Pajas Blancas es una localidad mayormente de pescadores artesanales que está a unos 20 kilómetros de Montevideo, siguiendo la costa hacia el oeste, como yendo hacia Argentina. Desde hace al menos dos años que esa y otras pequeñas localidades de la zona sufren la presión de un gran megaproyecto: la instalación de una regasificadora de gas licuado flotante, que funcionará en un barco que estará permanentemente anclado en la playa de Santa Catalina, vecina y hermana de Pajas Blancas.
La primera etapa del proyecto consiste en la construcción de un muelle o espigón, que permita que el barco atraque y quede protegido de las olas. A pesar del rechazo de los vecinos del lugar, que quedó de manifiesto en la audiencia pública que tuvo lugar a fines de octubre de 2013, la construcción de la megaobra comenzó a manos de la empresa brasilera OAS en 2014.
Los vecinos del oeste de Montevideo alertaron que temían por la seguridad de la zona ante un desperfecto o una explosión del barco regasificador, que debe recibir a un buque metanero que le trae el gas licuado para que lo procese. Sin contar además, con que la playa de Santa Catalina como espacio por excelencia de recreación y encuentro de los pobladores, cambiará por completo su fisonomía. La zona llamada Punta Yeguas ya está vedada al paso y la pesca. De hecho, los pescadores de la zona ya no pueden utilizar esa salida al mar como han hecho siempre.
La construcción del muelle comenzó con mucho brío, pero se detuvo a comienzos de este año, como coletazo del escándalo protagonizado por la petrolera estatal de Brasil, la Petrobras y las principales empresas constructoras del gigante de América del Sur, entre ellas la OAS. Varios de sus directores y gerentes fueron perseguidos por la justicia brasilera que investigó el Petrolão (nombre con el que se conoció al episodio de corrupción) y un par de ellos están incluso en prisión. La consecuencia en las costas uruguayas fue que la construcción de la regasificadora se detuviera a comienzos de este año.
Sin embargo, este fin de semana, un grupo organizado de vecinos de Pajas Blancas se reunió para analizar y alertar acerca de la llegada de una nueva empresa a la zona que revitalizaría el proyecto. En este caso, según la información brindada por los vecinos al programa Subrayado de Montevideo, se trata de la empresa mexicana IMPRA, que pretende explotar un yacimiento de granito en un predio de 90 hectáreas en Pajas Blancas, al que llamaron “Por el camino de la piedra”. Los vecinos denuncian que la piedra que se saque de la cantera que pretende explotarse, será destinada a la construcción de la regasificadora, que está a “escasos seis o siete quilómetros”. Entienden que el principal motivo para ubicarla en esa zona es abaratar el costo del transporte. El abandono de la OAS hizo que el presupuesto que el Estado uruguayo, que es el que financia la mega obra, se elevara más de lo previsto y esta sería una estrategia para que el costo final no se les dispare tanto. “El estado debe velar por el bien común, no por el de una empresa, espero que quienes deciden no tomen este camino en perjuicio de miles de vecinos”, comentó a Subrayado, José Luis Palma, propietario del predio pedido para la explotación, quien ya presentó un recurso en contra frente a la Dirección Nacional de Minería de Uruguay. Según explicó, la zona en peligro está dividida en dos partes en torno al camino Pajas Blancas: al norte se encuentra una zona dedicada a cultivos agrícolas que abastece a la población local y a Montevideo de frutas y verduras frescas; y hacia el sur, se encuentra la zona costera. “Lo que queda es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que no se ha expedido al respecto. Tenemos total convicción que se violan las normas medioambientales básicas, ya que la extracción implica explosivos, eso trae problemas en las viviendas de la zona por las llamadas “voladuras” y también en los mantos freáticos de la zona. Aquí manan aguas minerales naturales, una de ellas a pocos metros de donde sería la explotación de la cantera de granito”, agregó. La Dirección de Medio Ambiente tiene aún la potestad de vetar la instalación del proyecto y los vecinos confían en que eso sea lo que haga esta repartición estatal.