Foto: Campesino en la Primera Feria del Maíz de San Salvador Atenco, Estado de México. Octubre de 2023. (Mario Olarte)

En un momento en que la guerra asalta las vidas de la gente de Palestina con su cauda de muerte y devastación, los pueblos, las comunidades, las tribus y los barrios originarios y afromexicanos en México han estado reflexionando también en torno a la violencia, a lo que significa en muchos ámbitos y niveles en la vida cotidiana, y en el horizonte al que se enfrentan. En los últimos años y sobre todo en los últimos meses, desde los muchos rincones del país la gente levanta la voz y cuenta sus experiencias.

Y lo primero que asoma es un empeño de muchos actores sociales y políticos por controlar el espacio vital de la gente, sus territorios, pero también los tramados y trayectos, las rutas concretas implicadas en los procesos en los que las comunidades se involucran como parte de su vida como gente productiva y plena de reivindicaciones. La gente se inquieta, por muchas razones y signos evidentes; por el ejército de todo tipo de operadores en los ayuntamientos y en las instancias agrarias comunales o ejidales. Pero también hace propuestas y exige, con mucha razón, tras periodos de mucha paciencia y resistiendo las provocaciones de quienes quisieran incendiar el escenario político de nuestro país para sus propios fines.

Así muchísimas organizaciones y pueblos, movimientos y comunidades de por lo menos 16 entidades del país reunieron su palabra en esta Declaración frente a la violencia contra las comunidades y pueblos originarios en México para reivindicar su postura y sus demandas ante un México que necesita realmente escuchar lo que toda esta sabiduría reunida está mostrando. Son tseltales, zapotecos, zoques, choles, mixtecos, ayuuk, ikoot, mayas, chuj, nahuas, totonacos, lacandones, yaqui, chinantecos, me’phaa, coras, y organizaciones civiles y personas de la academia que acompañan y visibilizan de continuo lo que la declaración reflexiona y exige.

Dice la gente: “analizamos e intercambiamos la situación por la que atraviesan las distintas regiones y constatamos que en el último año la violencia en nuestros territorios ha crecido en proporciones alarmantes. Vivimos una situación de emergencia. En un contexto de guerra, el crimen organizado ha logrado el control de amplias zonas del país y de nuestros territorios originarios debido a que las instituciones han sucumbido a su responsabilidad de proteger a la población más pobre.

“La ausencia de instituciones la han llenado los cárteles que despojan a los pueblos de sus bienes naturales —bosques, agua, minerales, tierras—, y controlan con las armas en la mano el paso de migrantes indocumentados, de armas, de drogas, de piratería; cobran derecho de piso a comerciantes y transportistas, bloquean carreteras, se adueñan de los negocios más lucrativos. En las zonas más aisladas desplazan a las poblaciones para instalar sus laboratorios de procesamiento de drogas o utilizan pistas, caminos y veredas para su trasiego.

“Estas organizaciones delincuenciales buscan el control de los territorios y para ello se relacionan con una red de actores políticos. En muchas regiones el gobierno es poroso, débil y está infiltrado por ellas. En muchos ayuntamientos deciden quiénes serán los presidentes municipales, tienen representantes en los congresos estatales, vínculos con militares y diferentes policías, y posiciones importantes en
los gobiernos”.

Las comunidades se alarman de constatar que “los combates entre las organizaciones delictivas impiden la vida en nuestras regiones. En otros casos se enfrentan a la población civil sembrando el terror y levantando a los jóvenes para insertarlos en sus instancias armadas. Hay decenas de muertos en las comunidades perpetrados por ellos sin que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Actúan como un ejército de ocupación que hostiga a la población civil, que cobra a todos, amenaza a quien no obedece, asesina a quien se le enfrente. Ellos también son responsables de desapariciones de personas, asesinatos de activistas y defensores del territorio y de los derechos humanos, realizando el trabajo sucio de impedir la organización de los dueños del territorio”.

Para eso, dice la gente, buscan tener “una base social de apoyo formada por la población de comunidades campesinas. En diferentes estados del país como Guerrero, Chiapas y Chihuahua utilizan a la población como escudo y la obligan a apoyarlos. Reclutan por la fuerza, por miedo o por convencimiento a los jóvenes de las comunidades para que participen con ellos como sicarios y halcones, o para que transporten droga o formen parte de su ejército”.

Las comunidades y sus organizaciones constatan estar viviendo “una guerra por el territorio que es económica, política, militar e ideológica”. Por eso insisten: “En los mismos lugares en los que está el ejército están los cárteles. Hay muchas denuncias de las comunidades y organizaciones sociales, hay exigencias de atención de seguridad y demandas de presencia institucional para controlar la violencia que generan, pero el gobierno no hace nada. La militarización avanza y el gobierno entrega al ejército múltiples funciones de administración pública. Los megaproyectos, la militarización y el crimen organizado son tres elementos que operan en la misma lógica del control y el despojo”.

En el horizonte delineado por colectivos, comunidades, organizaciones y gente que acompaña los procesos, “hay una reconfiguración del mapa de la delincuencia organizada. Existe una disputa por nuevas rutas, territorios y caminos, que a su paso destruye a las comunidades. Ése es el México verdaderamente existente al que tienen que enfrentar las comunidades. Todas las organizaciones criminales están inscritas en una estrategia de contrainsurgencia. Su función es impedir la organización de la gente, intentan doblar la resistencia y decapitar los liderazgos que surjan”.

Hay un consenso muy afianzado en todas las regiones en torno al agravio de que los megaproyectos les han sido impuestos sin que se tome en cuenta ya no sólo su opinión al respecto de ellos sino lo que la gente busca y quiere para su futuro. Por eso impugnan el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la cauda de proyectos integrados de la Península de Yucatán que son el fondo del despojo y la devastación. Porque como dicen: para operar necesitan quitarle el control de sus territorios a los dueños legítimos de las tierras, en tanto que el gobierno subsidia con estímulos fiscales a los nuevos agentes económicos nacionales y extranjeros que se pretenden instalar en ellas.

“Los megaproyectos están blindados por las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional, que junto a las autoridades municipales y las distintas policías, en muchos casos criminalizan a los movimientos sociales de defensa del territorio. La mayoría de los defensores del territorio tienen órdenes de aprehensión y han debido solicitar medidas cautelares para su seguridad”.

Como se dijo también en alguno de los encuentros que dan pie a esta declaración, el agua es el espejo de todas las luchas porque está presente su despojo y contaminación en todos los agravios, en particular de las mineras, las grandes industrias, los proyectos de invernaderos y agricultura industrial, las automotrices y las embotelladoras de refrescos y agua natural.

En el caso de las mineras, “éstas también se han ligado a los cárteles para que les garanticen su seguridad, transporten sus minerales y acallen a los opositores. Así comunidades que habían logrado detener jurídica y organizativamente a las mineras ahora se encuentran sometidas. En ciertas regiones las empresas mineras llegan a las asambleas ejidales con sus pistoleros y exigen los dejen entrar. Los pueblos han perdido la libertad para organizarse y desplazarse en sus propios territorios. Sin embargo, existe todavía resistencia”.

Hay un agravio que recorre todo el país: “los movimientos y dirigentes sociales han sido perseguidos, encarcelados o asesinados por defender el agua de sus pueblos para sus pueblos, entre ellos Samir Flores Soberanes”. El agravio es que desde distintos aparatos del Estado se esté “licitando en contra de los pueblos y a favor de los intereses empresariales”. Los decretos que ponen al centro el carácter estratégico de los megaproyectos y el modo en que se llevan a cabo las consultas públicas e indígenas, terminan siendo, según dicen las comunidades, “mera simulación, al cancelar los derechos de los pueblos de oponerse jurídicamente a los proyectos presidenciales considerados de seguridad nacional”.

No obstante, de todas partes hay proyectos autogestionarios, diagnósticos participativos, proyectos de recuperación de semillas, defensa de las asambleas, fortalecimiento de sus estructuras comunitarias, de sus autoridades, de la milpa y las siembras propias. Se construye una soberanía alimentaria siempre en proceso. La gente sabe que “la defensa comunitaria de los territorios es el mejor escudo”. Se están elaborando estatutos comunitarios, se reivindican autoridades, se construyen “acuerpamientos de autoridades comunitarias en estructuras propias de segundo nivel, en donde se reúnen representantes de varias comunidades para atender problemas regionales que les atañen”. Y afirma la declaración: “Nuestra principal demanda es lograr la libre determinación en nuestros territorios. Cuidando la Madre Tierra estamos protegiendo el planeta para todas y todos, en un momento en que la crisis climática amenaza la vida en la tierra. Somos pueblos en movimiento, con experiencias de organización y de resistencia histórica, pero estamos inmersos en una guerra de despojo, de sometimiento y de violencia extrema”.

Anotamos las exigencias presentadas en la declaración:

• El cese de la violencia y la expulsión de las organizaciones delictivas de nuestros territorios originarios.
• El respeto a la libre determinación en nuestros territorios y el fortalecimiento de nuestras estructuras comunitarias.
• Freno inmediato a los asesinatos y desapariciones de defensoras y defensores de los territorios, frenar el hostigamiento y represión a las luchas de las comunidades en contra de los megaproyectos, de los proyectos energéticos y extractivos. Detener las órdenes de aprehensión contra luchadores y luchadoras sociales, detener el clima de intimidación, persecución y violencia contra de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales.
• Que se detengan los ataques armados a las comunidades zapatistas y que se respete su territorio autónomo.
• Junto con los padres y madres de Ayotzinapa, que las fuerzas armadas entreguen los archivos y toda la información para poder avanzar en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes.
• Alto a la militarización del país y a la cesión de poderes y de la función de administración pública a las fuerzas armadas.
• Cancelar el Tren mal llamado Maya y frenar la devastación del territorio de la Península de Yucatán y su sistema de cenotes, parte del acuífero subterráneo que recorre la Península.
• Que el Registro Agrario Nacional cumpla con su responsabilidad de registrar los actos agrarios y se abstenga de entorpecer las decisiones de las comunidades y de presionar a los ejidos para que adopten el dominio pleno. El RAN debe aceptar los reglamentos comunitarios y ejidales escritos en lenguas originarias como la me’phaa, y agilizar los trámites de los ejidos y comunidades agrarias.
• Castigo a los responsables del asesinato de Samir Flores Soberanes y de todas las personas que defienden la vida.
• La aparición inmediata y con vida de Vicente Suástegui, integrante del CECOP en Guerrero.
• Cese a la persecución de compañeras y compañeros de UCIZONI, de la APIIDTT y de otras organizaciones, denunciados y atacados por oponerse y organizarse en contra del Corredor Interoceánico. Un alto a la judicialización contra David Hernández Salazar y la comunidad de Puente Madera.
• Protección y el cese de la violencia para los habitantes de Chicomuselo y de Frontera Comalapa, asediados por la delincuencia organizada.

En las diferentes reuniones se exigió el alto a la violencia dentro de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, la protección de las autoridades, de los voceros y de la población civil, así como garantizar la seguridad de los desplazados y su posibilidad de retorno. Y que cesen las desapariciones forzadas y los asesinatos. “Nos unimos a su demanda de que el gobierno proporcione seguridad en la Zona Lacandona con la Armada de México y la Guardia Nacional”, dice la declaración, recordando también que las luchas de los pueblos tienen que trascender el ámbito de lo local para tenderse sobre la región o regiones tejiendo alianzas en todo momento dentro y fuera del país, por eso su demanda más abarcadora es que cese por completo la guerra de despojo contra los pueblos originarios.

La declaración completa con todas las firmas puede consultarse en ceccam.org