La política de tierra arrasada es una táctica militar que implica la destrucción deliberada de recursos que podrían ser beneficiosos para las fuerzas enemigas durante un avance o una retirada. Esta estrategia abarca la demolición de cultivos agrícolas, infraestructura, redes de transporte y otros activos que ayudarían al bando contrario. Esta estrategia a menudo da lugar a un sufrimiento civil significativo, ya que implica la destrucción de recursos de los que dependen las poblaciones locales para sobrevivir. Puede causar hambruna generalizada, desplazamientos y devastación económica. En la guerra moderna, las políticas de tierra arrasada se consideran violaciones del derecho internacional humanitario, en particular al artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra, que protege a las poblaciones civiles y sus medios de sustento.

Las políticas de tierra arrasada, que implican la destrucción deliberada de recursos para debilitar a los adversarios, han sido utilizadas por Irán, Turquía, Siria e Irak en sus conflictos y opresión contra el pueblo kurdo durante el siglo pasado, dando como resultado la destrucción masiva del medio ambiente, las comunidades, la infraestructura, la cultura, etcétera., que en conjunto tienen como objetivo hacer que Kurdistán sea inhabitable para sus pobladores.

Las políticas de tierra quemada de Turquía

Destrucción de aldeas y desplazamiento forzado

Durante el apogeo de su conflicto con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en la década de 1990, Turquía implementó una política de destrucción de miles de aldeas kurdas en el Kurdistán del Norte (Bakur, sudeste turco). Esta estrategia tenía como objetivo privar al PKK del apoyo y los recursos locales. A fines de la década de 1990, más de 3000 aldeas kurdas habían sido arrasadas o evacuadas, lo que resultó en el desplazamiento de hasta tres millones de personas. Las fuerzas armadas turcas rodeaban una aldea utilizando helicópteros, vehículos blindados, tropas y guardias de aldea, y quemaban productos almacenados, equipos agrícolas, cultivos, huertos, bosques y el ganado. Prendieron fuego a las casas, a menudo sin darles a los habitantes la oportunidad de recuperar sus pertenencias. Durante el curso de esas operaciones, las fuerzas turcas frecuentemente maltrataron y humillaron a los aldeanos kurdos, les robaron sus propiedades y dinero en efectivo, y los maltrataron o torturaron antes de conducirlos hacia las carreteras y alejarlos de sus antiguos hogares. Las operaciones se caracterizaron por decenas de “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales.

Más recientemente, las acciones militares turcas en el sur del Kurdistán (Bashur, norte de Irak), en junio y julio de 2024, han causado daños importantes en la región. Desde el comienzo de la operación, Turquía ha llevado a cabo 238 ataques y quemando más de 2000 hectáreas de tierras agrícolas en varias aldeas. Solo en Guharze y Sargale, el 55% de la tierra ha sido incendiada.

Los habitantes de 602 aldeas kurdas y asirias corren el riesgo de ser desplazados, y 162 poblados ya han sido evacuados. Estos ataques también han causado la muerte de al menos ocho civiles y han dañado la infraestructura pública, incluida una escuela en la aldea de Mizhe, en febrero pasado, un monasterio en la aldea de Miska durante operaciones recientes, y viviendas y vehículos civiles en la aldea de Guharze.

Operaciones en Rojava y Bashur

Durante las operaciones “Rama de Olivo” (2018) en Afrin y “Fuente de Paz” (2019) en Serekaniye y Gire Sipi, Turquía atacó a las fuerzas kurdas en Rojava (Kurdistán sirio, norte de Siria). Estas operaciones implicaron fuertes bombardeos que destruyeron la infraestructura civil, lo que provocó desplazamientos masivos. El ejército turco y las milicias yihadistas aliadas quemaron casas y tierras de cultivo, lo que provocó una destrucción significativa y el desplazamiento de los residentes en las ciudades atacadas.

Entre marzo de 2018 y agosto de 2020, grupos yihadistas respaldados por Turquía talaron al menos 500.000 olivos en Afrin y quemaron cientos de miles de hectáreas de tierra. El Estado turco ha atacado persistentemente infraestructuras críticas como centrales eléctricas, generadores de energía, hospitales, escuelas y carreteras de la región. Esta destrucción sistemática tiene como objetivo debilitar a la administración autónoma y ejercer presión adicional sobre los civiles, lo que da lugar a una pobreza extrema y obliga a la mitad de la población a huir.

Degradación ambiental

Las operaciones militares turcas suelen implicar la provocación deliberada de incendios forestales. Por ejemplo, durante los 40 años de operaciones contra el PKK, se han quemado grandes zonas de bosque y pastizales en el norte de Kurdistán. Esas acciones tienen por objeto privar a las fuerzas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de cobertura y sustento, pero también devastan las comunidades locales y los ecosistemas de la región. En los últimos años, esos incendios se han vuelto cada vez más frecuentes, lo que ha provocado una destrucción y un desplazamiento generalizados.

Por ejemplo, en junio de 2024, los incendios forestales masivos en Bakur , en particular entre Amed (Diyarbakır) y Merdin (Mardin), provocaron la muerte de 15 personas y heridas en otras 78. Los incendios también mataron a más de 1000 ovejas y cabras, y otros 200 animales sufrieron quemaduras graves. El calor extremo, con temperaturas superiores a los 40 grados en las semanas anteriores, dejó la vegetación seca como yesca, creando las condiciones ideales para el infierno, que quemó casi 2000 hectáreas de tierras de cultivo, zonas residenciales y bosques. El ejército turco también utiliza estos incendios forestales como arma para talar bosques enteros con el fin de vender los árboles y obtener ganancias.

La presa de Ilisu, en el río Tigris, es otro proyecto destructivo del Estado turco, que ha provocado la inundación de numerosos pueblos y ciudades kurdas. Este proyecto ha desplazado a miles de residentes y ha sumergido tierras agrícolas y culturales. La presa tiene un doble propósito: promover el desarrollo económico y ejercer control político. Al restringir la movilidad y los recursos disponibles para la población kurda, la presa también afecta a los partidos políticos kurdos y sus actividades.

El proyecto de la presa de Ilisu inundó 199 aldeas y la antigua ciudad de Hasankeyf (Hesekef), afectando a aproximadamente 100.000 personas, principalmente kurdos y un número significativo de árabes que vivían allí. Las evacuaciones forzadas en la década de 1990 ya habían desplazado a 23.000 personas, y otras 3000 familias nómadas que dependen del río Tigris se vieron afectadas por los últimos acontecimientos. Más del 40% de los afectados no poseían tierras y no recibieron compensación, por lo que lo perdieron todo. El resto se enfrentó a una compensación inadecuada y a planes de reasentamiento, lo que llevó a la pérdida de sus medios de vida, su cultura y un futuro empañado por la pobreza.

El proyecto de la presa de Ilisu en la Alta Mesopotamia, región conocida como la “cuna de la civilización”, destruyó más de 400 sitios arqueológicos, muchos de los cuales permanecen inexplorados. Solo se habían excavado unos 20 sitios cuando se los abandonó para que se inundaran. La ciudad de Hasankeyf, de 12.000 años de antigüedad, un símbolo de la resistencia contra el “Proyecto Ilisu”, quedó sumergida, destruyendo su rico patrimonio cultural y biológico. Hasankeyf, ubicada en la Ruta de la Seda, tenía importancia histórica, con rastros de 20 culturas, numerosos monumentos y miles de cuevas artificiales. A pesar de cumplir con nueve de los diez criterios de patrimonio mundial de la UNESCO, Turquía nunca solicitó el reconocimiento de ese organismo internacional e impidió cualquier posibilidad de desarrollo sostenible y turismo para el sitio. Actualmente, la región más amplia alrededor de Hasankeyf, que alguna vez albergó a 10.000 personas en la década de 1970, es uno de los distritos más pobres de Turquía con solo 3000 residentes.

Siria e Irak, que dependen en gran medida del río Tigris para la agricultura y el suministro de agua a las zonas urbanas, enfrentan desafíos significativos debido a las políticas manipuladoras de Turquía en materia de agua. El río Tigris, un recurso crucial durante miles de años, está regido por la Convención de las Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho de los usos distintos de la navegación de los cursos de agua internacionales, que establece acuerdos mutuos entre Turquía, Irak y Siria. Sin embargo, Turquía no ha firmado esta convención. En consecuencia, las acciones de Turquía a menudo hacen caso omiso de las necesidades de las personas y del medio ambiente, lo que genera inquietudes sobre el posible uso del agua como arma política contra las poblaciones del sur y el oeste de Kurdistán, así como de Irak y Siria, en la antigua Mesopotamia.

El uso de las represas por parte de Turquía como herramienta estratégica es particularmente evidente en Rojava y el noreste de Siria. Desde 2016, Turquía ha reducido de manera intermitente el caudal del río Éufrates, lo que ha afectado significativamente a la generación de energía, el riego y el suministro de agua potable, al tiempo que ha causado importantes daños ambientales en la región. En las últimas décadas, los proyectos de irrigación y energía de Turquía han contaminado significativamente el río Éufrates y han reducido el volumen de agua que fluye hacia Siria en un 40 por ciento aproximadamente. Según el acuerdo de 1987 firmado entre Turquía, Siria e Irak bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU), Siria tiene derecho a 500 metros cúbicos por segundo de agua del Éufrates. Sin embargo, tras la construcción de la presa de Ataturk, Turquía ha permitido que sólo lleguen a Siria unos 200 metros cúbicos por segundo. Además, el agua almacenada detrás de la presa del Éufrates ha disminuido de 14 mil millones de metros cúbicos a sólo 10 mil millones, lo que ha provocado que el lago Éufrates pierda el 75 por ciento de su reserva efectiva. Esta importante reducción de los niveles de agua ha provocado graves crisis humanitarias.

Focalización en la infraestructura

Durante las operaciones militares, se sabe que las fuerzas turcas destruyen infraestructura como plantas de agua y energía, escuelas, hospitales, lugares de culto, carreteras y puentes, con el objetivo de aumentar la presión sobre la población kurda.

Turquía suele justificar esto afirmando que sus ataques tienen como blanco las bases y los miembros del PKK. Esta táctica afecta significativamente a los civiles, ya que causa víctimas, aísla a las comunidades y perturba la vida cotidiana.

En la región de Shingal, por ejemplo, en agosto de 2021, los ataques aéreos turcos tuvieron como objetivo el hospital Sikeniye, lo que provocó la muerte de ocho civiles, heridas a más de 20 personas y la destrucción total del edificio. Asimismo, la campaña de ataques aéreos de Turquía contra Rojava ha estado en curso desde la invasión de 2019, lo que ha provocado la muerte de cientos de civiles hasta la fecha. Estos ataques aéreos periódicos y destructivos tienen como objetivo la infraestructura civil de la región. En octubre de 2023, una campaña tuvo como objetivo sistemático las instalaciones de electricidad, gas y petróleo de Rojava, lo que provocó grandes daños infraestructurales y económicos, y empeoró aún más la ya frágil situación humanitaria.

Posteriormente, en diciembre de 2023, una nueva campaña atacó fábricas que producían materiales de construcción, productos agrícolas y alimentos, además de silos de cereales, un molino, instalaciones industriales y médicas. Turquía está volviendo a atacar la infraestructura energética bombardeada anteriormente, al tiempo que apunta contra fábricas y almacenes que no habían sido atacados anteriormente. Estos ataques aéreos se iniciaron en respuesta a las operaciones del PKK contra bases militares turcas en las montañas de Bashur, que resultaron en la muerte de nueve soldados turcos.

A principios de enero de 2024, Turquía había atacado más de 50 lugares en Rojava en cuatro días, realizando ataques aéreos contra infraestructuras clave de electricidad y petróleo, sitios industriales, puestos de control de las Asayish (Fuerzas de Seguridad Interna), fábricas y hogares civiles. Estos ataques dejaron a más de dos millones de personas sin electricidad ni agua después de que siete centrales eléctricas clave quedaran fuera de servicio. Seis civiles, incluidos dos niños, resultaron heridos. La destrucción repetida y selectiva por parte de Turquía de la infraestructura petrolera y eléctrica exacerba las crisis humanitarias en una región ya plagada de apagones, escasez de combustible y cortes de agua.

Las políticas de tierra quemada de Irán

Bombardeos y ataques transfronterizos

Irán realiza frecuentemente ataques de artillería a través de su frontera hacia el sur del Kurdistán, dirigidos contra bases de grupos de oposición kurdos como el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDP-I), el Partido del Kurdistán Libre (PAK), Komala y el Partido de la Vida Libre de Kurdistán (PJAK).

Estos bombardeos han provocado la destrucción de aldeas y tierras agrícolas, provocando importantes desplazamientos y daños económicos. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2022, el ejército iraní lanzó aproximadamente 70 misiles contra tres campamentos de refugiados en Koya, en el Kurdistán meridional. Estos campamentos se establecieron en 1995 para los kurdos de Rojhilat (Kurdistán iraní) que huían de la opresión. Antes del ataque, alrededor de 600 familias residían en los campamentos, que desde entonces han sido evacuados, desplazando a todos los residentes. Las autoridades iraníes afirmaron que los bombardeos tenían como objetivo a los grupos de la oposición kurda, acusándolos de incitar las protestas en curso en Kurdistán e Irán tras la muerte de Jina Amini. Los bombardeos impidieron que casi 300 estudiantes y 30 regresaran a la escuela.

Negación de recursos

Al igual que Turquía, Irán lleva décadas incendiando bosques y pastizales en Kurdistán para destruir la cobertura y los recursos de las fuerzas y partidos kurdos. Cientos de hectáreas de tierra arden cada año en estos incendios. Las organizaciones gubernamentales suelen negarse a ayudar a contener los incendios y son sólo las organizaciones locales o los habitantes de los pueblos quienes extinguen los incendios con el equipo más primitivo. Muchos de ellos resultan heridos o incluso pierden la vida mientras contienen los incendios. Esto tiene un impacto devastador en las comunidades locales que dependen de estos recursos para su sustento.

En 2024 se produjeron 697 incendios en las zonas naturales de Irán, que afectaron a un total de 12.904 hectáreas de bosques y pastizales. Cabe destacar que en la región de Zagros se produjeron 583 de estos incendios, que afectaron a 12.600 hectáreas.

El ritmo de destrucción de bosques y pastizales en Irán, analizado por provincias, indica que las provincias predominantemente kurdas de Kurdistán y Azerbaiyán Occidental (Urmia) han experimentado la mayor cantidad de incendios en los últimos años. Por ejemplo, más del 14% de los incendios de bosques y pastizales en la primera mitad de 2023 se produjeron en la provincia de Kurdistán, a pesar de que esta comprende solo el 1,3% de los bosques y pastizales de Irán. Las asociaciones ambientales independientes informan de muchos más incendios que las estadísticas oficiales. Cabe destacar que dos altos funcionarios provinciales iraníes han citado la intervención humana como la causa principal de algunos incendios forestales en Marivan, en la provincia de Kurdistán.

Más del 95% de los incendios en la región son causados ​​por actividades humanas deliberadas, como la deforestación con fines agrícolas, residenciales y comerciales, la tala ilegal para la producción de carbón y el contrabando de madera. Las acciones militares iraníes, incluidas las maniobras y las explosiones de minas, también contribuyen significativamente a estos incendios.

El “Plan de Respiración de Alborz” , propuesto en 2012 y posteriormente aprobado por la Asamblea Consultiva Islámica, impulsó inadvertidamente las operaciones de contrabando de madera y producción de carbón afiliadas al Estado iraní hacia Kurdistán. Esto ha llevado a una amplia explotación ilegal de los bosques de la montaña Zagros, con árboles talados transportados a grandes fábricas en el norte de Irán y Tabriz. Los infractores en pequeña escala, que operan independientemente de los propietarios de las fábricas, venden madera a intermediarios y talan libremente árboles antiguos, eludiendo los puestos de control militares sin interferencias.

Por ejemplo, en agosto de 2023, se quemaron más de 1065 hectáreas de bosques de robles alrededor de Marivan, parte de un total de 2035 hectáreas destruidas ese mes. En la primera mitad de 2022, más de 5000 hectáreas de bosques de Marivan se perdieron por incendios. Si bien las estimaciones actuales de la superficie forestal de Marivan son de unas 100.000 hectáreas, las estadísticas gubernamentales -obsoletas- oscilan entre 170.000 y 185.000 hectáreas. En los últimos 15 años, más de 70.000 hectáreas de bosques de Marivan se han perdido por incendios.

Minas terrestres y seguridad fronteriza

Irán y Turquía también han utilizado estratégicamente minas terrestres para reprimir a las poblaciones kurdas, en particular en las regiones fronterizas donde han ocurrido conflictos. Estas minas, que quedaron de guerras pasadas y que ambos gobiernos han colocado recientemente, apuntan principalmente a zonas con poblaciones kurdas importantes. Irán, por ejemplo, ha utilizado minas terrestres con el pretexto de la seguridad fronteriza, a menudo para limitar las actividades de los partidos políticos kurdos, mientras que Turquía sigue colocando minas a pesar de sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de Ottawa. La extensa contaminación, con millones de minas terrestres en esas regiones, da como resultado constantes víctimas civiles, graves traumas psicológicos y una degradación ambiental generalizada.

La presencia de minas terrestres obstaculiza el desarrollo socioeconómico y obliga a desplazarse, perturbando a las comunidades kurdas y socavando su seguridad y sus medios de vida. A pesar de los importantes desafíos humanitarios y financieros asociados con el desminado, Irán y Turquía muestran poco interés en eliminar estas minas, ya que sirven como herramientas para mantener el control sobre las zonas kurdas. Estos campos minados no sólo impiden las actividades militantes, sino que también hacen que grandes extensiones de tierra sean inutilizables para las poblaciones locales, lo que contribuye a las dificultades económicas y al desplazamiento. La falta de apoyo adecuado y de esfuerzos de desminado por parte de estos gobiernos exacerba el sufrimiento de las poblaciones kurdas, reforzando el impacto opresivo de estos restos explosivos de guerra.

Un resumen de la devastación

La aplicación de políticas de tierra arrasada por parte de Turquía e Irán en Kurdistán ha provocado una devastación generalizada y sufrimiento para la población kurda. Estas tácticas, destinadas a debilitar la resistencia y el control kurdos, han provocado la destrucción de aldeas, el desplazamiento forzado de comunidades y daños ambientales importantes. La quema deliberada de bosques, tierras agrícolas e infraestructura no sólo perturba la vida de los civiles, sino que también contribuye a la pobreza y el desplazamiento a largo plazo. Estas acciones violan el derecho internacional humanitario y han dejado un impacto duradero en el medio ambiente de la región y en su gente.

La naturaleza sistemática y extensa de estas políticas pone de relieve las severas medidas adoptadas tanto por Turquía como por Irán para reprimir a la población kurda. Los abusos de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y las dificultades económicas que provocan estas tácticas ponen de relieve la lucha continua por el control de las regiones en disputa. Las consecuencias de estas acciones son profundas y contribuyen a un ciclo de violencia, desplazamiento y pobreza que sigue afectando a millones de personas en Kurdistán. La comunidad internacional debe abordar estas violaciones y trabajar para lograr una solución que respete los derechos y los medios de vida del pueblo kurdo.

FUENTE: Gordyaen Benyamin Jermayi / The Kurdish Center for Studies / Traducción y edición: Kurdistán América Latina