Foto: Wirikuta

Ciudad de México | Desinformémonos. La ejecución de dos sentencias para restituir predios a la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco, y su anexo Tuxpan de Bolaños, fueron suspendidas provisionalmente por el tribunal agrario 56, con sede en Tepic, Nayarit, ante el rechazo violento de los habitantes del municipio de Huajimic a entregar las tierras, el cual pone en riesgo la integridad de funcionarios del tribunal y de los abogados de la comunidad indígena, señaló la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con el magistrado Aldo Saúl Muñoz López, del tribunal agrario 56, se ha registrado “agresión física y verbal al actuario y al perito topógrafo de este tribunal”, así como “al personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que observaba dichas diligencias (las ejecuciones suspendidas por la oposición de pobladores de Huajimic)”.

“No se diga la brutal agresión de que fueron objeto el abogado de la comunidad (Carlos González) y su perito topógrafo (Cristian Chávez)”, señaló Muñoz en referencia a las amenazas que sufrieron González y Chávez, miembros de la caravana del tribunal que iban a ejecutar dos sentencias a mediados de abril.

Muñoz explicó que la ayuda solicitada al gobierno para cumplir las sentencias les fue negada, por lo que se suspendió la ejecución de las sentencias programadas para este miércoles.

El 12 de abril unos 200 habitantes y ganaderos de Huajimic, Nayarit, obstaculirazon por tercera ocasión el paso de la caravana del tribunal agrario unitario 56 que se dirigía a ejecutar dos sentencias a favor de los wixárikas para restituir sus tierras.

A pesar de que la caravana iba acompañada de cuatro camionetas y 21 elementos de seguridad pública de Nayarit, no fueron evitadas ni detenidas las ofensas y humillaciones contra el pueblo wixárika y los defensores que asistieron a la ejecución de la sentencia.

Los wixárikas ya cuentan con varias sentencias para la restitución de las tierras que les fueron arrebatadas desde 1952, cuando una resolución otorgó varias de las hectáreas de la comunidad a ganaderos de Nayarit.