunidad Otomí ha dejado muy claras sus demandas:
- Ante la justificación del gobierno respecto a la imposibilidad de expropiar Londres 7/ Roma 18, ofrecieron comprar a través el INVI, un terreno de 3000 m2 a cambio del predio de referencia. Por lo que exigimos el cumplimeinto de ese acuerdo.
- Exigimos la inmediata desocupación e inicio de las obras para 40 departamentos en el predio de Zacatecas 74, que de paso recordamos, este inmueble fue expropoiado el 17 de junio de 2021.
- Exigimos retomar la construcción de las obras suspendidas en Vícvtor Hugo 126, Juan Escutia 10, Certificados 6, e iniciar la obra en Antropólogos 56. De igual forma acelerar los procesos de expropiacion de Independencia 12 y Cuauhtemoc 73.
- Exigimos el reconocimiento institucional a los 19 titulares que asignó la Comunidad Otomí como beneficiarios en el inmueble ubicado en la calle de Zacatecas 74, Col. Roma.
- Solicitamos el otorgamiento de la ayuda de renta social a los beneficiaro titulares de Zacatecas 74, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del INVI, para inmuebles en alto riesgo estructural.
- Exigimos una Mesa de trabajo con Adelfo Regino Montes y/o quien asigen para solicitar el desistimiento de las denuncias penales en contra de la Comunidad Indígena Otomí y en contra de nuestro compañero Diego García, que por más de treinta años ha caminado con nuestra comunidad. De igual forma demandamos una reunión urgente con la Fiscalía la CDMX y la Fiscalía General de la República para exigir un alto total a la judicialización de la Toma INPI.
Urge que quienes vemos que la justicia va más allá de los pleitos de élites que se publicitan cada mañana en Palacio Nacional, presionemos por los medios a nuestro alcance para que la Comunidad Otomí sea escuchada, respetada y sus demandas se cumplan.
