El pasado 10 de octubre en el Centro Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México se llevó a cabo la presentación del informe “Verdades Innegables” del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) coordinado por la comisionada Eugenia Ellier Montaño. Estas son las palabras con las que la periodista Blanche Petrich presentó los hallazgos de la investigación sobre las violaciones graves a los derechos humanos en México entre 1965 y 1990.

Lo que se narra aquí, en este informe “Verdades Innegables” del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, es historia de nuestro tiempo y de nuestro país.  Un conjunto de piezas del gran rompecabezas del México del siglo 20, que hasta ahora estaban perdidas, o, mejor dicho, escondidas, y que no permitían comprender a cabalidad el panorama completo.   

Lo que podemos leer en estas cerca de dos mil páginas es la descripción de pequeñas partículas complejas que no son fáciles de encajar en la imagen de nación que generalmente se tiene. Pero es un relato que hace falta, que hay que conocer y comprender.

Mucho de lo que aquí se expone, investigado y corroborado de primera mano, situado además en su contexto político y social, da varios pasos adelante respecto a lo que ya conocíamos antes de los procesos de investigación previos, la FEMOSPP y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  Destaca la detección y descripción de patrones en las distintas modalidades y etapas de los hechos represivos para re-definir la política de exterminio que fue mucho mas allá de las organizaciones guerrilleras, sino se aplicó contra las familias, los niños y los adolescentes;  la violencia sexual contra las mujeres –y también hombres– como parte del plan y contra muchas otras disidencias que no tenían relación con la lucha armada: sindicalistas, campesinos, estudiantes y movimientos urbanos y de jóvenes.

Cierto que anteriormente se ha dicho y se ha reiterado: fue el Estado. Pero este enunciado necesita ahondar en estas realidades innegables y sus mecanismos para poder comprender en todas sus dimensiones un hecho de esta magnitud. 

Por ejemplo: en varios de sus capítulos se documenta y describe el diseño, planeación y ejecución de los planes específicos del Ejército contra distintos objetivos: el Plan Operación 1, Plan Rastreo, Plan Telaraña, Diamante, Cóndor, Rosa de los Vientos (donde en un documento militar se habla específicamente del objetivo de la “exterminación completa” de los núcleos de la L23 que habían surgido en la UAS.  Más allá de un posible error gramatical, expresa sin disimulo la intención de exterminio, aniquilación, de un grupo humano).

En la cronología que aquí se establece, se describen los primeros planes sistemáticos de exterminio gestados en instituciones castrenses –en los que la desaparición forzada es su principal instrumento– que se plantearon en 1971. Entre 1974 y 1978, esta práctica se sistematiza, “profesionaliza” y prevalece, según indicios, hasta 1981.  

Aquí, una pregunta obligada desde el momento en el que nos encontramos en la historia.  El hecho de que estos planes se hubieran gestado dentro de la SEDENA, las Zonas Militares y los Batallones en los años 70 ¿es consistente con la respuesta que ofrece hoy en día el Estado, de que las Fuerzas Armadas solo obedecían órdenes de los gobernantes civiles?  ¿No es el momento de cuestionar si en México los componentes del Estado, incluido el militar, deben poner a revisión el concepto de la “obediencia debida”? 

En otras experiencias latinoamericanas la justicia transicional pudo dar un salto cualitativo cuando se superaron estas leyes que aseguraban la impunidad de los perpetradores al establecer la extinción de la acción penal y no punibilidad de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática. Las luchas contra la impunidad que registraron avances importantes, ejemplo destacado el de Argentina, es también un legado para nosotros como latinoamericanos.

Ellas y ellos, que buscaron la verdad

Antes de continuar con los aportes de este informe, me detengo en un capítulo que agradezco desde el fondo de mi corazón, el que describe cómo se gestó, se desarrolló y se fortaleció la lucha por la verdad y contra la impunidad, la batalla por la dignidad y la memoria de las víctimas. Somos privilegiados quienes conocimos a algunos de sus protagonistas, muchos de ellos aquí presentes.

Fueron ellas y ellos quienes sembraron la poderosa palabra “derechos humanos” en nuestro lenguaje, en una generación y una sociedad que en los años ochenta tenía frente a sí una cortina de humo y de desinformación y que intuía, pero no sabía, que había otra verdad más allá. 

Ellos iniciaron una lucha que hizo fuerte a la sociedad, que recuperó así una dosis de ética y justicia.  El México de hoy mucho le debe a ese pasado cercano y a esos precursores. Cito a los abogados que litigaron por los presos políticos: Rojo Coronado, Fernández del Real, Andrade Gressler. A los primeros comités de madres buscando a sus hijos, semillas de lo que tenemos hoy aquí: el comité Eureka, la deuda de vida que tenemos con Rosario Ibarra de Piedra y las doñas, la Liga por los Derechos Humanos, el Comité 68 y los primeros pasos por juzgar al Estado por genocidio, el Comité de Oaxaca.

Con el tiempo se articularon los frentes, como el Frente Nacional contra la Represión y se vincularon con sus pares internacionales. Los religiosos y religiosas de la teología de la liberación y los Comités Eclesiales de Base (honor a Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz y Miguel Concha entre otros). 

Y el activismo por los derechos humanos se profesionalizó: el Pro, el Fray Ba, el Vittoria, la Red todos los derechos para todos. 

El informe cita a los colectivos transgeneracionales que ahora empujan tanto este movimiento: Hijos, Víctor Yodo, Diego Lucero… Ahora Licha, Tania, María la Cherry y tantos otros y otras llevan la estafeta. Es un honor caminar con ustedes.

Aportes

Vuelvo al tema:

¿Qué nos aporta este informe después de indagar en 42 acervos documentales, realizar 229 entrevistas y recorrer 14 estados? Intento sintetizar:

–De los hallazgos en el AGN, una lista de más de 200 integrantes de la Brigada Especial de la DFS con más de 200 elementos.

–La existencia del “Plan Silenciador” de exterminio en la UP en Jalisco, DF y Oaxaca.

–El protagonismo del ejército en los planes de exterminio en la Huasteca, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Jalisco; la articulación de la SEDENA con la DFS, diversidad policíaca y la DGPYT, que incluía la gestión de sitios de reclusión y tortura.

–En el caso de la desaparición de Rafael Ramírez Duarte, parte del plan de exterminio de la “L23”, el esfuerzo del Estado por borrar evidencias.

– En el caso de la familia Tecla Parra, la decisión de extender la acción represiva a familias enteras y la tortura y desaparición de menores.

–La violencia sexual contra mujeres y adolescentes como un patrón sistemático, parte de un plan del Estado.

–La organización y uso, desde el ejército y las policías, de grupos paramilitares y porriles. 

–A través del detallado expediente que se aporta sobre el caso del líder estudiantil y sindicalista yucateco Efraín Calderón Lara, la evidencia de que el plan de exterminio no se dirigió solamente contra las organizaciones armadas, sino contra todas las disidencias, aun las pacíficas.

Una anotación del propio informe que es necesario destacar.  En las diversas exploraciones del MEH a instalaciones militares los investigadores enfrentaron obstáculos, se les ocultaron series documentales, no se respetó el acuerdo de poder realizar consultas sin restricciones y aunque oficialmente se dijo que el ejército entregó todo, la Fuerza Armada todavía resguarda expedientes sobre sus tácticas contrainsurgentes de los años setenta.

Dejo al último la mención sobre los aportes al tema de los vuelos de la muerte.  Quiero referirme solamente a algunos de los casos que desde mi perspectiva se hacen aportaciones importantes.

Desde el aire

El MEH establece los antecedentes internacionales de esta atroz práctica utilizada desde los años cincuenta en operaciones de este tipo del ejército francés en las guerras contra la descolonización de Vietnam y Argelia. De esas primeras experiencias, el “método de exterminio” pasa a formar parte de los aprendizajes de las escuelas de guerra en Estados Unidos (nótese el antecedente del general Acosta Chaparro, graduado de Fort Bragg y Fort Benning, y otros oficiales de la Escuela de las Américas). 

Sobre los vuelos de la muerte –su sola mención horroriza— hubo investigaciones previas, el informe Carpizo cuando estuvo al frente de la CNDH y el reporte que hiciera el exprocurador Oscar Flores a Luis Echeverría, investigaciones vagas, incompletas, inconsistentes, destinadas ocultar, más que encontrar, lo ocurrido. 

Verdades Innegables aporta hallazgos que aún no se conocían sobre estos hechos atroces:

–La existencia de una primera etapa, el Plan Telaraña en Guerrero, en el que se usaron helicópteros para desaparecer personas.  Se tienen evidencias, por ejemplo, que al menos 10 hombres de La Parota, Costa Grande, de apellido Barrientos, parientes de Lucio Cabañas, fueron detenidos-desaparecidos en el marco de ese plan. 

–La revelación que hizo el general Francisco Gallardo sobre un hecho del que fue testigo, sobre 20 jóvenes que fueron arrojados al lago de Chapala. Él intentó evitar el crimen y por ello fue arrestado. Destaca porque es la única versión que se rebeló y decidió desobedecer una orden inhumana. Precedente importante para reclamar la improcedencia de la “obediencia debida” del personal militar a órdenes civiles. 

–Documentación que da constancia a la existencia del Plan Atoyac dirigido fuerzas guerrilleras del Partido de los Pobres, implementado por el Grupo de Información de Inteligencia (Quiroz Hermosillo, Acosta Chaparro y Javier Barquín)

–Un expediente que profundiza el relato inicial de Gustavo Tarín, que fue de los primeros testimonios de estos hechos

–17 declaraciones testimoniales de personal militar que fue testigo

–Transcripción de bitácoras de 34 vueltos de la muerte en los que se usaron dos –no uno—aviones militares

–La reconstrucción de la primera lista de 143 nombres que, dadas sus inconsistencias, debilitó la investigación

–La lista de 47 elementos militares destacados en la Base Aérea de Pie de la Cuesta

–Y el documento encontrado en los archivos de Eureka, en Camena, con los nombres de 183 víctimas, que el MEH decidió incluir como indicio y pista a seguir.

Dice el reporte: “Si bien se ha avanzado en el conocimiento de esta práctica en México y se tienen datos precisos de cómo y quiénes fueron los responsables de ejecutarla… queda mucho por conocer y para ello es fundamental que la SEDENA y todas las áreas que cooperaban con el plan de aniquilamiento permitan el acceso a más información para llegar al total esclarecimiento.”

Esto, lo que se describe aquí, es apenas una línea de investigación que el Estado tiene la obligación de profundizar, llegar al fondo y judicializar. 

Una abuela, un abuelo

A partir de ahora, podemos darnos permiso de imaginar un futuro próximo, en donde los esfuerzos por desentrañar la verdad y sacar a la luz –eso significa esclarecer—lo que nos pasó a los mexicanos durante esas décadas oscuras, ya no siguieran participando en soledad las familias, las organizaciones, los defensores y defensoras, las buscadoras y buscadores, los hijos y ahora los nietos. Imaginarnos que finalmente las instituciones del Estado pusieran su grano de arena: el Ejército, la Secretaría de Gobernación, las corporaciones policiacas y también los viejos perpetradores, que muchos deben seguir vivos, observando nada más.

Imaginemos, o no, mejor reclamemos, que ya es hora de que los responsables de aquello, los represores o los testigos, los muchos burócratas que por distintas razones pudieran saber algo, dieran un paso al frente y pusieran sobre la mesa pistas, datos, indicaciones de dónde encontrar más documentos, más indicios. 

Pensemos: si los que hasta ahora han callado hicieran esos aportes, y si a partir de eso se realizara una investigación y una búsqueda exhaustiva y transparente, ¿De estos 1,123 nombres en la lista de los desaparecidos de esa época, cuántos podríamos restar?

Mucho más allá de los números, que no cuentan la historia completa, ¿cuántas familias recibirían como un bálsamo sobre décadas de sufrimiento esos pedacitos de verdad, por dolorosos que sean? ¿Y cuántos nietos dejarían de recibir la amarga herencia de la incertidumbre de tener un abuelo, una abuela desaparecida? Y poder decir, simplemente, con la sencillez con la que el poeta León Felipe recitaba sus versos de la derrota asumida: “Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla”. Pero sabiendo siempre…tengo ahí, en un rincón de memoria, en un nicho, una tumba, a una abuela, un abuelo.

**Foto de portada: @EugeniaAllier

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos