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Ciudad de México | Desinformémonos. Las violaciones a los derechos humanos “no son ajenas a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción”, aseguró el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, luego de que fuera difundido un video en el que se observa cómo dos agentes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) torturan a uno de los detenidos por el Caso Ayotzinapa.

“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso”, destacó el representante en México de la ONU-DH.

Jarab señaló que el video demuestra que las violaciones a las garantías individuales en la indagación oficial de la desaparición de los 43 normalistas no fueron casos aislados y que por lo tanto es urgente que los funcionarios que cometieron las agresiones, así como sus superiores jerárquicos, y los que obstruyeron el acceso a la verdad y a la justicia sean investigados.

“Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestran estos actos y, a pesar de ello, no actuaron debidamente. Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó.

La tortura y otras violaciones a los derechos humanos en el Caso Iguala ya había sido documentado por la ONU en el informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, sin embargo el gobierno de Enrique Peña Nieto y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desestimaron el reporte y minimizaron sus conclusiones, de tal manera que de los más de 30 casos de tortura señalados sólo ocho fueron reconocidos.