Foto: Católicas por el Derecho a Decidir

Ciudad de México | Desinformémonos. “En Veracruz, un estado donde hay feminicidios, desapariciones de mujeres, además de una cultura machista y patriarcal; la lucha de las mujeres ha sido constante. Hay una trayectoria política feminista en el estado donde hoy se logra despenalizar el aborto, y el que se reconozcan los derechos de las mujeres nos llena de alegría”, señala Aidé García, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.

En entrevista telefónica, García dice que “se tendrán que revisar los casos de las mujeres actualmente recluidas de manera injusta y apegarse a la ley que se ha aprobado hoy, ya no pueden estar criminalizadas y presas por abortar”. Agrega que esta es una lucha histórica del movimiento feminista y es importante reconocer todos los esfuerzos que se hicieron en el estado para llegar a este momento. Veracruz es el cuarto estado en despenalizar el aborto en el país, después de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo.

“Leyes como esta garantizan plenamente el ejercicio de ciudadanía de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al proteger nuestros derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la información, a la libertad de conciencia”, señala. La activista recuerda que en 2016, el Congreso local reformó el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado, por una iniciativa del entonces gobernador, Javier Duarte, que proponía “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”, y criminalizaba el aborto.

La ley aprobada el día de hoy, explica, la defensora, se convierte en una de las más progresistas en México, pues no sólo despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, también incorpora la causal salud, elimina el plazo para la causal violación y de inseminación artificial, y disminuye la punibilidad del aborto.

“Hacemos un llamado a los congresos en el país a que se comprometan y reconozcan los derechos de las mujeres, es su deber como tomadores de decisiones. Todos los congresos están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos”, señala García, y añade que las organizaciones feministas en el estado seguirán vigilantes hasta que se promulgue la ley.