Ciudad de México | Desinformémonos. Este lunes, «fueron injustamente vinculados a proceso» cinco tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, Chiapas, acusados de delitos fabricados por las autoridades de Chiapas, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Desde el 4 de junio, el Frayba informó sobre «la criminalización y detención injusta» de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, «así como la existencia de órdenes de aprehensión en contra de tres personas más».
El Centro detalló que los cinco tseltaltes, quienes participan en la defensa del territorio contra la imposición de megaproyectos, fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva luego de una audiencia en la que «el juez de control no fue imparcial» y los acusó de homicidio calificado.
«Los vinculó a proceso aun cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos», acusó el Frayba.
Sántiz Cruz, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la Parroquia de San Juan Cancuc, fue detenido arbitrariamente el pasado 29 de mayo por la policía municipal acompañada por la Guardia Nacional. Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y presentado el 30 de mayo con un delito fabricado de posesión de drogas, relató el Frayba. La noche del 31 de mayo el defensor fue liberado, pero después fue reaprehendido por la Fiscalía de Justicia indígena a través de la fabricación del delito de homicidio calificado.
En respuesta, la mañana del 1 de junio familiares de Sántiz Cruz e integrantes del Frayba se encontraban en el Juzgado de control, donde fueron detenidos sin órdenes de aprehensión Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes testificaron a favor de Manuel.
Ante la criminalización de los tseltales, el Frayba exigió una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez y «que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos».
A continuación el comunicado completo:
Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.
Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.
Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.
Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.
Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.
Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.
De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.
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1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh
